BENJAMÍN LAUREANO LUNA PARA ENLACE JUDÍO
Palabras del Señor Benjamín Laureano Luna, pronunciadas el 16 de agosto de 2012, ante el Parlamento de Derechos Humanos, que se reunió en el Auditorio Sur, del Edificio “A”, de la H. Cámara de Diputados.
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SEÑORES PARLAMENTARIOS:
Una orgía de robo se lleva a cabo en las tuberías que conducen petróleo, gasolina, gas, diesel, así como en los vehículos que transportan en grandes tanques estos hidrocarburos producidos por la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y, los actos criminales se realizan además, en las instalaciones de las refinerías de Tula, Salamanca, Cadereyta, Ciudad Madero, Salina Cruz y Minatitlán
En un año logran robar 20,000 millones de litros de gasolina.
En el año 2011 se detectaron 1,370 tomas clandestinas en los poliductos de Pemex-Refinación. Pero hay otras tomas aún no identificadas.
La delincuencia organizada en el “cartel negro”, para aumentar el volumen de los energéticos robados, agrega aditivos y otras sustancias al diesel y vende ésta contaminada mezcla con el nombre de “diesel genérico”, produciendo mayor cantidad de contaminantes, en perjuicio de la salud del Pueblo Mexicano. Desde México se exporta a otros países “hidrocarburos genéricos”, es decir robados y adulterados con otras sustancias.: A la gasolina le agregan solvente “L” y al diesel solvente “K”. Hay “empresas” (bandas de ladrones organizadas comercialmente) y proveedores “genéricos”, palabra con la que se oculta el tráfico con hidrocarburos robados adulterados.
El cártel negro compite con Pemex en la venta de gasolina, diesel, incluso en la venta internacional de petróleo crudo. La Armada de México incautó un embarque de 900,928 litros de diesel, pero hay otros embarques que no son reportados porque no $on vi$to$. Desde luego los hidrocarburos que vende el cártel negro son obtenidos por robo a Pemex. A una pipa que transporta hidrocarburos refinados, le son sustraídos cuando menos 10,000 litros y, mientras Pemex vende una pipa a $250,000, la delincuencia organizada la vende en $60,000 pesos.
Funcionarios de la empresa paraestatal participan en el cártel negro, acompañados de líderes sindicales, políticos y empresarios de México, Estados Unidos y Europa.
Entre 2001 y 2011, la periodista Ana Lilia Pérez, descubrió que Pemex fue objeto de 40,000 actos delictivos; el departamento jurídico de Pemex presentó 2,611 denuncias, pero sólo 15 casos concluyeron en sentencia, porque cómplices de la banda de ladrones incrustados en la procuración y administración de justicia, se opusieron a que se descubriera la verdad.
Como Pemex ha sido objeto de ataques vandálicos y de terrorismo, la periodista solicitó a Pemex, le proporcionara información, contestándole que esos actos no existían. Ante la insistencia de la peticionaria, le contestaron que la solicitud estaba fuera del marco de la ley. Tuvo que acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y 10 abogados acudieron a defender a la empresa, afirmando que la información debería estar bajo reserva, pues de lo contrario “se pondría en riesgo la seguridad nacional”, quejándose de que la solicitante abusaba , haciendo “uso excesivo” del Derecho a la Información..
Como Ustedes saben, Señores Parlamentarios, los Derechos y Libertades fundamentales no pueden ser limitados, sólo cuando se ha decretado el “estado de emergencia” y, aún en estado de guerra, subsisten el Derecho a Vivir, el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho a la Alimentación, al Agua, a la Salud, el Derecho a la Libertad y a estar Informado. Relatar los actos de una banda de delincuentes no puede considerarse poner en peligro la seguridad nacional.
Finalmente Ana Lilia Pérez ganó la batalla jurídica y recibió la documentación, que le sirvió de base para redactar su libro “El Cártel Negro”, que circula, pero……fue objeto de demanda por “daño moral”; se le hostilizó y fue objeto de agresiones, al grado que tuvo que exiliarse en Alemania. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaba de dar la razón a la periodista.
Esta banda de ladrones de hidrocarburos, aliada a narcotraficantes y a personajes en el poder, ha invertido mucho dinero para impedir que en México haya cambios. Esta banda está ligada a trasnacionales. En algunos lugares del País, los ductos que conducen los hidrocarburos, están totalmente en manos de los criminales, que con el “oro negro”, han hecho más poderosas a las bandas internas y externas de narcotraficantes. Diversos ex gobernadores han sido encarcelados por narcotráfico, pero no por robar hidrocarburos a Pemex.
Han sido asesinados funcionarios, diversos trabajadores han desaparecido, contratistas han sufrido secuestro, extorsionados y obligados a pagar “derecho de piso” (espacio de tierra para trabajar), robos mediante tecnología especializada. Incluso, los criminales se han apoderado de pozos y el personal obedece instrucciones de los delincuentes.
Estas bandas de ladrones de Pemex, ligadas a intereses extranjeros, exigen que Pemex se privatice.
La Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), productora de gas, -en donde opera la empresa española Repsol-, está convertida en un centro ilegal de abasto que provee a Estados Unidos y Europa.
Pemex es la principal empresa del País y es el soporte de las finanzas de México: Vía impuestos pagó 311 mil millones de dólares. Los enemigos de que México sea autosuficiente en hidrocarburos, frecuentemente afirman que Pemex está quebrado porque tiene que sostener los gastos del Gobierno y, reclaman que se privatice, para convertir en botín la gigantesca riqueza mexicana, que tiene como reservas el enorme yacimiento que se extiende desde Tamaulipas hasta Cuba, apetitoso botín que reclaman las trasnacionales. En realidad, si México combate a los ladrones de hidrocarburos de Pemex y se administra correcta y honestamente, se podrá sanear la economía de la Empresa, y no se requiere que lleguen capitales extranjeros a “salvarla”.
