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11-07-2011.- La apelación del estadounidense Alan Gross, quien cumple 15 años de cárcel en La Habana acusado de actos contra la integridad del Estado cubano, será vista por el Tribunal Supremo el próximo día 22.
Una nota, publicada el pasado jueves por todos los medios de la isla, anunció que la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de la máxima instancia judicial cubana fijó para el viernes 22 de julio la celebración de la vista del recurso de casación interpuesto por Gross.
El comunicado indicó que el acusado y la abogada defensora Nuris Piñero Sierra fueron informados de la decisión judicial, al igual que las autoridades estadounidenses a través del Departamento de Estado en Washington y la Sección de Intereses de Estados Unidos (Usint) en La Habana.
“Haciendo uso del derecho legal que le asiste, el ciudadano estadounidense presentó recurso ante la máxima autoridad judicial del país, que ahora se apresta a considerar los argumentos expuestos por el acusado”, indicó la nota.
La “casación”, un tipo de apelación, es el último recurso que le queda al estadounidense para revertir o modificar la sentencia en su contra dictada en marzo último.
Una portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, anunció que representantes de la Usint acudirán a la visita.
Gross, de 61 años y detenido el 3 de diciembre de 2009 en la capital cubana, fue acusado de entrar al país con equipos de telecomunicaciones ilegales a nombre de Development Associates International (DAI), por lo que enfrentó una solicitud de la Fiscalía de 20 años de cárcel.
DAI es una entidad que presta servicios a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por siglas en inglés) del Departamento de Estado, para implementar programas de apoyo a la democracia y que la isla suele denunciar como una pantalla para financiar actividades subversivas.
La sentencia señaló que el objetivo de ese proyecto era intentar destruir la Revolución Cubana “mediante el empleo de sistemas de info-comunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores”.
Según el fallo, Gross reconoció en el juicio “haber sido utilizado y manipulado” por la Usaid, “subordinada al Departamento de Estado y que financia a la empresa contratista DAI”.
Al juicio, realizado en dos largas sesiones de casi nueve horas, asistió la esposa de Gross, Judy, así como el abogado de la familia Peter J. Kahn, y varios funcionarios de la Usint.
En el proceso participaron 10 testigos, nueve peritos con 26 informes periciales, y se tuvo en cuenta, además, el informe del instructor y “abundantes pruebas materiales y documentales presentadas por la Fiscalía”.
Fuentes cubanas han asegurado durante meses que el norteamericano introdujo de forma ilegal esos equipos para su distribución entre sectores de la oposición política interna, como parte de un programa financiado por la Usaid que contrató a la DAI.
“Violó leyes cubanas, violó la soberanía nacional y cometió delitos que son punibles y que en Estados Unidos son muy castigados”, aseguró en diciembre pasado el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), Ricardo Alarcón.
En el otro extremo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos han insistido en que Gross se encontraba en la isla, adonde viajó cinco veces en 2009, para ayudar a la pequeña comunidad judía cubana a conectarse a Internet algo que, sin embargo, niegan los líderes hebreos cubanos.
“No necesitamos los sofisticados aparatos que, según se alega, Gross introdujo en Cuba. Nosotros tenemos internet de forma legal”, dijo a la prensa la presidenta de la Comunidad Hebrea de Cuba, Adela Dworin.
Dworin aseguró que “nunca hubiéramos aceptado nada ilegal que dañara la imagen de la comunidad judía ni nuestra relación con éste, nuestro país, que nos acogió hace más de 100 años”.
En un reciente video aparecido en Internet, un experto de la Seguridad del Estado de la isla aseguró que el objetivo de Gross era “crear una plataforma tecnológica fuera del control de las autoridades cubanas”, como parte de una estrategia de Washington para “articular una red virtual de mercenarios”.
El gobierno estadounidense aprobó el pasado año unos 20 millones de dólares para “promover la democracia” en Cuba.
La liberación “sin condiciones” del norteamericano ha sido pedida varios veces por funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El gobierno de Barack Obama insiste desde hace meses en que la detención de Gross es un obstáculo para un acercamiento entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde hace medio siglo.
La Habana, por su parte, afirma que no habrá un acercamiento real entre los dos países hasta que Washington levante el bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene desde hace medio siglo contra la isla.
El gobierno cubano demanda además a Obama a excarcelar a Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, quienes fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami, donde monitoreaban las acciones de grupos terroristas contra la isla.
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron condenados en 2001 por espionaje a largas penas, que incluyen hasta dos cadenas perpetuas y 15 años para Hernández.
Las autoridades cubanas consideran a los cinco cubanos como presos políticos y les dan el trato de “héroes” y “luchadores antiterroristas”, pues aseguran que su función no era espiar al gobierno de Estados Unidos, sino infiltrarse en grupos terroristas en Miami para evitar atentados contra la isla.
Hace unos meses, el gobierno de Obama rechazó un eventual canje entre Gross y Los Cinco.
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