Día mundial contra la impunidad

RICARDO TROTTI/EL NUEVO HERALD

Este 23 de noviembre se conmemora por primera vez el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta. El objetivo es crear conciencia por la impunidad rampante que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y exigir soluciones a los gobiernos.La fecha se instauró en recordación de la masacre en 2009 de Maguindanao, una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades en un proceso electoral.En América Latina tenemos nuestras propias masacres. Durante lo que va de este año, ya han sido asesinados 22 periodistas. Y el problema parece no tener solución. La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año, a los cinco reporteros asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en elúltimo lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las investigaciones de esos casos generan mayor violencia.

El crimen del periodista colombiano Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueve personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros estados, luego de recibir amenazas.Por supuesto que la violencia y la impunidad no son propias a la prensa.

Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año. En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y las Naciones Unidas en septiembre pasado, varias organizaciones, entre las que se destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y periodistas. Pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que se haga más.México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, y después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas, sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para su trabajo o porque están coludidas con el crimen organizado.La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares abriguen la esperanza de justicia y reparación.Por sí solas, estas medidas no parece que podrán detener los altos índices de impunidad.

Se necesitan estrategias más concertadas y globales. Si las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no funcionan o son insuficientes, éste podría ser el momento adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica hasta que los países beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad. Muchas veces, la billetera vacía es lo único que nos moviliza.