El movimiento Sionista, la Sociedad y el Gobierno de México frente a la partición de Palestina. Parte II

JUDIT BOKSER-LIWERANT
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Por otra parte, la conjunción de la lucha antifascista con la solidaridad, con las aspiraciones nacionales judías, y el carácter socialista y renovador de las tareas sionistas en Palestina, se expresaron de un modo permanente y claro en El Popular, órgano de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, cuyo director, Alejandro Carrillo, fue un miembro activo del Comité Mexicano Pro-Palestina. En este foro se difundieron las expresiones culturales judías de México, y junto a la condena del nazismo y de las diferentes formas de discriminación racial, se apoyó la idea de un hogar nacional judío en términos de la antigüedad histórica de esta demanda y en términos del carácter democrático y socialista del proyecto sionista. Este periódico se tornó gradualmente en tribuna de información y esclarecimiento de las aspiraciones nacionales judías.

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Por Enlace Judío

A su vez, y como parte de la estrategia asumida a partir de la Conferencia Mundial de Comités Pro-Palestina de 1945, se procuraron traducir las manifestaciones de repudio a la discriminación y al fascismo en un apoyo al sionismo como expresión de solidaridad con el pueblo judío, por lo que hubo otros foros e instancias de colaboración y solidaridad, cuyos orígenes se remontan a la propia época cardenista.

Así, por ejemplo, el Comité Mexicano Contra el Racismo creado en 1943, con el propósito de llevar a cabo una campaña permanente de educación e información que contrarrestase la influencia que había alcanzado el credo racista, y presidido por el poeta Enrique González Martínez, incorporó junto sus actividades generales y las de solidaridad con el pueblo judío en Europa y en México, el apoyo a la idea sionista.

De igual modo, Acción Democrática Internacional, presidida por Raúl Cordero Amador, reconoció la contribución del pueblo judío a la lucha contra el nazifascisrno, y en la organización de actos de solidaridad, reclutó las adhesiones de numerosas personalidades y organismos nacionales e internacionales.

Los diferentes apoyos al sionismo coincidieron no solo en el aspecto de la justicia involucrada en sus demandas, sino también en el reconocimiento del nexo histórico y de derecho que un unía al pueblo judío a la Tierra de Israel. De ahí que no se derivaron solamente de consideraciones de compasión por la persecución y el exterminio a los que habían estado expuestos los judíos, sino que apelaron a la dimensión jurídica, de derecho internacional. Junto al reconocimiento de los conflictos implicados por la presencia árabe en Palestina, se considero que Palestina era en efecto el espacio histórico y legal para la creación del Estado judío y que a la aspiración a su establecimiento le asistía la justicia.

Ciertamente, estas expresiones de apoyo no solo tuvieron un impacto positivo sobre diferentes sectores de la propia comunidad judía, sino que alentaron las expectativas del liderazgo sionista de México y del exterior en el sentido de que influirían sobre una postura positiva por parte del gobierno de México a la causa sionista.

Otros elementos actuaron en este mismo sentido. Entre éstos, particularmente significativos fueron los encuentros llevados a cabo en julio de 1946 por el Dr. Jacob Robinson, director del Instituto de Asuntos Judíos patrocinado por el Congreso Judío Mundial, con el entonces canciller Francisco Castillo Nájera y con Luis Padilla Nervo, delegado permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El tema principal de estos encuentros fue la posibilidad y viabilidad, todavía remota, de que la cuestión de Palestina fuera llevada por algún país amigo al seno de la Organización de las Naciones Unidas. El canciller mexicano expresó entonces que el movimiento sionista podía contar con el apoyo de los países de América Latina, ya que estos no tenían intereses propios de ningún tipo en la región. Por su parte, y según el testimonio de Robinson, el delegado Padilla Nervo “fue el primer diplomático que habló en términos de ayuda activa y practica que podía ofrecemos”. Sin lugar a duda, estos encuentros fueron interpretados como expresión de la actitud positiva de México hacia la causa sionista.

En el mismo sentido fue visto el encuentro que tuvo el dirigente sionista Chaim Greenberg con el canciller Jaime Torres Bodet, en abril de 1947. Diversos testimonios señalan que el encuentro fue por demás amable y, a pesar de los límites que la diplomacia impone, el Canciller se expresó con simpatía a favor de la causa sionista. De hecho, tras esta reunión, Alfonso Francisco Ramírez señaló que la posición de México sería favorable a la causa judía y similar a la mantenida en Ginebra en 1937.

Esta apreciación, basada en dicha entrevista así como en la carta que le envió el canciller tras dar el apoyo a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para tratar la cuestión de Palestina, en todo caso más parece haber respondido a su propio deseo y al apoyo proporcionado por las personalidades y organismos que hemos analizado, que a las palabras del canciller.

El gobierno de México frente a la cuestión de Palestina.

