En la última década, a pesar de sanciones y embargos comerciales contra Irán y otros países de la denominada “lista negra” del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos ha permitido que algunas empresas estadounidenses se enriquezcan en contratos de venta con dichos países.
Como ejemplo, se venden en Teherán productos alimenticios de la empresa Dole, la cual ha logrado una exención de sanciones.
A instancias de una serie de empresas – desde Kraft Food y Pepsi hasta algunos de los mayores bancos del país – una oficina poco conocida del Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha concedido cerca de 10.000 licencias para negocios con países supuestamente vedados por sanciones económicas.
La mayoría de las licencias fueron aprobadas en virtud de una ley, que data de hace diez años y proclama que la ayuda humanitaria agrícola y médica debe quedar exenta de las sanciones. Esta ley, cuya promoción se debe a un lobby de agricultores e industriales, está formulada de manera tan amplia que la supuesta ayuda humanitaria incluye cigarrillos, chicles Wrigley’s, salsas, remedios para bajar de peso, suplementos proteínicos y material deportivo de rehabilitación, el cual se vende a la institución que entrena a los atletas olímpicos de Irán.
Cientos de otras licencias fueron aprobadas debido a que pasaron una prueba de fuego: se consideró que servían a objetivos de la política exterior estadounidense. Lo cual es cierto para muchos de ellos, que, por ejemplo, proporcionaron alivio a la hambruna en Corea del Norte o mejoraron las conexiones a Internet – y fomentaron la democracia – en Irán. Pero el New York Times también encontró casos en los cuales los beneficios para la política exterior son bastante ambiguos.
En uno de ellos, se permitió a una empresa estadounidense ser candidata a un trabajo de canalización que habría ayudado a Irán a vender gas natural a Europa, a pesar de que los EE.UU. se oponen a dicho proyecto. Otras empresas estadounidenses hacen tratos comerciales con empresas extranjeras que participan en terrorismo o proliferación de armas. Otro caso trata de equipo vendido por una planta de eliminación de desechos médicos en Hawai: el gobierno negó la licencia, hasta que intervino la influencia de un político.
En una entrevista, Stuart A. Levey, encargado de sanciones en el gobierno de Obama, dijo que, cuando se centra en las excepciones, y utilizando un dicho popular, ” por ver a los árboles, se pierde la perspectiva del bosque.” De hecho, las excepciones sólo representan un contrapeso pequeño a la fuerza global que representa la aplicación de sanciones comerciales de Estados Unidos, una las más severas del mundo.
Esta año, estas sanciones se centran particularmente en Irán, donde, además de un embargo general que prohibe la mayor parte del comercio con este país, los Estados Unidos y sus aliados intentan aislar a los persas de gran parte del sistema financiero internacional.
“Nadie puede dudar de nuestra seriedad en cuanto a sanciones”, dijo Levey.
Pero a medida que el gobierno trata de presionar a Irán para que abandone su programa nuclear, algunos diplomáticos y expertos en asuntos exteriores se preocupan que, al permitir la venta de los artículos mencionados anteriormente, incluso sin aplicaciones militares, los Estados Unidos enturbian su autoridad moral y diplomática.
“No es malo conceder excepciones si esto representa una decisión política consciente para dar un incentivo a algunos países”, dijo Stuart Eizenstat, quien supervisó la política de sanciones del gobierno de Clinton. “Pero cuando se crean lagunas como éstas, le están dando a los países algo a cambio de nada y eso se vuelve una burla. Creo que hubo abusos “.
Es más, en países como Irán, donde los elementos del gobierno han asumido el control de grandes porciones de la economía, es cada vez más difícil separar las excepciones que ayudan a las personas, de las que enriquecen el Estado. De hecho, los registros muestran que los Estados Unidos ha aprobado la venta de productos alimenticios de lujo a tiendas que son propiedad de los bancos incluidos en listas negras, a pesar de los requisitos que dictan que los compradores potenciales serán objeto de control por este tipo de conexiones.
La oficina del Tesoro resistió la divulgación de información sobre dichas licencias, pero tuvo que capitular después de que The Times presentara una demanda federal, alegando la ley de Libertad de la Información: fue cuando el gobierno accedió a entregar una lista de las empresas beneficiarias de excepciones y, en poco más de 100 casos, los archivos subyacentes que explican la naturaleza y detalles de las ofertas.
El proceso duró tres años, y el gobierno alegó que contenían secretos comerciales e información personal. Sin embargo, los archivos muestran, a veces, una falta de sintonía entre las licencias expedidas y los objetivos de los Estados Unidos en el extranjero.
En algunos casos, las normas de concesión de licencias no pudieron seguir el ritmo de las cambiantes circunstancias diplomáticas. Por ejemplo, aprovechando las promesas de Corea del Norte de renunciar a su programa nuclear, empresas estadounidenses exportaron a dicho país materia prima para el acero, y lo siguieron haciendo, aún cuando estas promesas fueron violadas.
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