JORGE CASTAÑEDA GUTMAN 
/REFORMA
El 21 de septiembre arranca el debate en la Asamblea General (AG) de Naciones Unidas. Aunque nada está resuelto, abundan razones para pensar que la Autoridad Nacional Palestina apoyada por sus aliados forzará una votación para transformar su estatuto de entidad observadora sin derecho de voto a Estado observador sin derecho de voto. Este paso es más bien simbólico y no equivale a ser Estado miembro con pleno derecho, realidad inalcanzable hoy, pues el Consejo de Seguridad es quien admite nuevos miembros, y Estados Unidos ha dicho claramente que utilizaría su veto.
El tema obsesiona a las cancillerías del mundo y apasiona a medios y observadores de la situación en Medio Oriente. No porque revista una importancia sustantiva intrínseca: cuando mucho le permitiría al Estado observadorpalestino acceder a agencias y convenciones de la ONU, tal vez a denunciar funcionarios israelíes ante el Tribunal Penal Internacional. Pero sí se trata de un fenómeno político: los palestinos creen que pueden lograr 150 votos o más (la ONU tiene 193 miembros), con unas 30 abstenciones y no más de 10 a 15 votos en contra. Eso sería un fuerte espaldarazo a la Autoridad Palestina. Al mismo tiempo, consagraría la idea de que el nuevo Estado Palestino deberá tener el territorio definido por la llamada “línea verde” vigente hasta 1967, Jerusalén Oriental como su capital, algún tipo de continuidad entre Gaza y la rivera occidental del Jordán, y los demás atributos de un Estado moderno.
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Obama no sólo amenazó con veto en el Consejo de Seguridad, sino que está haciendo todo para impedir que la Asamblea se pronuncie sobre este proyecto por dos razones: porque parece que sinceramente cree que este paso constituiría una provocación al gobierno de Netanyahu, alejando aún más la posibilidad de un acuerdo definitivo de paz y el establecimiento de dos Estados en la región; y por la pésima impresión que daría de Estados Unidos, Israel y un puñado de amigos, que la resolución se aprobara por una mayoría aplastante. Todo el esfuerzo de Obama por deslindarse de Bush ante la comunidad internacional quedaría muy disminuido por una votación de este tipo.
Por obvias razones, Israel se opone y ha movilizado a sus aliados en contra de la iniciativa. En particular a las distintas organizaciones judías de Estados Unidos -AIPAC, AJC, B’nai B’rith, ADL- para que presionen a diversos gobiernos y logren por lo menos su abstención. La Unión Europea se encuentra dividida entre países como Alemania, Holanda o Italia que preferirían diferir o votarían en contra, y otros como España, Bélgica o Suecia que votarían a favor. Huelga decir que la gran mayoría en América Latina apoyará sin duda la moción palestina, aunque algunos esperarán a ver la redacción, que hasta ahora se desconoce. Aquí el dilema para México.
El tema de Israel nos ha complicado la vida desde 1947, cuando México fue el único país del hemisferio que votó en abstención del “partition” (la creación del Estado de Israel, aunque después votamos por su ingreso). Treinta años después, en 1975, al gobierno de Echeverría no se le ocurrió mejor idea que votar a favor de una resolución definiendo sionismo “como una forma de racismo” lo que provocó un boicot a nuestro país por la organizaciones judías de Estados Unidos y la renuncia del canciller. Hoy México no sabe bien qué hacer, y para no variar el gobierno no explica. Lo lógico sería votar a favor pues no hay razón para hacer lo contrario. Pero se ha sabido que las organizaciones judías en Estados Unidos, y quizás más adelante Washington, van a insistir en que México se oponga, o en todo caso se abstenga.
Frente a tantos problemas del país este puede parecer una minucia. Seguramente hay gente en este gobierno cosmopolita y visionario que piensa que lo ideal sería que difiriera el voto hasta que se ganara la guerra del narco. Lo más probable es que eso no suceda y que tengamos que definirnos. Para una administración que ha hecho de la consigna “la mejor política exterior es ninguna”, no será fácil.
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