POR MATHEW CULLINAN HOFFMAN, NOTIFAM
El gobierno del estado mexicano de Jalisco se encuentra bajo “investigación” por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a su alegado patrocinio de un congreso que incluyó al señor Richard Cohen, un ex homosexual y terapista que le ofrece tratamiento médico a los homosexuales que rechazan la atracción hacia personas del mismo sexo, según informa El Universal.
La investigación fue lanzada, luego que el legislador estatal y miembro socialista del Partido de la Revolución Democrática/PRD, el señor Raúl Vargas López, radicara una denuncia penal. También ha habido varias denuncias públicas de otros opositores políticos del gobernador estatal, el señor Emilio González Márquez, quien fue acusado de “homofobia” y de haber desviado fondos estatales para dicho congreso.
La acusación está basada únicamente en que aparece el logo del gobierno estatal en el cartel en que se promueve el congreso, la cual lleva por título “Camino a la Castidad.” El gobierno de Jalisco sostiene que ello no fue autorizado y fue realizado unilateralmente por los organizadores del congreso.
“La Secretaría General del Gobierno no ha ejercido recurso alguno para la realización o promoción de dicho ciclo de conferencias,” señala el gobierno en un comunicado oficial. “Indagando al respecto con los organizadores de dicho evento, los mismos manifestaron que incluyeron el logotipo de la secretaría en el póster de promoción de su ciclo de conferencias sin autorización ni conocimiento de la propia secretaría.”
Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que habrá de realizar una investigación completa de las denuncias radicadas en contra del gobierno, y se quejó de que la conferencia “busca darle un matiz de enfermedad a lo que se ha dicho que no es enfermedad.”
“A nosotros no nos compete valorar actuaciones de organizaciones de la sociedad civil, “dijo el presidente de la comisión, el señor Jesús Álvarez Cibrián, pero añadió que “queremos llegar al fondo y hacer una investigación de hasta dónde pudo haberse involucrado y con qué directrices, en caso de que se hubieran involucrado algunas instancias estatales.”
En una aparente reacción a la decisión del señor Álvarez Cibrián de investigar los cargos, hubieron cinco ciudadanos consejeros de la comisión que renunciaron ayer a sus puestos, alegando que “el autoritarismo disfrazado de legalidad prevalece en la actual gestión” de la comisión, y la acusa de prácticas discriminatorias, deficiencia en la rendición de cuentas, y falta de transparencia.
Las comisiones estatales de derechos humanos están siendo cada vez más usadas por las fuerzas homosexualistas en México para promover su agenda política, al permitírseles que radiquen denuncias oficiales de “discriminación”, en contra de aquellos que entienden que la orientación y el comportamiento homosexual es patológica e inmoral.
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