A un año de la protesta social en Israel

ESTHER SHABOT/EXCELSIOR

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El verano del 2011 atestiguó la salida masiva de ciudadanos israelíes a las plazas y calles para protestar ante las políticas económicas de su gobierno. La indignación se concentraba en las clases medias sobre cuyos hombros ha recaído tradicionalmente el sostenimiento básico del aparato productivo nacional, las mayores cargas fiscales proporcionalmente, y la pesada y riesgosa responsabilidad de cumplir con el servicio militar obligatorio que para los varones es de tres años y para las mujeres de dos. A pesar de que los indicadores de Israel en cuanto a su situación macroeconómica han sido en los últimos años más que aceptables –considerando los efectos de la crisis del 2008-09 en muchas otras naciones-, para cientos de miles de israelíes la prosperidad de su país poco o nada se reflejaba en sus condiciones de vida diarias. Precios de bienes raíces y de arrendamientos estratosféricos, falta de apoyo gubernamental para el cuidado y educación de infantes menores en familias de padres y madres trabajadores, impuestos enormemente gravosos para esta nutrida clase media a diferencia de lo que ocurría con los sectores de altos ingresos, corporaciones y holdings, que disfrutaban de jugosos privilegios fiscales.

Hace exactamente un año las protestas sociales por esa situación estallaron y hoy, cuando de nuevo existe el impulso por recrear el clima de descontento en función de lo mucho que aún está pendiente por resolver, los cálculos acerca de qué se ha logrado y qué falta dan como resultado una percepción que varía entre “el vaso medio lleno o medio vacío”. En el periódico Haaretz, por ejemplo, se publicó el día de ayer un editorial en el que el balance de lo conseguido a lo largo del año es positivo. Se señala cómo fiscalmente se ha registrado un cambio importante: en lugar de seguir rebajando los impuestos directos, el gobierno los ha elevado para las clases altas al tiempo que ha reducido los impuestos indirectos. En el terreno educativo se ha decidido garantizar la educación pública gratuita para todos los niños a partir de los tres años de edad y crear programas educacionales para niños de tres a nueve años en las áreas más marginadas del país. Se han reducido los aranceles aduanales en textiles, electrónica y alimentos lo cual ha redundado en una modesta baja de precios de artículos de esas ramas. Sin embargo, en cuestión de vivienda nada ha mejorado ya que las unidades habitacionales subsidiadas siguen siendo privilegio casi exclusivo de sectores de población compuestas por ultraortodoxos o por colonos que se establecen en territorio de Cisjordania.

Por otra parte, una encuesta realizada por el Instituto Smith acerca de las percepciones de la población respecto a estos asuntos acaba de revelar que sólo 26% de los israelíes considera que gracias a las movilizaciones de hace un año sus condiciones de vida han mejorado significativamente; 50% piensa que la mejoría ha sido sólo ligera y 24 % expresa que nada ha cambiado para ellos. Los jóvenes constituyen el segmento poblacional más frustrado por la falta de avances y es entre ellos donde actualmente está generándose la energía para renovar el movimiento de protesta.

Analistas y críticos han señalado que la decisión deliberada de los organizadores de las protestas de hace un año de no politizar entonces el tema con objeto de no crear fracturas en el movimiento impidió apuntar de forma clara y directa hacia la raíz de muchas de las distorsiones económicas motivo del descontento, a saber: la altísima proporción de recursos destinados a la empresa colonizadora en Cisjordania, los privilegios económicos de que gozan tanto las grandes corporaciones como sectores de población religiosa ultraortodoxa exenta del servicio militar y poseedora en cambio de subsidios especiales financiados mediante los recursos provenientes de la recaudación fiscal impuesta sobre las clases medias trabajadoras. En otras palabras, esta postura crítica sostiene que el diagnóstico sobre el origen de estas desigualdades debe ser claro y explícito y en ese sentido -señala- es necesario abordarlo de frente si se pretende obtener resultados concretos y sustanciales.