ANDRÉS OPPENHEIMER/ REFORMA
Como en todas las temporadas de campaña electoral, en que los legisladores compiten por ocupar los titulares, en estos días se discuten algunas ideas extravagantes en el Congreso de Estados Unidos. Una de las más delirantes -y peligrosas- es un proyecto de ley republicano que propone utilizar “tácticas de contrainsurgencia” para combatir una supuesta “insurgencia terrorista” en México.
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La propuesta, patrocinada por el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara, el legislador Connie Mack, republicano de Florida, y aprobada por ese panel de mayoría republicana el 15 de diciembre, dice que su propósito es “proteger a los ciudadanos estadounidenses de amenazas externas” planteadas por los cárteles de narcotráfico mexicanos, a los que denomina organizaciones “terroristas”.
Hace notar que el Plan Mérida de Estados Unidos y México contra los cárteles del narcotráfico no está dando frutos, y propone entre otras cosas la presencia de asesores militares estadounidenses en México, y la adopción de “tácticas de contrainsurgencia” que supuestamente estarían “coordinadas” con México. Pero el texto es muy vago con respecto a cuáles serían esas tácticas.
El término, según el diccionario, se utiliza para describir “acciones de un grupo, ejército, etc., contra personas que pelean para derrocar un gobierno”, y suele ser asociado con el combate contra grupos irregulares mediante medios irregulares.
Llamé al despacho de Mack y pregunté si está proponiendo asesinatos selectivos en México, o algo semejante, y sus asesores me dijeron que no. Les pregunté si el proyecto de ley incluiría posibles acciones unilaterales de Estados Unidos en México, y la respuesta fue nuevamente negativa.
El congresista Eliot Engel, demócrata de Nueva York, el único voto de disenso del panel, me dijo en una entrevista subsiguiente que independientemente de las propuestas del proyecto de ley, calificar de terrorista a los cárteles mexicanos es absurdo, porque los cárteles mexicanos no tienen una agenda política.
Un segundo proyecto de ley patrocinado por Mack, y aprobado por el mismo subcomité de la Cámara ese mismo día, propone un recorte de 20 por ciento de los fondos estadounidenses destinados a la Organización de Estados Americanos (OEA), si esa institución no aplica su propia Carta Democrática para condenar las medidas anticonstitucionales de Venezuela y Nicaragua.
Engel, que también se opuso a este proyecto de ley, me dijo que el recorte sería contraproducente, especialmente después de que los países latinoamericanos crearan recientemente una nueva organización regional conocida como la CELAC que no incluye a Estados Unidos. “¿Por qué querríamos destruir la única organización de la que Estados Unidos forma parte, y en la que tiene influencia?”, preguntó.
Ahora ambos proyectos de ley pasarán al Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde tienen buena posibilidad de ser aprobados, y a la Cámara de Representantes en pleno, donde también podrían ser aprobados.
Mi opinión: Estos proyectos de ley son puras piruetas propagandísticas de Mack, que se está postulando para una banca en el Senado. Si son aprobadas por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, morirán en el Senado, controlado por los demócratas. Y aun si fueran aprobadas por el Senado, lo más probable es que serían vetadas por el Presidente Obama.
No obstante, es peligroso jugar con estos temas. Mientras el proyecto de ley sobre la OEA posiblemente no sea más que una manera extrema de presionar a esa institución para que aplique sus propias reglas para la defensa colectiva de la democracia, el proyecto de ley sobre la “insurgencia terrorista” en México podría ser aún más dañino, porque amenaza con instalar ese concepto en el lenguaje político de Washington.
Sería un mal diagnóstico que podría resultar en una peor medicina. Aparte del hecho de que los carteles mexicanos, a diferencia de los colombianos, no tienen una agenda política para tomar el poder, calificarlos de “terroristas” abriría una caja de Pandora.
Si el concepto se asienta en Washington, los políticos de Estados Unidos muy pronto podrían pedir una reducción de la cooperación de inteligencia con el Gobierno mexicano, el incremento de los controles fronterizos y tal vez hasta ataques militares unilaterales en México. Los políticos mexicanos, a su vez, podrían acusar a Washington de apoyar el terrorismo permitiendo el consumo de drogas, o tolerando las ventas de armas estadounidenses a grupos terroristas, y denunciarán un nuevo peligro de intervencionismo estadounidense.
Como 2012 es un año electoral tanto en Estados Unidos como en México, todo esto creará un clima que destruirá la creciente cooperación entre ambos países en años recientes. Los únicos ganadores serán los cárteles de narcotráfico.
Si la idea de los conservadores republicanos es aumentar los recursos para el Plan Mérida, que fue elaborado conjuntamente por ambos países, bienvenida sea. Pero hay que denunciar este disparate sobre una presunta “insurgencia terrorista” en México antes de que cause un daño grave.
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