LA NACIÓN.COM
Israel tiene no sólo una Corte Suprema que por su nivel profesional está claramente entre las más respetadas del mundo, sino una que es absolutamente independiente y totalmente imparcial. No está, en ningún tema o cuestión, sumisa ni -mucho menos- subordinada al poder político. Tiene un rol constitucional esencial, que es el de asegurar el respeto a la Constitución y la ley. Y lo respeta, a rajatablas. Todo un ejemplo, entonces.
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Así lo acaba de demostrar, una vez más. En este caso en un tema de altísima complejidad y extrema sensibilidad, con connotaciones políticas -internas y externas- sumamente significativas: el de los llamados “asentamientos”.
El máximo tribunal israelí acaba de ordenar a medio centenar de pobladores israelíes de Cisjordania que -en este caso- edificaron sus viviendas, sin contar con autorización gubernamental, en un terreno privado palestino ubicado en la localidad de Migron, cerca de Ramallah, que las desmantelen y abandonen antes del próximo 1° de agosto. Sin más.
En su decisión, la Corte dejó de lado (considerándolo inexistente) un “compromiso” acordado alcanzado previamente por los pobladores con el Poder Ejecutivo de Israel, en función del cual se hubieran podido quedar allí por tres años más, para mudarse luego a una nueva ubicación a ser construida (en ese plazo) por las autoridades israelíes. Habrá que ver si la administración cumple, en su momento, con la orden de desalojo que acaba de ser dictada; pero cabe ciertamente presumir que así lo hará, desde que esto ha sido confirmado por el propio Benjamín Netanyahu.
Cabe recordar que en Cisjordania hay en la actualidad unos 120 asentamientos israelíes que están en las más diversas condiciones jurídicas. Hablamos de viviendas y edificaciones en las que viven nada menos que unas 330.000 personas.
Algunos de esos asentamientos fueron autorizados por las autoridades israelíes. Otros, en cambio, no. Hace ya una década, Israel convino con los Estados Unidos su desmantelamiento para así facilitar la paz a ser construida sobre la convivencia de dos Estados. No obstante, nada demasiado significativo ha sucedido todavía en este delicado tema.
El panel de la Corte Suprema responsable de haber tomado la decisión que comentamos estaba integrado por el propio presidente del tribunal, Asher Grunis, un hombre enormemente respetado por su sabiduría, pero además por ser intachable y haber demostrado siempre su prudencia y un buen juicio. Esta vez la decisión se basa fundamentalmente en la defensa del estado de derecho y del derecho de propiedad, pilares institucionales centrales de la democracia israelí, que no tiene parangón en la región.
El caso fue -en esta oportunidad- llevado ante la Corte por demandantes palestinos que fueron acompañados en el pleito por una organización israelí de izquierda, sin fines de lucro: “Paz Ahora”, liderada por el abogado Tzaly Reshef.
En una decisión de marzo pasado, el mismo tribunal había decidido el desalojo del asentamiento para fines de marzo. Ahora ha extendido ese plazo hasta el 1° de agosto, pero seguramente seguirá de cerca su evolución, por la enorme sensibilidad que tiene el tema. Particularmente porque las autoridades nacionales israelíes acaban de legalizar -retroactivamente- tres asentamientos que se erigieran en Cisjordania (Brujín, Rejemelin y Sansana) sin la necesaria autorización, medida que -para los Estados Unidos- “no es de utilidad para el proceso de paz”.
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