Memoria de un fiscal

 

PILAR RAHOLA/LA VANGUARDIA.COM

Dicen que internet es el imperio de la libertad, olvidando que la libertad,sin control,es libertinaje.

La memoria 2010 de Miguel Ángel Aguilar García, fiscal encargado de los delitos de odio y discriminación, es un texto de obligada atención. Primero, porque el perseverante y buen hacer de este fiscal es una útil herramienta contra nuestras miserias más profundas, y su memoria es la radiografía del mal. Por supuesto no es toda la radiografía ya que no se denuncian más del 80% de los casos de intolerancia. Pero sin ser la foto fija del problema, sí que resulta su foco más cercano, no en vano intenta poner luz a los rincones más oscuros de nuestra sociedad. Y ¿de qué nos alerta dicha memoria? De entrada de lo que ya sabíamos, que los delitos de odio están creciendo a la par que crecen los discursos populistas, algunos en la frontera de la legalidad, pero todos fuera de la frontera de la civilidad. Como dice el fiscal, no todo el populismo es delito, pero todo el populismo es perverso porque fomenta “los prejuicios atávicos que envenenan el clima de convivencia”. Y si crece la intolerancia en los discursos, se multiplica en el imperio del caos que es internet, cuyo descontrol se convierte en una eficaz garantía de impunidad.

La proliferación de lo que Aguilar ha llamado “las webs del odio” es imparable y el hecho de que la mayoría de servidores estén en países que lo permiten convierte en imposible su persecución. Además internet goza de la idea generalizada de que es el imperio de la libertad, olvidando lo que sabemos desde hace más de dos mil años: que la libertad, sin control, es puro libertinaje. Es decir, es el imperio del más violento. El grito sobre la palabra, la fuerza sobre la ley. Y es en internet donde el odio cabalga veloz propagando maldad homofóbica, antisemita, machista, xenófoba… Es decir, propagando el mal. Por supuesto, la fiscalía actúa con decisión cada vez que tiene la oportunidad, pero no siempre resulta posible. Si añadimos las deficiencias logísticas, como no disponer de un sistema informático para poder hacer un seguimiento exhaustivo de estos delitos, las dificultades se agigantan. La fiscalía también muestra su preocupación por la dificultad que entrañan algunas sentencias en la lucha contra el antisemitismo. En este sentido, la decisión del Tribunal Supremo de revocar una sentencia contra unos negacionistas del holocausto, amparándolo en la libertad de expresión, fue la peor de las noticias. Con esta sentencia, tal como dijo Jiménez Villajero, el tribunal consideró permisible que en España se consideren inferiores a judíos, a negros y a discapacitados. Y Aguilar alertó del daño que hacía a la lucha contra estos delitos. Claro que, conociendo las ideas de algún magistrado de dicho tribunal, todo encaja. Conclusión: esto empeora.

La buena noticia es la existencia de un fiscal específico para los delitos del odio. La mala es que el odio crece, cada día es más impune y cada día es más popular.

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