Mi reino por una broma

EMANUEL NAVON

Un espectro se cierne sobre Israel. A medida que la Autoridad Palestina está amenazando con declarar la condición de Estado en septiembre tras su reconocimiento por las Naciones Unidas, muchos israelíes parecen creer que el Apocalipsis está cercano. Lo que se aproxima, sin embargo, no es un Big Bang, sino un gran fracaso.

La creación de un Estado palestino ya se ha proclamado, y la admisión de este “estado” por la ONU ya fue recomendada por la Asamblea General. El 15 de noviembre de 1988, Yasser Arafat proclamó en Argel el establecimiento del “Estado de Palestina con Jerusalén como su capital y Arafat como su presidente”. Un mes más tarde, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que reconocía “la proclamación del Estado de Palestina”, y que sustituía a la OLP por “Palestina” en la ONU. Ciento cuatro estados votaron a favor de la resolución, cuarenta y cuatro se abstuvieron, y dos (los EEUU e Israel) votaron en contra. Desde entonces, la Asamblea General ha aprobado muchas resoluciones apoyar un Estado palestino.

Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes (en oposición a las resoluciones del Consejo de Seguridad). Son meras recomendaciones. La Asamblea General no debe y no puede establecer estados. Contrariamente a una idea generalizada, la ONU no estableció el Estado de Israel. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General sólo aprobó la recomendación de la UNSCOP (Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina) de dividir el Mandato Británico entre un Estado judío y un Estado árabe. Esta aprobación fue un dictamen no vinculante. Lo que estableció el Estado de Israel fueron siete décadas de trabajo y una guerra de la Independencia en la que los judíos lucharon por sí mismos y por su supervivencia sin la ayuda de la ONU (aunque con el apoyo militar de un satélite soviético, Checoslovaquia).

Tampoco puede admitir la Asamblea General nuevos miembros en la ONU sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Si uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad pone su veto, el “Estado de Palestina” no será aceptado en las Naciones Unidas (Kosovo no es un miembro de la ONU a causa de veto de Rusia). De ahí los esfuerzos diplomáticos desplegados por Israel y la Autoridad Palestina para presionar a dos miembros del Consejo de Seguridad que poseen la capacidad de veto (Gran Bretaña y Francia).

Evidentemente, la diferencia existente entre 1988 y 2011 es que la OLP y Hamas controlan parcialmente la Ribera Occidental y Gaza. En aquel entonces, la OLP operaba desde Túnez y Hamas estaba en sus inicios. El control del territorio, incluso parcial, hace que la “declaración de independencia” de los palestinos más poderosa. La Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados establece la formulación más ampliamente aceptada de los criterios de estatalidad dentro del derecho internacional: (1) Una población permanente, (2) un territorio definido, (3) un gobierno y (4) la capacidad de entablar relaciones con otros estados.

La Autoridad Palestina se ajusta a la ley, pero con dos salvedades que nutren las próximas batallas diplomáticas entre Israel y los palestinos.

Hasta la semana pasada, los palestinos tenían dos gobiernos: un gobierno de Fatah en la Ribera Occidental y un gobierno de Hamas en Gaza. Si bien el reciente acuerdo entre Hamas y Fatah oficialmente pone fin a esta dualidad, el nuevo gobierno palestino se compone de una organización terrorista reconocida como tal por los EEUU, la UE, Canadá, Australia, Japón e Israel. Los palestinos tratan de obtener el “lavado de moral” de Hamas (y para eso pueden contar con el apoyo de países como Rusia, Turquía, Noruega y Suiza), mientras que Israel tratará de convencer a la UE de no eliminar a Hamas de la lista negra.

La segunda advertencia tiene que ver con el territorio. El “territorio palestino” no está definido. Está en disputa. Hamas reclama abiertamente la totalidad de la antigua Palestina (el territorio del Mandato Británico), mientras que Fatah “oficialmente” reclama la totalidad de Cisjordania, de Gaza y de Jerusalén oriental (una revisión de los libros y programas de televisión de la AP, de sus discursos públicos en árabe indica lo contrario).

La demanda de Mahmud Abbas de que toda la Ribera Occidental “pertenece” a los palestinos carece de fundamento histórico y jurídico. La “línea verde” de 1949 era una línea de armisticio temporal entre Israel y sus agresores árabes. La Resolución 242 no exige una retirada israelí a esas líneas. La Ribera Occidental fue gobernada (y anexionada) por Jordania entre 1949 y 1967, y nunca hubo allí (ni en cualquier otro lugar) un Estado palestino en el pasado. Los palestinos están tratando de destruir estos hechos con el argumento de que sus reivindicaciones territoriales están respaldadas por el derecho internacional. Pero no lo están. Sin embargo, la mayoría de los países apoyan las reclamaciones de los palestinos sobre ese territorio. En cuanto a la administración Obama, ésta no ha aprobado ni rechazado la carta del Presidente Bush a Ariel Sharon (del 14 de abril de 2004), la cual señalaba entre otras cosas que “no era realista esperar que el resultado de las negociaciones sobre el estatuto final será una total y completa vuelta a las líneas de armisticio de 1949”.

El verdadero propósito de la votación de septiembre no es declarar y reconocer un estado que ya ha sido declarado y reconocido en el pasado. Su verdadero propósito es obtener tres cosas de la comunidad internacional:

1.- Que se abandone la exigencia de que los palestinos renuncien a su afirmación sobre el “derecho de retorno” como condición para la estatalidad.
2.- Conceder legitimidad a Hamas.
3.- Deslegitimar cualquier presencia judía más allá de la “línea verde” (en particular en Ciudad Vieja de Jerusalén).

Si bien la votación de septiembre en la Asamblea General de la ONU será jurídicamente sin sentido, de manera implícita reconocerá el “derecho de retorno” y la ideología de terror y los crímenes de Hamas. Mientras los israelíes están a punto de celebrar sus 63 años de independencia, nuestra lucha por ella está lejos de haber terminado.