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sábado 23 de noviembre de 2024

Investigado por el caso AMIA, ahora es contratado por el Ejército

PERFIL

Alberto Kanoore Edul es un empresario textil que fue investigado por el atentado a la AMIA. Sus conexiones con el caso fueron variadas: llamó por teléfono a Carlos Telleldín el mismo día en que se entregó la Traffic con la que voló la mutual judía y se contradijo cuando intentó explicar los motivos de esa llamada.

Además, el camión que dejó un volquete frente al edificio pasó por un predio cercano a su domicilio, y además su familia le pidió a Munir Menem, entonces secretario privado del ex presidente, que frenara la investigación. Todos esos elementos fueron documentados por Alberto Nisman, el fiscal especial del caso que siempre contó con respaldo de la Casa Rosada.

Pese a todos estos antecedentes que podrían haber complicado su situación judicial, Edul no sólo no fue procesado, sino que acaba de cerrar un buen negocio con el Ejército argentino, que está bajo la esfera del Gobierno nacional. Según pudo confirmar PERFIL, esa fuerza lo contrató esta semana para comprarle productos textiles por un monto total que supera los 180 mil pesos.

La contratación fue realizada por el Colegio Militar de la Nación, organismo que se encuentra en la órbita del Ejército. Se realizó a través de una “licitación privada”, que llevó el número 0002 de este año y que declaró como objetivo la “adquisición de sábanas y toallas” para sus empleados.

Según el expediente de esa compulsa, dos empresas fueron contratadas para ese negocio. Una fue la firma “Barkley SRL”, que se quedó con una parte del negocio, por un monto total de 88 mil pesos. Y la parte más importante de la licitación, equivalente a 186.840 pesos, fue adjudicada a “Kanoore Edul Alberto Jacinto”, precisamente el hombre relacionado con el atentado a la AMIA.

Consultado por PERFIL para saber si Edul ya había sido proveedor de la fuerza, el Ejército Argentino declinó responder.

Lo que sí está comprobado es que el empresario, a través de una empresa familiar, también fue contratado por el Ministerio de Seguridad porteño para la adquisición de uniformes de la Policía Metropolina, entonces dirigida por Jorge “Fino” Palacios, procesado por encubrimiento en la investigación de la AMIA.

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