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El Consejo Nacional de Transición (CNT) libio emitió hoy una ley en la que se penaliza la “apología” del difunto dictador Muamar al Gadafi y los atentados contra la religión.
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Según la nueva ley, número 37, aquellas personas que hagan apología del ex dirigente libio, que gobernó el país desde 1969 hasta la caída del régimen en agosto de 2011 tras el levantamiento popular armado comenzado en febrero de ese año, serán castigadas con la privación de la libertad.
La ley además de prohibir el enaltecimiento del régimen anterior, también penaliza con la cárcel la publicación o difusión de informaciones “engañosas”.
Asimismo, según el nuevo texto legal, si, como consecuencia de la publicación de estas informaciones, se daña a la nación, se castigará el delito con la cadena perpetua.
También penaliza con la privación de libertad el hecho de atentar contra la religión o la “Revolución del 17 de Febrero”.
Este texto legal se enmarca dentro de la adopción por parte del CNT de una batería de leyes que regulan también la administración de los bienes de los dirigentes del antiguo régimen, la responsabilidad criminal de los milicianos o la creación de partidos políticos.
Según la nueva ley 38, no se perseguirá a los “revolucionarios” por las acciones que hayan conducido al éxito de la revolución.
En este sentido, el presidente del CNT, Mustafa Abdulyalil explicó en una rueda de prensa que “no se castigará a los revolucionarios por sus acciones militares o de seguridad llevadas a cabo en favor de la revolución o en aras de su éxito”.
Aunque no hizo ninguna referencia expresa, esta ley podría afectar a las exigencias de algunos grupos de defensa de derechos humanos que han solicitado la investigación de supuestos asesinatos o torturas, como la tortura y muerte de Gadafi, el 20 de octubre de 2001, cuando se encontraba custodiado por rebeldes.
Esta ley también solicita a los ministerios de Defensa e Interior que se presente ante la justicia a todas las personas retenidas por parte de las milicias en un plazo de dos meses.
En Libia existen numerosas milicias que nacieron durante la rebelión armada y que administran centros de detención que no están supervisados por las autoridades judiciales centrales.
Asimismo, la ley número 36, adoptada también hoy estipula el nombramiento de un consejero que se encargará de la administración de los bienes muebles e inmuebles existentes dentro o fuera del país de Gadafi y de su familia directa, así como de otros altos responsables del régimen.
Por otra parte, Abdulyalil indicó que había solicitado a Francia la extradición por delitos fiscales de Bachir Saleh, el antiguo director del gabinete de Gadafi que, según la página web Meapart.fr, efectuó un pago en 2007 para la financiación de la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy.
Sarkozy ya se ha querellado contra la página Mediapart.fr, contra quien la Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar por “falsificación”.
Finalmente, un quinto texto legal, la ley número 29, regula la organización de los partidos políticos.
El nuevo texto supone la reforma de la ley anterior publicada el pasado día 24 y en la que se establecía la prohibición de crear partidos sobre bases religiosas, étnicas o tribales.
La ley reformada prohíbe la creación de formaciones políticas que contradigan los principios recogidos en el Anuncio Constitucional – la ley fundamental transitoria del país-, los partidos militares o apoyados por militares o que usen o defiendan el empleo de la violencia.
Asimismo, no se podrán constituir agrupaciones que inciten al conflicto religioso o que contradigan los principios religiosos.
Además, según el nuevo texto, ni jueces ni militares ni miembros de los cuerpos de seguridad podrán unirse a partidos políticos, que no podrán recibir financiación extranjera.
Libia tiene previsto celebrar elecciones generales a una Asamblea Legislativa de Transición el próximo mes de junio.
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