JUAN MIGUEL MUÑOZ/EL PAÍS
4 de septiembre 2011- Las dictaduras tunecina y egipcia toleraban cierto margen de maniobra a partidos opositores, por testimonial que fuera su presencia en la vida parlamentaria. Libia es un erial institucional. Dedicados durante seis meses a derrocar a Muamar el Gadafi y a persuadir a los dirigentes occidentales para que se devuelvan los capitales incautados al tirano, los líderes de la sublevación han iniciado la andadura política. La transición comienza con un calendario encaminado a establecer un sistema democrático en un plazo de 18 o 20 meses, tras la ratificación popular de la nueva Constitución. Una tarea complicada para una sociedad habituada a la fuerza bruta y carente de cultura política. El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT, el Gobierno de los sublevados), Mustafá Abdel Yalil, anunció ayer que la semana entrante viajará a la capital desde Bengasi. “Libia una, y Trípoli nuestra capital”, rezaban los lemas de los insurgentes desde el primer día de la revuelta, en febrero. Es hora de ponerse manos a la obra en la política.
El proceso arrancará con una Declaración de Liberación que exige la captura o muerte del déspota, todavía fugitivo y amenazante. A partir de esa declaración, y del establecimiento en Trípoli de un Gobierno interino, los libios elegirán en el plazo de ocho meses una Conferencia Nacional con la misión de redactar una Constitución, que será sometida a referéndum, y de nombrar un Gobierno interino. El CNT se disolverá entonces y comenzará el desarme de los rebeldes. Una vez aprobada la nueva Ley Fundamental por mayoría de dos tercios, en un término máximo de cuatro meses, la Conferencia Nacional emitirá la legislación electoral y seis meses después se celebrarán elecciones generales que contarán con la presencia de observadores de Naciones Unidas. Punto final a la transición.
Aunque todo está por decidir, el programa esbozado por el CNT establece que Libia es un Estado con el islam como religión oficial y la sharia como fuente principal de la legislación. Un aspecto que no provoca ningún rechazo en una sociedad profundamente conservadora y donde los sentimientos religiosos -durante cuatro décadas de dictadura- han aflorado con enorme vigor. Por lo demás, el plan describe un Estado homologable a las democracias europeas. Se garantizarán la igualdad ante la ley, las libertades de expresión, de manifestación y de formación de partidos y organizaciones; se protegerán los derechos de las minorías, y se prohibirá la discriminación por razones ideológicas, étnicas, religiosas y de género o filiación tribal.
Abdulrazak Mujtar, miembro del Consejo, comentaba a este diario que “la Conferencia Nacional Pública será elegida por el pueblo”. Pero más allá de esta precisión, todo son interrogantes. “No sabemos si el sistema será presidencialista o parlamentario. Eso ha de decidirse cuando se redacte la Constitución”, añadía el dirigente. También se ignora qué partidos concurrirán a los comicios. En Túnez fue ilegalizado el Reagrupamiento Constitucional Democrático, el partido del autócrata Ben Ali, pero había grupos activos y En Nahda, el partido islamista clandestino reprimido con dureza, pero de indudable implantación. En Egipto, el Consejo Supremo Militar manda, pero otras formaciones tienen tradición, y los Hermanos Musulmanes son también muy influyentes. En Libia hay que fundar los partidos.
Con certeza nacerá alguno islamista, y muchos de otras tendencias. Pero hasta la fecha son políticos liberales quienes encabezan la transición y disfrutan del apoyo del mundo. El primer ministro, Mahmud Yibril, diseñó reformas liberales en los últimos años del régimen gadafista hasta que abandonó hastiado; el titular de Finanzas y Petróleo, Ali Tarhuni, ha enseñado Economía durante décadas en EE UU; el responsable de Infraestructuras, Ahmed Yehani, ha servido 30 años en el Banco Mundial…
A la política, sin embargo, preceden urgencias inaplazables que afronta Trípoli. Cientos de hombres y mujeres -en filas separadas- hacían cola a las puertas de los bancos para cobrar salarios devengados desde hace medio año. Ante la penuria de dinero en metálico, y a la espera de que las remesas de billetes lleguen desde Londres, donde fueron impresos, el CNT ha decidido limitar los fondos que cada ciudadano puede retirar: 250 dinares, equivalentes a 147 euros.
El desabastecimiento es notorio. Ni un solo restaurante ha reabierto sus puertas; los camiones cisterna circulan por Trípoli distribuyendo agua; los trabajadores de las instalaciones petroleras se esmeran para iniciar en 10 días la producción de crudo. Al mismo tiempo, muchos comercios vuelven a atender, el tráfico se normaliza y la actividad política ha despegado.
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