RODICA RADIAN-GORDON/EXCELSIOR
La protesta social en Israel en el último año, retomada con mayor fuerza en las últimas semanas, ha llevado a tener un nuevo balance entre el gobierno y los ciudadanos. Los manifestantes siendo gran parte de ellos de clase media, gente joven y contribuyentes de impuestos, en otras palabras, ciudadanos que se identifican al máximo con el Estado y que forman la base de la sociedad, son los que han expresado su insatisfacción ante el “sistema”. Al lograr, como consecuencia de ello, influir en la agenda política, la sociedad civil ha encontrado su auténtica voz y mostrado que el diálogo con el gobierno constituye más que una participación activa en las elecciones.
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En 2011 las manifestaciones han estado enfocadas principalmente en el problema del alto costo de vida y las crecientes brechas socio-económicas, todo ello bajo la bandera de una mayor “justicia social”. Los efectos inmediatos de dicha protesta se reflejan en la economía israelí, tanto en la política gubernamental como en el consumo personal y en la creciente conciencia de las empresas privadas, que tienen que lidiar con el cambiante entorno de los negocios en Israel.
El gobierno ha adoptado en gran medida las recomendaciones hechas por un comité especial como consecuencia de las manifestaciones y acaba de anunciar su intención de aumentar su déficit a favor del gasto público.
El creciente sentir de empoderamiento por parte de la ciudadanía trajo consigo este verano una agenda compuesta de la continua presión, para cerrar aún más las brechas sociales e incluso lograr un contrapeso equitativo en la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad en el servicio militar. Esto último debido a que, aunque el servicio militar es obligatorio, por razones históricas los jóvenes del sector religioso ultraortodoxo (así como la gran mayoría de los jóvenes árabes-israelíes) están exentos de éste. La ley TAL, cuya vigencia es de diez años, trató —sin gran éxito— de acrecentar la presencia de los religiosos ultraortodoxos en el ejército. Dicha ley obliga al sistema político a abordar el problema, pero es más que evidente que la presión pública, que obviamente proviene de la misma clase media que es la base de la sociedad, tiene ya un efecto considerablemente mayor en la necesidad política de encontrar una resolución urgente.
La mejor prueba de la creciente influencia del movimiento social son los últimos acontecimientos de la incorporación y abandono del partido Kadima, de la coalición liderada por el primer ministro Netanyahu. El principal motivo por el cual se rompió la coalición fue la falta de entendimiento para formular una ley que brindará más equidad en el servicio militar, arriba mencionado. Así, la presión pública resultó en una agenda político-gubernamental focalizada en problemas civiles.
Aunque el nuevo balance de poder entre gobierno y sociedad sigue moldeándose, es evidente que este ejercicio democrático llevará a un mayor empoderamiento civil y a una redefinición común de las metas a seguir. Mi opinión es que una sociedad fortalecida es parte de los pilares necesarios para la seguridad nacional de cualquier país.
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