ITONGADOL
El Tribunal Supremo de Israel rechazó una petición contra la polémica Ley Nakba aprobada por la Knesset (Parlamento israelí) en marzo. La ordenanza incluye multas para las organizaciones que rechazan abiertamente a Israel como un Estado Judío o que celebran el Día de la Independencia de Israel como un día de luto.
Los jueces del Tribunal Superior reconocieron que la petición contra la ley plantea una complejidad de relevancia pública; sin embargo finalmente se decidió que en esa etapa el Tribunal no podía tomar una decisión judicial sobre el asunto.
Los jueces, encabezados por la presidente del Tribunal Supremo, Dorit Beinisch, dijeron que la petición no estaba “madura”, alegando la falta de la fundamentos fácticos necesarios para apoyar las demandas planteadas en la petición.
Los que presentaron el documento son los graduados de la escuela secundaria árabe ortodoxa en Haifa, varios judíos y ciudadanos árabes, así como Adalah, el Centro Legal para los derechos de la minoría árabe en Israel.
El legislador Ahmed Tibi, de la Lista Árabe Unida, expresó su pesar por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la petición. “El fallo se basó en consideraciones procesales y no entraró en el grueso de esta ley que discrimina a un grupo árabe”, dijo Tibi.
En octubre, el Asesor Legal de la Knesset Eyal Yinon dictaminó que la polémica Ley Nakba era constitucional.
La ley, que fue propuesta por el diputado Alex Millar, del partido Yisrael Beiteinu, concede al ministro de Hacienda la facultad de reducir el presupuesto de estado a los organismos que rechazan abiertamente a Israel como Estado Judío y democrático, o que marcan el día de la Independencia como un día de duelo.
De acuerdo con Yinon y sus colaboradores, la propia ley no impide en modo alguno la libertad de expresión, ni prohíbe lo que los árabes israelíes y los palestinos se refieren como la conmemoración del “Nakba” (“la catástrofe” en árabe), un término utilizado para recordar a los 700.000 árabes que perdieron sus hogares en la guerra que condujo a la creación del Estado de Israel.
Yinon y sus colaboradores afirman que el propósito de la ley es asegurar que el Estado otorgue fondos a las organizaciones que atentan contra su existencia.
Además, afirma que cualquier reducción en los fondos de los organismos financiados por el Estado se hace de una manera altamente analizada, y sólo después de consultar con los expertos.
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