40 parlamentarios y activistas de 19 países lanzaron una campaña mundial
HILLEL NEUER/ MIAMI HERALD/PORISRAEL.ORG
GINEBRA – Un año después de que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU finalmente removiera al régimen del coronel Qaddafi, el organismo está planeando tranquilamente elegir a Hugo Chávez, testeando el compromiso de la Administración Obama de mantener a los abusadores fuera del Consejo de Derechos Humanos de 47 naciones.
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La puja de Venezuela por sumarse al máximo organismo de derechos humanos luce especialmente absurda a la luz de la admisión reciente de Eladio Aponte, ex juez de la sala penal del tribunal supremo de justicia del país, de que veredictos en casos políticamente sensibles son enteramente orquestados por oficiales del gobierno.
Fue precisamente para evitar la influencia de semejantes regímenes corruptos que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en primer lugar. En 2005, el entonces titular de la ONU Kofi Annan admitió que el órgano predecesor estaba infectado por un déficit masivo de credibilidad, con miembros uniéndose sólo para escudar sus crónicas de abuso, causando “politización”, “selectividad” y un “profesionalismo en declive”, todo lo cual “echa una sombra sobre la reputación del sistema de las Naciones Unidas en su totalidad”.
El foro reorganizado, declaró la ONU en 2006, sólo elegiría a aquellos países que “sustentan los más elevados estándares en la promoción y protección de derechos humanos”.
Pero seis años más tarde, miembros del consejo nuevo y mejorado incluyen rutinariamente a tales violadores seriales de derechos humanos como Cuba, China y Arabia Saudita. Ellos y sus aliados gozan de impunidad. Cuando el fiscal, juez y jurado son los propios perpetradores, la justicia se transforma en una broma.
Si Chávez es electo, por una votación de la Asamblea General esperada para el otoño boreal, la ONU conferirá legitimidad a un autócrata enfermo que sistemáticamente acosa a periodistas, jueces, activistas de derechos humanos y líderes estudiantiles, un hombre que apoya a los carniceros de Siria e Irán, tal como respaldó al “hermano” Qaddafi hasta el amargo final.
Dado que los límites a los períodos del consejo requieren que China, Cuba y Rusia se bajen el año próximo, la candidatura de Venezuela es una movida estratégica por parte del bloque autoritario, diseñada para frenar la capacidad de occidente de adoptar medidas por las víctimas en Homs, Teherán y otras partes.
En un acuerdo de trastienda, el grupo latinoamericano preparó una lista de tres candidatos elegibles para completar tres asientos disponibles. El resultado: elecciones sin competencia; un ejercicio completamente vacío.
Aunque los países no están obligados a ratificar la elección de los latinos, la historia muestra que cuando se enfrentan con una misma cantidad de candidatos y asientos –como cuando la Libia de Qaddafi se postuló en una candidatura africana fija en 2010- esto es exactamente lo que harán.
Introduzcamos a los Estados Unidos.
En un importante discurso de política dado en enero ante el Consejo para las Relaciones Exteriores, el embajador estadounidense para la reforma de la ONU Joseph Torsella declaró que la Administración buscaría “forjar una nueva coalición en la ONU en Nueva York, un tipo de ´comité de credibilidad´ para promover elecciones verdaderamente competitivas, aplicación rigurosa del criterio de membresía, y otras reformas con el objeto de mantener a los peores ofensores en los márgenes”; con un dedo específico señalando al Consejo de Derechos Humanos.
Chávez ahora ha arrojado el guante. Para detenerlo, la Secretaria de Estado Hillary Clinton debe persuadir a un país latinoamericano con un récord decente de derechos humanos a postularse, y luego a hacer lobby por él.
No será fácil. La postura anti-occidental de Chávez complace a varios estados africanos, asiáticos y mesoorientales. Los ofrecimientos de Venezuela de asistencia con fondos del petróleo también harán sentir su peso.
Sin embargo, recientes competencias en la ONU han mostrado que, cuando se les ofrece una alternativa, la mayoría de los países saltearán a Chávez.
Y los temas de discusión de su campaña -detallados en un documento venezolano presentado recientemente a la ONU- ciertamente suenan huecos.
“La República Bolivariana de Venezuela”, se nos dice, “es un estado social y democrático que respeta los derechos y la justicia”. Los venezolanos viven bajo “una de las constituciones más avanzadas en el mundo”, gozando “el total ejercicio de libertades políticas”, las cuales “no tienen precedentes en la historia de la república”.
Informes de grupos independientes de derechos humanos cuentan una historia muy diferente. UN Watch y otras 25 organizaciones no-gubernamentales circularon una respuesta condenando a Venezuela por violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, en tanto que Venezuela se compromete en su presentación ante la ONU a “aumentar el acceso al sistema de administración de justicia”, y a sostener “diálogo constructivo” con expertos de la ONU, un caso reciente y notorio prueba lo opuesto por completo.
