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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifestó hoy que la decisión de no impedir la evacuación de cinco viviendas en un enclave judío en Cisjordania reforzará la política de asentamientos, que prometió expandir.
El Parlamento israelí (Kneset) rechazó hoy por una amplia mayoría la propuesta presentada por varios diputados de ultraderecha para legalizar retroactivamente cinco edificios en un asentamiento en territorio palestino, en cumplimiento de una sentencia judicial.
“La ley que iba a ser aprobada hoy en la Kneset iba a perjudicar la empresa de los asentamientos. (…) Sin embargo, ahora estos serán reforzados”, declaró el jefe del Ejecutivo israelí en una comparecencia ante los medios en su oficina de Jerusalén.
Netanyahu afirmó que la decisión de no impedir la evacuación de viviendas en el enclave de Ulpana, aledaño al asentamiento de Beit El y situado al norte de Cisjordania, “no ha sido simple ni sencilla, incluso aunque se trate de cinco casas”.
Y abundó en que el Gobierno acata las resoluciones del Supremo: “El Tribunal dictaminó lo que dictaminó y hay que acatar lo que se decide”.
No obstante, y en claro gesto hacia los más de medio millón de colonos judíos residentes en Cisjordania y Jerusalén
Este, Netanyahu señaló que en Beit El permanecerán residiendo 30 familias, a las que se sumarán 300 nuevas.
Asimismo y sin mencionar directamente a los palestinos de la vecina aldea de Dura al Qara que interpusieron la demanda ante el Supremo por la confiscación de sus terrenos, hizo una advertencia a “aquellos que pensaban que pueden utilizar al tribunal” para lograr sus propios propósitos.
“En lugar de reducir la política de los asentamientos, la ampliaremos”, señaló.
De los 120 diputados de la Kneset, 69 votaron contra la propuesta de ley y 22 lo hicieron a favor.
El resto se abstuvo o se ausentó de la sala, entre ellos al menos seis ministros del gobierno que habían dado públicamente su apoyo a la ley pero que se vieron sorprendidos anoche por la amenaza del primer ministro de cesarlos en sus cargos.
La propuesta de ley, conocida como de “regularización” de asentamientos, trataba de impedir la evacuación de 30 familias de sus viviendas en Ulpana.
El Supremo ha dado al gobierno hasta el 1 de julio para evacuarlas por haber sido construidas en parcelas privadas palestinas.
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