POR JOSÉ WOLDENBERG
La escuela es el espacio en el cual los niños deben adquirir los conocimientos, destrezas y valores que les permitan una mejor incorporación a la vida social y además debe ser el basamento que modele y module la convivencia. Si ese espacio falla, los niños verán multiplicarse los obstáculos para su vida futura y se alimentará aún más la escisión entre los diferentes países que hoy conforman a México. No hay sustituto para la escuela (los grandes medios que tienen un impacto formidable en la “conciencia” pública no parecen estar ni mínimamente preocupados por sus contenidos y no es difícil observar que en muchos casos incluso militan en contra de los valores ilustrados). Por ello mismo resulta inescapable pensar y actuar para que la escuela cumpla cabalmente con el papel para el que fue diseñada. Y cada vez son más las voces que insisten -y con razón- que el deber ser de la educación no se está cumpliendo.
Apenas el domingo pasado la naciente Coalición Ciudadana por la Educación hizo un llamado de atención y puso sobre la mesa una serie de exigencias que no deben ser desatendidas. Si mal no entiendo, su diagnóstico es que la fusión-confusión entre autoridades y sindicato no permite -sino todo lo contrario, impide- que cada cual cumpla con su función. Y por ello buscan “el cambio de las reglas escritas y no escritas del sistema educativo”, ya que la “simbiosis atípica entre sindicato y autoridades” hace que mientras la dirección sindical se entrometa en la política educativa, las autoridades fallen como garantes del derecho a la educación.
La fuerza del sindicato ha venido expandiendo su radio de acción con el acuerdo de las autoridades hasta generar una especie de cogobierno que incide de manera negativa en el rumbo de la educación. El documento señala que ese poder “se ha incrementado… y se ha agravado con la alternancia política, que eliminó el único contrapeso aceptado hasta entonces en la figura del Presidente”. Y en efecto, si en el pasado desde la cúspide del poder político se intentaba (y lograba) mantener bajo dominio no sólo al SNTE sino a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales e incluso a otros poderes constitucionales, hoy los grados de autonomía de esa constelación se han ampliado. Y qué bueno que así sea. No creo que debamos idealizar o añorar aquella situación. El problema aparece cuando los actores sociales empiezan a cumplir con roles que no les corresponden, llegando incluso a invertir los papeles. Así, cuando los cargos directivos o de supervisión están en manos de quienes debían ser los supervisados, algo se trastoca. Que el sindicato se convierta en autoridad y que ésta última decline de sus responsabilidades genera un “arreglo” no apto para una auténtica evaluación del trabajo en las aulas.
Ahí -creo- reside parte del drama educativo en nuestro país. Y como bien dice la Coalición Ciudadana por la Educación es menester “colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras”. En los salones de clase transcurre la misión sustantiva de la escuela y la columna vertebral de cualquier sistema educativo son y seguirán siendo los maestros. De ellos depende la calidad de la información, la pertinencia de la enseñanza, el sentido del marco valorativo, los atributos de las destrezas que reciben los niños. No hay rodeos ni rutas cortas. No hay educación sin maestros.
Estamos hablando de un derecho -el de la educación de calidad- que deberíamos pensar como una “prioridad nacional”. Y en esa dirección, como bien señala el documento multicitado, son necesarias la profesionalización del magisterio, creando un auténtico servicio de carrera “basado en el desempeño y la capacidad”, la transparencia en el uso de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades como del sindicato y la cancelación de las muchas prácticas que generan corrupción.
Sólo tengo una duda con relación a los planteamientos de la coalición. Demandan un nuevo marco laboral (necesario), pero señalan que el mismo debe ser dictado de manera unilateral por los ejecutivos federal y estatales. Si mal no entiendo, las Condiciones Generales de Trabajo, legalmente son aprobadas por la autoridad, previa consulta con la representación de los trabajadores (el sindicato). Y por esa vía los sindicatos encuadrados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución han venido de manera sistemática estableciendo una cierta bilateralidad en la definición de las condiciones de trabajo. Y creo que eso no está mal. Es más, así debe ser. Un pacto entre dos partes es el que permite una regulación acordada de los salarios, prestaciones, comisiones mixtas laborales, etcétera. El asunto entonces no es volver a construir una autoridad que “por sus pistolas” dicte esas normas, sino entender que lo que no es negociable es el núcleo académico de la educación y por ello tampoco las tareas de dirección y supervisión de la misma.
Publicado en Reforma el 25-Nov-2010
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