6 de mayo 2012- El Tribunal Supremo de Israel ha criticado este domingo al Gobierno por no cumplir con su compromiso legal para demoler un asentamiento en Cisjordania, al pedir a la Corte que reconsidere su decisión, según recoge el diario ‘Haaretz’.
Durante una audiencia celebrada para estudiar la solicitud realizada por el Estado para que reconsidere el dictamen que ordena la demolición de los asentamientos declarados ilegales, construidos en el barrio Ulpana que forma parte del asentamiento Cisjordano de Beit El, el juez, Uzi Fogelman ha dicho, “cuando el Estado afirma que va a hacer algo no imaginamos que no se hará”. “Ese es el respeto entre los poderes”, ha añadido.
El viernes pasado el Gobierno solicitó al Tribunal que reconsiderase su decisión de evacuar y demoler cinco edificios de Ulpana, que habían sido construidos en tierras privadas palestinas. El Estado ha aludido a los problemas que puede acarrear para los residentes de Beir El.
Anteriormente el Gobierno se había comprometido ante el Tribunal a aplicar las órdenes de demolición de los edificios vecinos, pero el mes pasado pidió un plazo de 90 días para reevaluar su política de hacer cumplir las órdenes de demolición de las construcciones ilegales en Cisjordania ya que combina consideraciones estratégicas, públicas y operativas.
“La pregunta es si existe un precedente para la apertura de un caso y el cambio de la política después de que se haya emitido el fallo”, ha indicado Fogelman. “Esto significa que en cientos de casos del Tribunal Superior el Estado va a afirmar que sus políticas han cambiado. Esto tiene muchas implicaciones”, ha agregado.
Fogelman ha hecho hincapié en que el Estado se ha comprometido a evacuar los edificios. “No sólo como un compromiso voluntario para conseguir algo fuera de la agenda. Esto implica un gran compromiso”, ha insistido.
La solicitud del Estado ha estado respaldada por el Fiscal General, Yehuda Weinstein. Sin embargo, juristas de alto nivel han negado el apoyo a Weinstein.
El magistrado, Salim Jubran, también ha afirmado que le resulta difícil aceptar las afirmaciones del Estado. “Las solicitudes inusuales se han convertido en rutina. Esto es legal y públicamente malsano”, ha señalado. “¿Qué opciones habrá dentro de 60 días? Se ha dictado sentencia”, ha añadido.
Por su parte, Michael Sfard, el abogado que presentó la petición de los propietarios de tierras palestinas con el grupo de Derechos Humanos Yesh Din, ha indicado durante la audiencia que “la Fiscalía del Estado no representa el interés público en este caso sino intereses más bien políticos”. El jueves, Sfard dijo que la solicitud del Estado equivalía a un desacato al Tribunal.
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