Impulsan en EU ‘apagón estratégico’

RAFAEL MATHUS RUIZ

El debate sobre un controvertido proyecto de ley que permitiría al Presidente de Estados Unidos “bajar el switch” de internet cuando estuviera amenazada alguna infraestructura clave del país, se reavivó después de que la red jugara un papel central en las protestas que llevaron a la caída de Hosni Mubarak en Egipto.

Al principio, los promotores de la iniciativa, como el Senador independiente Joe Liberman, proponían que el Presidente pudiera apagar por completo la red.

Sin embargo, el rechazo de quienes defienden el derecho a la libertad de expresión llevó a que se redactara una nueva versión del texto, que ahora incluye en su nombre la frase “libertad en internet”, y en el que se especifica que ni el Presidente ni ningún otro funcionario del Gobierno estadounidense tendrá la autoridad para dar esa orden.

La nueva versión del proyecto, cuyo debate está previsto para el actual periodo legislativo, sí le daría al Gobierno la posibilidad de cerrar o limitar el tráfico en internet vinculado a infraestructura crítica –como la red eléctrica, el suministro de agua, o las redes que se utilizan para realizar transacciones financieras, entre otras– ante una emergencia cibernética declarada por la Casa Blanca.

“Ahora, China puede desconectar partes de su Internet en caso de una guerra y nosotros necesitamos tener eso aquí”, sostuvo Lieberman, cara visible de la iniciativa, la cual se conoció días después de que Hillary Clinton, en un encendido discurso, reafirmara el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la libertad en internet, a la que llamó “el espacio público del siglo 21”.

No obstante, a pesar de las correcciones introducidas, algunos activistas y defensores de la libertad de expresión mantienen sus dudas y críticas hacia la propuesta, a la que han bautizado como “kill switch”, un término que sus defensores consideran cuando menos exagerado.

“Tenemos que garantizar que Estados Unidos practique lo que pregona”, señaló Gregory Nojeim, del Centro para la Democracia y la Tecnología.

“El gran riesgo para las libertades civiles es si el Gobierno asume el rol de monitorear redes privadas para garantizar su seguridad”.

“Como la infraestructura crítica abarcada por la ley incluye sistemas vertebrales de internet”, prosiguió Nojeim, “la ley sigue permitiendo que el Departamento de Seguridad Interior cierre o limite el tráfico a través de esos sistemas”.

“Nadie sabe cuáles podrían ser los efectos colaterales. Podrían ser dramáticos”, evaluó.

A modo de ejemplo, Nojeim dijo que podría frenar miles de millones de dólares en transacciones financieras, cortar la producción de fábricas o la posibilidad de realizar llamadas de emergencia.

Otros expertos sostienen que ampliar los poderes del Gobierno sobre internet es innecesario, y que lo importante es mejorar los sistemas de seguridad que ya existen.

“Cosas simples como mantener los sistemas actualizados y mantener los sistemas críticos aislados proporcionaría más seguridad en el día a día”, indicó en un análisis sobre la ley Chris Palmer, de Electronic Frontier Foundation, una organización dedicada a la defensa de la libertad en Internet.

Molly Sauter, del Centro Berkman para Internet y Sociedad, de la Universidad de Harvard, consideró que los temores sobre la ley son completamente exagerados, aunque agregó que la iniciativa necesita ser pulida.

Uno de los puntos controvertidos que no recibe atención, dijo Sauter, es que si una red de una empresa es catalogada de “crítica”, esa compañía debería alinear sus estándares de seguridad con los del Gobierno.

“La autoridad para imponer estándares de seguridad es más preocupante”, indicó.

Una de las razones es que, a su juicio, tanto el Gobierno como las empresas privadas deben mejorar su propia seguridad en la red.

“Todos tienen trabajo por hacer”, aseveró.

Cómo sería el cierre de la red

La llamada “Ley de Ciberseguridad y Libertad en Internet” incluye una serie de atribuciones y procedimientos que, al no estar muchas de ellas muy detalladas, han desatado los temores a que Estados Unidos pueda ordenar un apagón de la red de redes.

Los poderes previstos en la ley se desplegarían desde la Casa Blanca, en caso de que el Presidente declare una “emergencia cibernética nacional”.

El paso siguiente previsto en la ley es la notificación inmediata de esa emergencia a las empresas operadoras y dueñas de la llamada infraestructura crítica.

Esa notificación iría acompañada de la instrucción de que se implementen los planes de respuesta pautados en la norma. Es aquí donde aparece una de las raíces de los temores: la ley no especifica acciones concretas.

La iniciativa sí aclara que cualquier medida o acción dirigida a proteger infraestructura crítica debe garantizar el menor daño posible a las operaciones de la infraestructura crítica y a la infraestructura nacional de información.

El proyecto dice que para despejar las dudas sobre cuáles serán las infraestructuras consideradas críticas, se establecerá una lista de sistemas que integrarán el grupo, como la red eléctrica, la red de agua y los servicios financieros.

REFORMA