EL PAÍS
Asesinatos, torturas, violaciones; excesivo uso de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones. El régimen de Damasco ha perpetrado esta interminable lista de crímenes —y algunos más, como yugular económicamente a la población— desde que en marzo, al hilo de las revueltas de Túnez y Egipto, los sirios comenzaran a manifestarse en masa contra el presidente Bachar el Asad.
Para reprimir las protestas, el Ejército y las fuerzas de seguridad han matado a más de 3,500 personas, entre ellas 256 niños, según un informe divulgado hoy por Naciones Unidas, que denuncia la comisión de crímenes contra la humanidad por parte del régimen.
La investigación, dirigida por el jurista brasileño Sergio Pinheiro, se basa en entrevistas realizadas en los últimos dos meses a 223 víctimas directas, testigos y desertores de distintos cuerpos de seguridad de Siria “Según testimonios individuales”, apunta el informe de la ONU, “las fuerzas de seguridad disparan indiscriminadamente a manifestantes desarmados. La mayoría de ellos han sido alcanzados [por los disparos] en el tronco o la cabeza. Desertores del Ejército y las fuerzas de seguridad manifestaron a la comisión [de investigación] que recibieron órdenes de disparar sin previo aviso a manifestantes desarmados”.
La comisión, que también integraban la jurista turca Yakin Ertürk y la estadounidense Karen Koning Abuzayd, recibió varios testimonios que indicaban que “los militares, las fuerzas de seguridad y las shabbiha[milicias de matones del régimen] han planeado y ejecutado operaciones conjuntas con órdenes de ‘disparar a matar’ para dispersar manifestaciones”. Esas operaciones se perpetraron en el centro de Al Lakidiya en abril, y en un suburbio de la localidad el 13 y el 14 de agosto. Durante la represión de las protestas, murieron 20 personas, varios niños incluidos.
Los francotiradores han provocado varias víctimas. “En ocasiones, su objetivo eran los líderes de las marchas y quienes enarbolaban y usaban los megáfonos, o llevaban cámaras y teléfonos móviles”, una de las fuentes de información gráfica más frecuentes y que, a falta de informadores nacionales y extranjeros, han permitido divulgar imágenes de la revuelta y la represión subsiguiente. Otras veces, también fueron alcanzados por los disparos quienes trataban de rescatar a los heridos. La comisión ha documentado estas prácticas en Deraa, epicentro de la protesta; Hama y Al Lakidiya.
Las acusaciones de activistas de oposición relativas a la comisión de torturas en hospitales han resultado ser ciertas, según el informe de Naciones Unidas. “Se ha documentado un número de heridos trasladados a hospitales militares, donde fueron golpeados y torturados mientras eran interrogados”. Miembros de las fuerzas de seguridad disfrazados de médicos torturaron y asesinaron a manifestantes “con la complicidad del personal sanitario” en Homs.
Detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y otras formas de maltrato han tenido lugar durante estos ocho meses de represión.
Tampoco han faltado episodios de violencia sexual (golpes en los genitales; sexo oral forzado; electrochoques y cigarrillos encendidos en el ano) en centros de detención, así como violaciones de derechos de los niños: 256 han sido asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado sirio hasta el 9 de noviembre. Un solo ejemplo: una niña de dos años fue tiroteada en Al Lakidiya el 13 de agosto por un oficial que afirmó que no quería que creciese y se convirtiese en manifestante. Lo contó un desertor, que decidió abandonar el Ejército tras el episodio.