Venezolanos luchan en EEUU para recuperar su dinero en Stanford Bank

ENTORNO INTELIGENTE

En carta dirigida al juez David Godbey, de la Corte Federal Distrital del Norte de Texas, Dallas, Estados Unidos, la Coalición de Víctimas de Stanford América Latina, “ciudadanos no estadounidenses, víctimas del fraude piramidal perpetrado por Robert Allen Stanford”, le suplican justicia.

Entre esos ciudadanos no estadounidenses clientes del Stanford International Bank Ltd (SIB), de Antigua, 12.518 corresponden a Suramérica. De esa cantidad, 10.432 son venezolanos.

Son cifras recogidas  a julio de 2010. Esos venezolanos tenían depósitos por un monto global cercano a 1.512 millones de dólares, esto es, 21% de la suma total suramericana. Ecuador, que está en segundo lugar en Suramérica, tenía solo 662 clientes.El grupo venezolano es el más numeroso en América y el Caribe, incluso en el resto del mundo, donde Stanford Group Company (SGC) efectuaba operaciones financieras. En el continente americano, los grupos más numerosos de SGC, después de Venezuela, son Estados Unidos con 4.380 clientes y México con 3.865.

“A todas las víctimas de Stanford, clientes o no del SGC, en 113 países, nos defraudaron de la misma manera, esto es, a través de la venta de certificados de depósito (CD) ficticios, emitidos por el Stanford International Bank Limited (SIB), ante los ojos del Gobierno norteamericano”, señala Jaime R. Escalona.

Los venezolanos, poseedores de tales CD, han evitado pedirle apoyo al Gobierno venezolano, porque consideran que no conseguirán nada.

Fuentes de Covisal recuerdan que algunos funcionarios gubernamentales destacaron, cuando el Stanford Bank Venezuela fue intervenido en febrero de 2009, el error de invertir en un paraíso fiscal.

Congelados

Dicha Corte Federal Distrital congeló desde el 16 de febrero de 2009 “nuestros CD emitidos por el SIB”, es decir, desde hace cerca de 1.000 días.”En estos trágicos meses, que ahora se han convertido en años, las víctimas de Stanford hemos visto con tristeza cómo se esfuma la posibilidad de recibir pronto un alivio económico que mitigue nuestras pérdidas, mientras decenas de víctimas se están muriendo por no tener cómo pagar sus tratamientos médicos”, afirma Escalona en la carta.

Desprestigio

En la referida carta, fechada el 12 de octubre de 2011, Jaime R. Escalona señala: “Por sus implicaciones, el caso Stanford, para las economías del mundo, es un tema de ética y moralidad que trasciende el ámbito financiero para mezclarse con la política y con algunos políticos poco éticos. Por este motivo estamos seguros que si este monstruoso fraude, que operó por más de una década impunemente en y desde los Estados Unidos, no se resuelve satisfactoriamente para todas las víctimas con igualdad, el desprestigio mundial de los Estados Unidos por fraude de valores se profundizará aumentando aún más la desconfianza que actualmente existe en su sector financiero”.

Responsabilidad

La carta destaca “la responsabilidad innegable de las autoridades reguladoras” (de Estados Unidos), y pregunta: “¿Por qué los entes reguladores estadounidenses se confabularon para no proteger a miles de inocentes ahorristas, clientes de Stanford, violando el mandato del Congreso de los Estados Unidos de “proteger al público inversionista”? ¿Por qué fueron desestimadas “las banderas rojas” que aparecieron desde 1997 en las investigaciones realizadas a Stanford? ¿Por qué no fueron investigadas las denuncias de clientes y ex empleados de Stanford, que año tras año advertían el crecimiento vertiginoso de un fraude piramidal?”.

Activos

Acerca de las demandas colectivas contra terceras partes, Escalona señala en dicha comunicación: “Consideramos frustrantes los resultados de la Administración Judicial (de Stanford Financial Group, SFG) en la recolección de activos para el fondo de repartición de las víctimas”.”Por esta razón, las demandas colectivas son la única vía de recuperación para los modestos ahorristas que no tienen dinero para contratar abogados que los defiendan individualmente. En este sentido, no entendemos por qué existe la intención de negarles a los pequeños ahorristas en colectivo, “su día en la Corte” ¿No es esto una violación constitucional?”, añade.

Juicio

Finalmente, acerca del juicio penal contra Robert Allen Stanford, se pregunta:”¿Será que la demora del juicio penal responde a una estrategia para encubrir culpas y evadir responsabilidades, más que a un problema de farmacodependencia adquirida por el acusado bajo custodia federal?”. Los afectados suplican justicia.

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