En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni tuvo el coraje de liberar a un prisionero político y opositor a Chávez cuya detención había sido declarada arbitraria por un panel de expertos de la ONU.
Chávez inmediatamente arrojó a la jueza Afiuni a la prisión, llamándola “bandida” en la televisión nacional. Ella sufrió abuso y daños a su salud. Hoy en día está bajo arresto domiciliario, sólo recientemente se le permitió obtener tratamiento en un hospital de cáncer. Las nuevas revelaciones por parte del juez Aponte tan sólo confirman la magnitud de la podredumbre.
Este es el récord real de derechos humanos en la Venezuela de hoy día.
Al declarar una nueva política, Estados Unidos enfatizó que los abusadores de las normas internacionales no deberían ser la cara pública de la ONU.
A menos que la Secretaria Clinton actúe ahora, la cara del organismo máximo de derechos humanos de la ONU pronto será la de Hugo Chávez.
Hillel Neuer es director ejecutivo de UN Watch, una organización de derechos humanos asentada en Ginebra.
Stop Chavez: Joint Appeal by Members of Parliament, NGOs & Human Rights Activists
May 2, 2012
We, the undersigned members of parliament, human rights activists and non-governmental organizations, strongly oppose the candidacy of Venezuela for the United Nations Human Rights Council. Having regard to its poor record on human rights protection at home, and its poor record in human rights promotion at the UN, the government of Venezuela fails to meet the minimum membership criteria established by the UN General Assembly. Instead, we urge the UN Human Rights Council to adopt this NGO-drafted Resolution on Venezuelan abuses.
• Matteo Mecacci, Member of Italian Parliament, Chairman of Committee on Democracy, Human Rights and Humanitarian Questions of OSCE Parliamentary Assembly
• Riccardo Migliori, Member of the Italian Parliament, Vice President of the OSCE Parliamentary Assembly
• Denis MacShane, Member of the UK Parliament, former Minister for Europe
• Irwin Cotler, Member of Canadian Parliament, Liberal Critic for Human Rights, Foreign Affairs Subcommittee on International Human Rights
• Michael Danby, Member of Australian Parliament, Committee on Foreign Affairs
• Hillel Neuer, United Nations Watch, Switzerland
• Dr. Yang Jianli, Chinese dissident and former political prisoner, Founder and President of Initiatives for China
• Robert R. LaGamma, President, Council for a Community of Democracies, USA
• Laurence Kwark, Secretary General, Pax Romana, ICMICA/MIIC, Switzerland
• Javier El-Hage, General Counsel, Human Rights Foundation
• Jacob Mchangama, Center for Political Studies, Denmark
• Anyakwee Nsirimovu, Insitute of Human Rights and Humanitarian Law, Nigeria
• Ali AlAhmed, The Gulf Institute, USA
• Nazanin Afshin-Jam, President and Co-Founder, Stop Child Executions, Canada
• John J. Suarez, International Secretary, Cuban Democratic Directorate
• Nguyên Lê Nhân Quyên, Delegate, Vietnamese League for Human Rights, Switzerland
• Dr. Francois Ullmann, President, Ingenieurs du Monde, Switzerland
• Fazal-ur Rehman Afridi, Institut de recherche et d’études stratégiques de Khyber, France
• Hu Ping, Chinese dissident, editor of Beijing Spring, former president of the Chinese Alliance for Democracy
• Christina Fu, New Hope Foundation, President
• Michael Craig, China Rights Network, President
• Huang Hebian, The Alliance of the Guard of Canadian Values
• Mamady Kaba, African Assembly for the Defense of Human Rights (RADHHO), Guinea
• Ann J. Buwalda, Esq., Executive Director, Jubilee Campaign USA
• Ali Egal, Fanole Human Rights & Development Organization (FAHRO), Somalia/Kenya
• Jean Stoner, Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Amina Bouayach, Morrocan Organisation For Human Rights, Morocco
• Faisal Fulad, Gulf European Centre for Human Rights, UK
• Dickson Ntwiga, Executive Director, Solidarity House International, Kenya
• Faisal Hassan, Bahrain Human Rights Watch Society, Bahrain
• Elizabeth Vanardenne, UN Rep, International Federation of Business & Professional Women
• Yang Kuanxing, Chinese dissident, editor of Yibao and original signatory to Charter ‘08, the manifesto calling for political reform in China
• Yuri Dzhibladze, Center for Development of Democracy & Human Rights, Russia
• Huguette Chomski Magnis, Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme, France
• Kabaale G Timothy, African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims, Uganda
• Gibreil I. M. Hamid, President, Darfur Peace and Development Centre, Switzerland
• Dr. Harris O. Schoenberg, President, UN Reform Advocates, USA
• Galina Nechitailo, Vice-President, Environmental Women’s Assembly
www.unwatch.org
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