LEÓN OPALÍN
PARA ENLACE JUDÍO
El entorno que describen el gobierno y diferentes analistas en relación al desempeño de México se puede calificar como una visión bizarra frente a la compleja situación que prevalece en el país. En la práctica resulta intrascendente que opinen que el PIB aumentará entre 3.0% y 3.5% este año y que la inflación anual oscilara entre 3.8% y 4.0%; lo preocupante es que independientemente de la existencia de los graves desequilibrios que se experimentan en la economía global, la planta productiva nacional es poco eficiente y con limitada competitividad en relación a un gran número de naciones del mundo emergente; adicionalmente es incapaz de generar los empleos remunerativos que se precisan cada año; tan sólo en los últimos cinco años el déficit de plazas de trabajo no creadas sumó alrededor de 2.6 millones.
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Igualmente las prácticas monopólicas de empresas públicas y privadas, la baja recaudación fiscal; la violencia, entre otros factores, afectan la productividad y el proceso de inversión. Cabe hacer notar que México se colocó en el 54 sitio en el índice de Libertad Económica 2012 que elabora la Heritage Fundation, “la peor posición en diez años”, atribuible a la violencia relacionada con el narcotráfico y a la creciente corrupción, principalmente, Heritage Fundation consigna que el Estado de derecho en el país se ha visto severamente debilitado. Por otra parte, el sector empresarial registra una crisis de liderazgo que merma sus posibilidades de interlocución con el gobierno y el Congreso a fin de que se aprueben sus propuestas para superar el insuficiente avance de la economía.
En la actual administración se han inaugurado espectaculares obras de infraestructura en diversas regiones del país, algunas de ellas las más importantes en Latinoamérica, empero que palidecen ante el deterioro que en general observa la infraestructura existente, hecho que encarece los procesos productivos y limita la competitividad de México. Igualmente, la construcción de modernos hospitales y clínicas, así como la mayor cobertura de servicios de salud a la población, resultan una quimera frente a la práctica médica burocratizada, deshumanizada y con notorias deficiencias que se otorga a la población.
En el contexto de los constantes anuncios de las autoridades judiciales en relación a los avances en la lucha que realizan para combatir al crimen organizado, ponderados por la captura de “capos” de la bandas delictivas y el decomiso de armas, drogas y recursos económicos, no aminora la violencia e inseguridad, por el contrario, aumentan a tal grado que un panel de la Cámara de representantes del Congreso de EUA aprobó en diciembre pasado una iniciativa “para instrumentar un plan de contrainsurgencia en México para combatir a los carteles de las drogas”, a los que cataloga como terroristas.
Existen evidencias de que grupos terroristas islámicos, operan en diversos puntos del país, particularmente en la frontera norte, con miras a utilizar a bandas criminales para llevar a cabo atentados en EUA, e incluso podrían realizarlos contra instalaciones estratégicas de México, como las petroleras, para afectar el suministro de crudo a EUA.
El Ejército ha constituido un instrumento fundamental del gobierno de México para enfrentar a la delincuencia organizada; sin embargo, la ciudadanía ha mostrado su inconformidad por la actuación de los militares ante la frecuente violación de sus derechos. En este sentido, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha alertado al Congreso de la Unión de que el reciente informe de Human Rights Watch sobre los abusos sistemáticos del Ejército en México “está debidamente sustentado y respaldado con información real y verídica”.
En el ámbito de los comicios presidenciales del 2012; los principales candidatos a la presidencia han esbozado ideas vagas sobre las estrategias a desarrollar para enfrentar al crimen organizado y restablecer la gobernabilidad en el país; no obstante, más que planes, son pronunciamientos sin bases sólidas. La lucha contra las bandas del crimen organizado implica una decisión política para fortalecer y transformar a las instituciones de seguridad y justicia a fin de tener una capacidad real para enfrentar a organizaciones criminales bien pertrechadas, que cuentan con eficientes sistemas de información y logística y con elevada capacidad económica.
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