El texto lleva el título Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales, y precisa que esas disposiciones tienen el fin de impedir que los países ejerzan su derecho a determinar libremente su sistema político, económico y social.
También imposibilitan la realización plena del desarrollo económico y social por la población de los países afectados, menoscaban su bienestar y crean obstáculos al pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellos a la salud, la alimentación, la atención médica y servicios sociales necesarios.
Asimismo, advierte para que los alimentos y los medicamentos no sean utilizados como instrumento de presión política. Más adelante, rechaza el carácter extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales por amenazar la soberanía de los Estados y exhorta a no reconocerlas ni aplicarlas y a contrarrestarlas con decisiones administrativas o legislativas.
La Resolución fue aprobada el 19 de diciembre por 137 votos a favor y 54 en contra. Entre los sufragios contrarios están Estados Unidos, Israel y la casi totalidad de los países de la Unión Europea y ninguno de América Latina y el Caribe ni de África. Por América Latina, hubo una sola abstención: Perú.
La Asamblea General instó a los países que hayan implantado ese tipo de acciones a revocarlas lo antes posible y reafirmó “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural”.
Igualmente, recordó que ningún Estado puede aplicar medidas económicas, políticas ni de otra índole, ni fomentar su empleo, con el objetivo de coaccionar a otro para obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o procurarse ventajas.
El 22 de diciembre, la Asamblea General convocó a la comunidad internacional a condenar y rechazar la imposición de medidas económicas coercitivas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo.
ONU reafirma derecho de palestinos a sus recursos naturales
Por otro lado, la Asamblea General de la ONU volvió a defender el derecho inalienable del pueblo palestino y de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, incluidos la tierra y el agua y las fuentes energéticas. Una resolución aprobada por ese órgano exigió a Israel que deje de explotar, causar daño, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio.
El texto fue adoptado por 167 votos a favor, siete en contra (Canadá, Israel, Estados Unidos, Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau) y seis abstenciones (El Salvador, Panamá, Tonga, Australia, Camerún y Costa de Marfil).
El máximo cuerpo de la ONU reconoció el derecho de los palestinos a reclamar indemnización por la explotación, daño, destrucción, agotamiento y puesta en peligro de sus recursos naturales, como consecuencia de las medidas ilegales de Israel.
Señaló que esa cuestión debe ser incluida en las eventuales negociaciones israelí-palestinas. Asimismo, consideró que el muro y los asentamientos que Israel construye en los territorios ocupados contravienen el derecho internacional y privan seriamente al pueblo palestino de sus recursos naturales.
También reclamó a Tel Aviv que respete el derecho internacional humanitario con respecto a la alteración del carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
La Asamblea General exigió el fin de todas las actividades que dañan el medio ambiente, en particular el vertido de todo tipo de materiales de desecho, que ponen en grave peligro los recursos naturales de las tierras palestinas usurpadas por Israel.
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