Hasta ahora, “los únicos beneficiados” del fraude que se cometió en el Stanford International Bank Limited (SIBL) contra miles de depositantes de todo el mundo, cuya sede se ubicaba en la isla de Antigua, son los abogados, pues “los litigios les continúan generando honorarios millonarios”, afirma Jaime R. Escalona, venezolano fundador y líder de la Coalición Víctimas de Stanford América Latina (Covisal).
Escalona narra que el pasado 9 de marzo, Ralph Janvey, Síndico de los Estados Unidos para el patrimonio de Stanford, registró su décima sexta aplicación de honorarios y gastos ante el Tribunal Federal Distrital del Distrito Norte de Dallas, Texas, EEUU.
Janvey le pidió al tribunal que aprobara el pago de $1,6 millones en honorarios a sus abogados litigantes, correspondientes al último trimestre del 2011.
En Estados Unidos
“Por solo tres meses de trabajo, los siguientes bufetes recibirán: $44.166 para Krage & Janvey (bufete del Síndico), $902.232 para Baker Boots (abogado del Síndico) y $44.000 para Thompson & Knight (abogados del síndico)”, explica Escalona.
Adicionalmente, Escalona señala que Kevin Sadler, de San Antonio, Texas, socio de Baker Boots, ha dicho que “a su bufete le han pagado $18,9 millones por su trabajo en el caso Stanford desde febrero de 2009 hasta septiembre de 2011”.
Más billete
Además, en ese mismo periodo (febrero 2009/septiembre 2011), “Krage & Janvey recibió $1,16 millones y Thompson & Knight $3,13 millones”.
Escalona apunta que hasta octubre del año pasado, el Síndico “ha recuperado cerca de $217 millones”.
Pero, por otro lado, “ha cobrado unos $102 millones en honorarios para abogados, contadores y consultores, dejando un resto de $115 millones para una posible distribución a las víctimas del fraude”.
En Antigua
Según el reporte presentado el 10 de febrero de este año por Marcus Wide, Liquidador Conjunto del Stanford International Bank Limited (SIBL), al Tribunal Supremo de Justicia de Antigua y Barbuda, los bufetes que actúan allí en el caso “recibieron los siguientes pagos por honorarios y reembolsos por gastos, correspondientes al lapso 12/05/2011 a 31/01/2012: $1.630.794 para Grant Thornton (Liquidadores Conjuntos del SIBL en Antigua), $516.594 para Astigarraga Davis (abogados de los Liquidadores Conjuntos), $1.367.486 para Martin Kenney & Co. (abogados de los liquidadores)”, señala Escalona.
Y un conjunto de abogados de otros países, no identificados en el reporte, “recibieron $1.373.671 para abogados en Canadá, $534.210 para abogados en Inglaterra, $666.331 para abogados en los Estados Unidos, $170.371 para abogados en Suiza, $172.428 para abogados en América Latina y $75.129 para abogados en Antigua”, agrega.
Otros
Como si fuera poco, expresa Escalona, el reporte referido incluye los siguientes otros pagos: “$99.454 en honorarios a consultores, $324.174 para honorarios relacionados a inmuebles en Antigua, $1.186.750 para otros gastos operacionales”.
Nos gustaría que esos bufetes sin nombre sean identificados, y ver las facturas detalladas de su trabajo, al igual que todas las facturas pormenorizadas de los pagos efectuados”, dice Escalona.
Reparto
$1,6
millones le solicitó el Síndico de Estados Unidos al Tribunal para pagar honorarios a abogados.
$1,16
millones recibió solamente el bufete del Síndico entre febrero de 2009 y septiembre de 2011.
$18,9
millones cobró Kevin Sadler, socio de Baker Boots (abogados del Síndico), por su trabajo entre febrero de 2009 y septiembre de 2011.
$330
millones tienen las víctimas del fraude, pero están confiscados en tres países; piden que les sean distribuidos.
Balance
Escalona explica que los Liquidadores Conjuntos (Grant Thornton) del SIBL en Antigua han recuperado activos por $8.1 millones, mientras que, por otro lado, recibieron un préstamo por $14,7 millones, dinero proveniente de los fondos congelados en Inglaterra y pertenecientes a las víctimas. Eso suma un total de $22,8 millones.
Pero de este monto total, los Liquidadores cancelaron $10,9 millones en honorarios a abogados, consultores y otros gastos.
Así queda un saldo disponible de $11,9 millones. Pero, por otra parte, hay un “pasivo contingente de $18.000.000 reclamado por los antiguos liquidadores (FRP Advisory, LLC (Vantis)).
Escalona afirma, además, que “los Liquidadores Conjuntos están gastando más de un millón de dólares mensuales”.
Solicita que los “$330 millones de nuestros ahorros, confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá, sean distribuidos directamente a las víctimas del fraude”.