Internamente la delincuencia instala gasolinerías ilegales; zonas para almacenamiento de hidrocarburos clandestinas; tiene su red de pipas propias para distribuir; falsifica permisos y tiene funcionarios que respaldan sus actividades, sin importarle la seguridad de las poblaciones o de los individuos.
En 2010, la empresa “Gracoil” alarmó a los campesinos y a los viajeros que llegaban al aeropuerto de Puerto Vallarta, situado en el poblado “La Boca de Tomates”, Ejido “Las Juntas”, Estado de Jalisco, porque tal empresa construyó clandestinamente dos tanques para almacenamiento de hidrocarburos, cerca del sitio donde aterrizan los aviones y además, en caso de accidente, el derrame de hidrocarburos habría contaminado las tierras de cultivo, lo que originó que los padres de alumnos del Instituto “Pierre Faure”, se organizaran y protestaron, lo que motivó que la empresa quitara sus tanques.
Posteriormente Gracoil instaló clandestinamente dos tanques con capacidad cada uno de 50,000 litros de diesel, en la Avenida de las Palmas 220, junto a un restaurante muy concurrido, y tales instalaciones fueron camufladas con letreros que decían “agua”. Pero la maniobra fue descubierta por el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos.
Por su parte, el denominado Grupo Comercial de México, sin autorización de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCB), intentó establecer un depósito clandestino para la venta de gasolina y diesel, con capacidad de 103,000 litros, también en Puerto Vallarta.
Ante la creciente presión de los delincuentes que adulteran los hidrocarburos que roban a Pemex, la población de Puerto Vallarta, Jal., decidió solicitar apoyo al Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A. C. (FREMEXDEHU), para defender los intereses del Pueblo y evitar que estos depósitos clandestinos de hidrocarburos pusieran en peligro la vida de los habitantes de Puerto Vallarta y del turismo internacional, y además preservar la ecología, pues en caso de accidentes –similares a los que padeció la Ciudad de Guadalajara, Jal.-, se contaminarían las aguas de Ríos , la Bahía de Puerto Vallarta, el mar y miles de especies morirían.
Ante la magnitud del problema fue comisionada la experta Defensora de Derechos Humanos, María Nicolasa García Reynoso, quien al hacerse cargo de la Defensa de los Derechos Humanos de la Población de Puerto Vallarta, Jal., puso en conocimiento de la autoridad municipal este caso, e igualmente informó al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Gobernación, así como a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De inmediato pidió a un Notario Público que diera fé de la existencia de las construcciones clandestinas. Un Perito Ingeniero hizo estudio de mecánica de suelos y concluyó, que el suelo en donde están las clandestinas instalaciones, es arcilloso y con la humedad y el peso de los tanques llenos, hundirían el piso, causando deformación en el suelo que provocaría el derramamiento del contenido de los tanques, contaminando las tierras agrícolas, aguas de ríos, la Bahía y el mar.
Personal que se dijo representante legal empresarial, por la vía telefónica, contactó con la Defensora de Derechos Humanos: primero, diálogo suave, luego, subió el tono, exigiendo y, al final, amenazó y posteriormente desencadenó una serie de intimidaciones.
La Defensa puso al descubierto a funcionarios corruptos a nivel municipal, estatal y federal.
En Los Reyes, Coyoacán, Ciudad de México, los vecinos salieron en agosto de 2012 a manifestarse, protestando en contra de la instalación de una clandestina gasolinería situada en la Calle de Monserrat # 161, esquina con Avenida Aztecas, propiedad de Mini Servicio Jet S.A., la cual carece del permiso necesario, se construyó clandestinamente y pone en riesgo a la comunidad.
La cantidad de petróleo crudo, gasolina, diesel, lubricantes, turbosina, gasavión, gas que los delincuentes roban a Pemex, es de tal magnitud, que permite que compitan comercialmente con Pemex. Se calcula que de cada pipa que transporta gasolina, la delincuencia extrae 10,000 litros y anualmente sustrae 20,000 millones de litros de gasolina. Como el cártel negro vende más barato su botín, Pemex ha sufrido una caída estrepitosa de sus ventas.
Es evidente que era necesario contar con legislación apropiada.
El Diputado Federal, Arturo Zamora Jiménez, enterado de la existencia de los delincuentes del cártel negro, encabezó un movimiento legislativo para reformar el Código Federal Penal, tarea que culminó introduciendo en el Artículo 368, lo relativo a Quáter (personas y cosas), disponiendo el castigo penal al que “Posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados”; pena al que enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición; pena al que suministre gas licuado “con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición”; esta reforma, además, castiga al que “sustraiga o aproveche petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos…”.
La Defensora de Derechos Humanos, María Nicolasa García Reynoso, próximamente hará entrega en Puerto Vallarta, al Diputado Federal, Arturo Zamora Jiménez, la “Presea de Derechos Humanos” que otorga el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos a quienes se significan por sus servicios distinguidos en la causa de los Derechos y Libertades fundamentales.
El H. Congreso de la Unión debe hacer todo su esfuerzo para rescatar a Pemex de la Delincuencia Organizada que integra el “cartel negro”, que se ha apoderado de su ser, la cual, incluso, está aliada al narcotráfico y a empresas trasnacionales que comercian internacionalmente el petróleo mexicano robado, en perjuicio de la economía mexicana. Esta delincuencia es la que exige que se le entregue la totalidad de la riqueza petrolera mexicana mediante privatización, lo que sería un acto suicida, que conduciría a la Nación a su postración económica sometida a colonialismo energético.
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