LA GACETA
Juicios militares contra civiles, persecución a las ONG extranjeras y represión contra un pueblo que hace un año buscaba desde la plaza Tahrir la democracia para Egipto. La inestabilidad del país tras la caída de Mubarak parece no hacer más que empeorar con una Junta Militar, que no está dispuesta a abandonar el poder que ostentan desde hace más de 60 años.
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Todavía no se ha condenado a los militares que reprimieron con dureza las últimas manifestaciones en Tahrir, dónde decenas de personas murieron. De hecho, esta falta de justicia quedó claramente patente con la absolución del doctor acusado de realizar test de virginidad a mujeres activistas egipcias durante las protestas en la revolucionaria plaza.
La sentencia militar contrastaba llamativamente con la realizada por un tribunal administrativo (civil), que concluyó el pasado diciembre que las pruebas de virginidad forzadas constituían una violación de la privacidad de los ciudadanos y prohibía su aplicación. Los soldados argumentan que no existen pruebas de que se llegaran a realizar estos test. Sin embargo, meses antes, justificaron la realización de la pruebas asegurando que así se evitarían falsas denuncias de violación.
Los juicios militares contra civiles se han convertido en el día a día de Egipto. Uno de los más sonados fue el de Amr el Beheiry. Este hombre de 33 años fue condenado en un juicio militar que duró apenas cinco minutos y en el que no pudo contar con un abogado defensor. Los soldados le acusaron de romper el toque de queda y de agredir a un policía y fue condenado a cinco años de prisión. Hasta el momento, más de 12.000 egipcios han sido condenados por tribunales castrenses.
El arresto de los representantes y observadores de varias ONG internacionales en Egipto es otro de los ejemplos de la deriva autoritaria de la Junta Militar. “Estas organizaciones intentan crear un estado de caos y trabajan por mantenerlo en Egipto”, esa es la acusación en palabras del ministro de Cooperación Internacional del país árabe, Fayza Abul Naga. Alrededor de 400 organizaciones egipcias están bajo investigación y, según Freedom House, se espera que se produzcan acusaciones criminales también para los líderes de organizaciones civiles del país.
Pero el caso más dramático se vivió el pasado pasado mes de febrero en el estadio de fútbol de Port Said, donde más de 70 personas murieron y otras 1000 resultaron heridas en los altercados entre radicales de dos equipos de fútbol rivales. Son muchas las hipótesis que los analistas egipcios manejan sobre el suceso pero todas ellas apuntan a la intervención de la “discreta” mano de los militares. Algunos sostienen que los sucesos fueron planificados por la policía de Mubarak con, por supuesto, el visto bueno de los servicios secretos militares. Los soldados necesitan demostrar que sólo ellos pueden imponer el orden en el país y este tipo de altercados son los escenarios perfectos para difundir esa idea entre la la población. Incluso hay quien afirma que este tipo de altercados podrían repetirse y proporcionar así una coartada perfecta para un golpe militar en Egipto.
Persecución
La minoría cristiana en Egipto, un 10% de la población, ha sido la más reprimida y perseguida desde la caída de Mubarak. El pasado mes de octubre, 23 coptos murieron por los disparos de los soldados cuando reprimieron una manifestación en El Cairo. Aquel fue sólo el primer capítulo y la situación no ha hecho más que empeorar. La aplastante victoria de los Hermanos Musulmanes y de los salafistas en las elecciones parlamentarias ha aumentado la persecución. El pasado febrero, una familia cristiana fue obligada a salir de su pueblo en el distrito de Ameriya, al Norte del país, y vender todas sus propiedades tras un enfrentamiento con la mayoría islamista. Se trata de una muestra de los numerosos episodios que periódicamente se viven en el país. A principios de marzo, un tribunal penal egipcio condenó a un cristiano copto a seis años de cárcel por haber despreciado el islam e insultado al profeta.
Y la situación no parece que vaya a mejorar. El 75% del Parlamento encargado de redactar la nueva Constitución del país es islamista, lo que asegura la implantación, en el corto plazo, de la sharia en el país.
Tampoco pinta bien para el vecino Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus ministros no pronunciarse públicamente sobre la crisis actual en Egipto y todo lo que se ha dicho es que Israel “sigue de cerca” y “con atención” los sucesos en la zona. “Debemos comprender que vivimos sobre un volcán”, declaró el General Yaakov Amidror, ex jefe de la División de Defensa del ejército israelí. “Las condiciones pueden cambiar de hoy a mañana y debemos preguntarnos cuál es el peor escenario en el que podemos hallarnos”. Poco después de la marcha de Hosni Mubarak , la Junta Militar acordó abrir el paso de Rafá, una de las puertas a la Franja de Gaza, paso controlado por Hamás, una frontera que puede convertirse en el mayor foco de inestabilidad para la zona. Un gesto que ya dejaba clara la postura que El Cairo adoptaría con Tel Aviv.
Pero, preocupa más aun la resolución aprobada por el Parlamento que exige al Gobierno revisar los acuerdos de Camp David firmados en 1979. Egipto parece dispuesto a ser el actor hostil en una zona clave estratégicamente. Las próximas elecciones presidenciales, que en un principio deberán celebrarse el 23 y 24 de mayo, serán el pistoletazo de salida hacia lo que parece ser el inicio de una gran enemistad
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