RODICA RADIAN-GORDON/EXCELSIOR
La cuestión de la ley internacional y los recursos y medidas con que cuenta un Estado democrático que enfrenta situaciones asimétricas se ha convertido en un tema importante en círculos profesionales así como en el debate público y merece la atención de todas las democracias que buscan autoprotegerse. Cuando nos referimos a situaciones asimétricas tenemos en mente manifestaciones de terrorismo, crimen organizado y manipulación negativa de leyes nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Esto último, con el propósito de obtener metas políticas o militar-estratégicas muy diferentes a los objetivos originales que estas leyes buscaron alcanzar al ser promulgadas (lawfare).
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Esta semana se lleva a cabo una conferencia en materia legal, auspiciada por la Embajada de Israel y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) dedicada precisamente a la problemática mencionada y en la que participan expertos israelíes y mexicanos, así como de Colombia, Chile, Honduras y EU.
El lawfare, es decir el abuso de la ley y del sistema judicial en contra de un Estado y/o de sus representantes, ha sido objeto de atención creciente en los últimos años en muchas democracias occidentales. Desafortunadamente, Israel se ha encontrado en la frontera del lawfare ya desde la Segunda Guerra del Líbano, siendo el último caso el de la “flotilla”, asunto que puso en debate la legitimidad de Israel para frenar las naves y defenderse en contra de los ataques dirigidos a sus soldados.
Israel ha impuesto un bloqueo marítimo bajo las leyes internacionales en la costa de la Franja de Gaza para impedir el contrabando y suministro de armas a Hamas y a otras organizaciones terroristas, conforme al derecho internacional. Dado que Israel permite la transferencia de bienes a través de cruces terrestres o de puertos marítimos, es claro que la intención de la “flotilla” del año pasado (que salió en mayo de 2010 hacia la Franja de Gaza, encabezado por el barco Mavi Marmara, sobre el cual estaban activistas islamistas, incrustados entre aquellos embarcados y equipados para atacar a israelíes) y la que intenta salir este año es la de violar el bloqueo marítimo como una provocación. Este acto, que el año pasado resultó en muertos y heridos, se continuó en el intento de utilizar medidas legales para acusar a Israel de las consecuencias de dicho evento. Al mismo tiempo, representa un intento de minar la voluntad y capacidad de Israel de reaccionar, con el objetivo ulterior de deslegitimar la soberanía del mismo.
Este ejemplo de lawfare puede ser un precedente para otras democracias y deja ver la complejidad de situaciones en las cuales se abusa de la ley y de las medidas democráticas como un arma de guerra. Evidentemente no es el único caso, ya que hay ejemplos en otras áreas y otros países que tienen que lidiar con este fenómeno.
En Israel, las comisiones de investigación que se han establecido después de la primera “flotilla” para examinar la legalidad de las acciones del gobierno y del ejército israelíes han convocado a un debate público, muestra clara precisamente de las ventajas que ofrecen los recursos de una vida democrática.
En el debate se han ventilado cuestiones tan esenciales como ¿dónde termina el poder y la soberanía de un Estado y empieza la autoridad de las instituciones internacionales que muchas veces representan los intereses de un bloque mayoritario? Y, consecuentemente ¿puede esta mayoría dictaminar normas internacionales en derechos humanos?
La conferencia que se lleva a cabo esta semana ofrecerá dentro de este marco un análisis sustancial sobre estos temas así como los aspectos relacionados con el terror y el crimen organizado, tales como la superposición de regímenes y la colaboración internacional, entre otros.
Esperamos que este sea el primero de muchos diálogos para abordar en los diversos ámbitos, tanto profesionales como de la sociedad civil, cuestiones tan esenciales que competen a la vida de todos nosotros.
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