LEÓN OPALIN
México vive un entorno complejo en materia económica, de respeto a los derechos humanos e impartición de justicia y en la seguridad nacional, esta última amenazada seriamente por la extrema violencia que ha desatado la delincuencia organizada. Asimismo, con miras a las elecciones federales del 2012 los partidos políticos desarrollan destructivas campañas contra sus adversarios con un evidente despilfarro de recursos públicos, además de que existen evidencias de infiltración en los mismos por parte de bandas criminales, las cuales les imponen líneas de acción en su desempeño; el diálogo y las propuestas entre los institutos políticos casi son inexistentes.
Los medios de comunicación masiva, nacionales y extranjeros, crean confusión e incertidumbre en la ciudadanía con notas sensacionalistas; en este sentido, desde el año pasado la prensa de EUA difunde noticias negativas sobre México, insistiendo en que el país está a punto del colapso económico y que se suscitará una guerra civil. Informan diario sobre raptos, extorsiones, corrupción, y la imparable violencia del narcotráfico. Las autoridades de EUA reconocen tácitamente que el gobierno de ese país no ha hecho su mejor esfuerzo para apoyar a México para estabilizar la crítica situación social y política que experimenta, hecho que amenaza la propia seguridad de EUA. La Secretaria de Estado, Hilary Clinton, ha expresado que “buena parte del problema del narcotráfico en México está vinculado a la creciente demanda de drogas en EUA y que la incapacidad del gobierno estadounidense para detener el contrabando de armas proveniente de EUA para abastecer a la criminalidad de México es la causa de la muerte de policías, soldados y civiles en la República”.
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El combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno de México está fuera de discusión; el Ejecutivo tiene un mandato constitucional en este sentido; lo que es cuestionable, y en ello hay consenso en México y en el exterior, es que las acciones instrumentadas no han sido lo suficientemente eficaces en virtud de que se han incrementado las adicciones; el trasiego de drogas; el número de ejecuciones y secuestros; y los policías han sido rebasados por los delincuentes y la presencia de soldados y la realización de operativos en busca de delincuentes y/o drogas en diferentes ciudades del país crean la percepción de “la existe un Estado de excepción de facto”.
Los carteles tienen mayor actividad en varias ciudades del Norte de la República y en diferentes centros urbanos de la misma; no obstante, también se han infiltrado en las zonas rurales, en las que de acuerdo al Presidente del Tribunal Superior Agrario, se han convertido en los principales financiadores de los campesinos; dotándolos de materia prima para el cultivo de sus tierras en las que siembran alimentos y drogas; el Presidente del Tribunal estima que en cerca del 30.0% de las tierras de cultivo en México se practica esta fórmula de alimentos y drogas. En este contexto, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, considera que en México se han desarrollado verdaderas empresas clandestinas dedicas al tráfico de drogas y a la extorsión; “su estructura y métodos de operación implican gobiernos de facto que venden protección, cobran impuestos e influyen en las decisiones de la autoridad”. La CIDH señala que la presencia del crimen organizado se dan con mayor intensidad en las instituciones de seguridad y en el sistema de justicia, hecho que califica como un secuestro de instituciones. En este sentido, alrededor de dos mil jueces y magistrados federales estarán “bajo la lupa” dado que el Consejo de la Judicatura Federal recientemente aprobó rigurosas medidas para investigar y dar seguimiento a la información patrimonial y financiera de los servidores de los tribunales y juzgados federales “a fin de prevenir y detectar casos de corrupción”. La falta de voluntad política para sancionar actos de corrupción de funcionarios públicos y de particulares involucrados en los mismos, ha propiciado que el problema estructural de la corrupción en México se agigante.
El impacto de los carteles delictivos en la economía de México es significativo; se calcula que emplean a alrededor de 500,000 personas y su actividad les genera aproximadamente 30,000 millones de dólares al año; a nivel mundial se estima que el mercado de las drogas representa 15.0% del PIB y más de 40.0% de la riqueza global.
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