Ya estando el caso de Palestina en el marco de las Naciones Unidas, la postura de México distó de satisfacer las expectativas creadas. A lo largo de todo el proceso fue abstencionista y pudo haber llegado a ser negativo. Paralelamente al apoyo dado por México para llevar el caso de Palestina a las Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró un memorándum para el canciller, en el que se presentaba un análisis global de la cuestión y se delineaban las principales líneas de acción recomendadas. Según éste, los territorios bajo mandato deberían pasar a un régimen de administración fiduciaria antes de ser independientes, por lo que se veía como urgente aclarar la situación de Palestina.

Se recomendó que la delegación mexicana ante las Naciones Unidas apoyara en la sesión especial de la Asamblea General, el establecimiento de dicho régimen de administración fiduciaria. Tras abocarse a una revisión histórica de la situación de Palestina y de su población, el memorándum señalaba que el derecho de los judíos a dicho territorio quedaba en entredicho, por lo que si México solicitaba la independencia para Palestina ganaría la enemistad de los árabes y no actuaria de acuerdo a su norma de conducta internacional, caracterizada por defender la ley y a los pueblos más débiles. Si bien a los judíos no les asistía la razón, por una parte, contaban con el sentimiento humanitario y por la otra, con el apoyo mundial y el de la banca internacional, por su posición clave en muchos países, en particular los Estados Unidos.

En tanto los árabes contaban con la razón de su derecho y con el respaldo de los países árabes, cuya amistad era de interés para México, para lo que una postura favorable a su causa sería expresión de la identificación de México con los pueblos débiles y reclutaría la gratitud de 235 millones de musulmanes y de los 7 países árabes, pero tal postura podría originar perjuicios para el país. Consecuentemente, la posición adecuada para México era abstenerse de intervenir en los debates, y junto a la relativa libertad de acción que se le concedía a la delegación mexicana, se subrayó que frente al caso de Palestina la posición de México era, en última instancia, materia de criterio político que involucraba otras consideraciones.

Ya iniciado el tratamiento de la cuestión, en las instrucciones giradas por la Secretaria de Relaciones Exteriores a la delegación mexicana ante las Naciones Unidas, se ordenó apoyar la creación de un Comité especial que redactara un estudio y lo presentara en la próxima sesión regular de la Asamblea. Asimismo, se ordenó que al Comité debía concedérsele amplias facultades para investigar las aspiraciones de los habitantes, las posibilidades de la región y de ser necesario, su traslado a Palestina y países limítrofes. Se esperaba en todo caso que el Comité no solo presentara un estudio sino también sugerencias. A un nivel más específico, en relación al desarrollo de los debates mismos, la cancillería sugería a la delegación de México no participar; en caso de que la votación llegara a ser nominal, se recomendaba votar en contra o abstenerse, de acuerdo con el consenso general. En todo caso el voto debería apoyarse en los siguientes criterios: el apoyo de México al derecho de los pueblos a obtener su autonomía o independencia; el considerando que supone como fin lógico del Mandato la independencia o la autonomía; la madurez política de los pueblos árabes: el deber de examinar las aspiraciones del pueblo judío secularmente perseguido y, en consecuencia, explicar que México no votaba contra el fondo del asunto sino que lo hacia o se abstenía en relación a la ampliación de la agenda, ya que consideraba que los gobiernos no podrían examinar a fondo la cuestión y la Asamblea era convocada solo para constituir un Comité. Por ello, la recomendación señalaba que debía esperarse al informe del Comité para disponer de suficientes elementos de juicio.

Los miembros de las Naciones Unidas se reunieron en la sesión especial que se llevó a cabo el 28 de abril, en la que dominó la tendencia de elegir una comisión para el estudio del problema en el territorio bajo mandato, tendencia que fue apoyada por la mayoría de las naciones latinoamericanas a pesar de la oposición de los países árabes. En esta, la votación en torno a la propuesta de la inmediata independencia de Palestina arrojó un resultado negativo con 24 votos en contra, 15 a favor y 10 abstenciones, entre las que figuró la de México.

Tras un prolongado debate, la Asamblea General derivó al Comité Político y de Seguridad el estudio de la cuestión de Palestina, en el que se eligió a Padilla Nervo como vicepresidente, y en la presidencia, al jefe de la delegación danesa. Sin embargo, la Secretaria de Relaciones Exteriores giró instrucciones a la delegación en el sentido de que se le comunicara confidencialmente al Secretario General que México no tenía interés en participar en la comisión de estudio.

El Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina quedó compuesto por once países, de los cuales tres fueron Latinoamericanos y cuya defensa de la causa sionista influyó en gran medida el desarrollo del proceso y las recomendaciones finales. Su actuación, que se inició en mayo, culminó el 31 de agosto, fecha en la que presentó su informe.

Sus recomendaciones fueron consideradas por la segunda Asamblea General, que sesionó entre el 16 de septiembre y el 29 de noviembre de 1947. Sin lugar a duda, los desarrollos de los trabajos, discusiones y votaciones estuvieron caracterizados por una gran tensión e incertidumbre en torno al resultado final, ya que este dependió de las posturas cambiantes de los diferentes países durante este período. La división de opiniones que privaba en el seno de las Naciones Unidas confirió aun mayor fuerza al de por si determinante peso que en la votación final tendrían los países latinoamericanos.