EXCELSIOR
31 de agosto 2012 – Por unanimidad, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon las pruebas con las que el Movimiento Ciudadano —que impulsa a Andrés Manuel López Obrador— solicitó la anulación de la elección presidencial.
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De los nueve argumentos presentados por el equipo del político tabasqueño, donde intentaron evidenciar compra de votos y uso indebido de encuestas o publicidad encubierta en favor del Partido Revolucionario Institucional, ninguno procedió al ser las pruebas “vagas, genéricas, inoperantes, ineficaces e insuficientes”.
Después de la sesión de ayer, queda pendiente el cómputo final y la calificación de validez de la elección presidencial, la cual se deberá resolver, a más tardar, el 6 de septiembre.
Por lo pronto, el Tribunal Electoral citó a sesión para hoy al mediodía.
Hacen trizas la impugnación
Magistrados sentencian que las evidencias de compra de votos, publicidad encubierta y uso indebido de encuestas presentadas por la izquierda fueron “vagas”, “inoperantes”, “genéricas” “ineficaces” e “insuficientes”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por unanimidad todos y cada uno de los argumentos que presentó la coalición Movimiento Progresista para solicitar la nulidad de la elección.
De hecho, el magistrado Salvador Nava Gomar dijo que debe declararse Presidente electo a Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, aun cuando todavía no es validado el proceso electoral del pasado 1 de julio.
Según los argumentos de los magistrados de la Comisión dictaminadora que propuso el proyecto de sentencia, la coalición que abanderó a Andrés Manuel López Obrador sólo aportó indicios leves de presuntas irregularidades, pero no comprobó sus dichos y mucho menos la vinculación con el resultado de la elección.
De este modo, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos declaró infundada la impugnación presentada por la coalición Movimiento Progresista que buscaba anular la elección presidencial.
Después de dar lectura al proyecto de resolución —que tiene un volumen de mil cuartillas—, tomó la palabra el magistrado Salvador Nava Gomar, quien llamó la atención al concluir su participación con la afirmación de que Enrique Peña Nieto era el Presidente electo.
“México tuvo una elección que no debe invalidarse, pues tras el estudio de cada agravio de cada una de las pruebas confirman que los principios constitucionales fueron observados, tuvimos elecciones libres y auténticas, tenemos autoridades electorales robustas y confiables (…) Si ustedes tienen a bien aprobar esta sentencia, México tiene a un Presidente electo en el ciudadano Enrique Peña Nieto.”
Antes había dicho que revisaron exhaustivamente la aseveración de la coalición de que se habían comprado cinco millones de votos, lo cual dijo, no fue acreditado.
Flavio Galván dijo que las pruebas presentadas fueron “vagas”, “inoperantes”, “genéricas” e “imprecisas” y añadió que, “si se demuestra que existe coacción del voto, por supuesto que el voto sería anulado. En este caso no hay pruebas.”
Pedro Esteban Penagos se refirió directamente a los casos Monex y Soriana. Apuntó que “Las tarjetas, está demostrado, fueron entregadas a representantes del propio partido político. Por ello, es evidente que no existen elementos de prueba eficaces y suficientes para inferir que la distribución de estas tarjetas Monex se realizó a la ciudadanía, en general, con el fin de comprar o coaccionar el voto.”
La magistrada María del Carmen Alanís también externó su convicción de que los elementos aportados por Movimiento Progresista no comprobaron irregularidades tales que tuvieran que anularse los comicios.
Además agregó que “esta Sala Superior revisó exhaustivamente todas las pruebas ofrecidas, atendió la demanda, estudió cada uno de los agravios planteados por la coalición, así como los escritos del tercero interesado, el informe circunstanciado del IFE y todos y cada uno de los elementos que se presentaron durante la fase de instrucción.”
En su oportunidad el magistrado Manuel González Oropeza apuntó que “con este juicio se resuelve la fase de impugnaciones sobre los resultados de la elección presidencial. Y así concluye la elección, en mi opinión, más revisada y observada en la historia reciente de nuestro país.”
Para cerrar las ponencias, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos, concluyó que “los agravios contenidos en el juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista en forma alguna han sido acreditados ante esta Sala Superior, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición de nulidad.”
Más adelante se refirió a la imparcialidad del trabajo de los magistrados al subrayar que “reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía de que las decisiones emanadas de este Tribunal presentan un carácter estrictamente jurídico y que solamente atienden a los argumentos esgrimidos y a las pruebas presentadas por las partes.”
El Tribunal citó para hoy a las 12 del día para una sesión en la que se espera se declare la validez de la elección.
Ahora sólo les falta calificar la elección
Con la resolución del juicio de inconformidad resuelto ayer por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, culmina otra fase del proceso electoral.
Ahora queda pendiente el cómputo final y la calificación de validez de la elección presidencial, lo cual se resolverá en los próximos días, a más tardar el 6 de septiembre.
La etapa que termina deja atrás cientos de quejas presentadas ante el TEPJF y resueltas, otras pendientes y procesos que aún no inician, por ejemplo la fiscalización de las campañas y la construcción del libro blanco de las elecciones, que hará el IFE, así como el estudio sobre el voto emitido por los mexicanos el pasado 1 de julio.
La mirada, en el Tribunal
Una vez concluida la jornada electoral del primer domingo de julio, y reunidos los cómputos distritales, la mirada se enfocó hacia el Tribunal Electoral. El 4 de julio el IFE inició el cómputo de los 300 distritos.
Los partidos tuvieron cuatro días para interponer sus impugnaciones. Del 9 al 12 de julio, el Movimiento Progresista y el PAN interpusieron 349 quejas contra los conteos del IFE del miércoles 4 al domingo 8 de julio.
La mayoría de las impugnaciones fueron interpuestas por el Movimiento Progresista, incluida el llamado “recurso madre”, que pide al Tribunal la anulación de la elección presidencial.
Se argumenta falta de equidad en la contienda y rebase de los topes de gastos de campaña del candidato priista Enrique Peña Nieto. Ésta es la queja resuelta ayer por el Tribunal Electoral.
El viernes 24 de agosto, los magistrados resolvieron 293 proyectos de sentencia, y así concluyeron las referentes a cómputos e irregularidades graves en las casillas.
En esa sesión se anularon sólo 524 casillas. Se necesitaban más de 35 mil para anular la elección por irregularidades graves, lo cual no pasó.
El 3 de agosto fue el límite para resolver juicios de inconformidad sobre legisladores. El 15 de este mes se concluyeron todos los juicios para la conformación del Congreso de legisladores de mayoría relativa y el IFE asignó una semana después los escaños y curules por representación proporcional.
Hasta con “la granja”
El 15 de agosto, pese a que sus partidarios presentaron chivos, patos, gallinas y un cerdo como “pruebas” de compra de votos, se negó a López Obrador el carácter de tercer interesado para aportar pruebas en los juicios de inconformidad interpuestos por el Movimiento Progresista.
El Tribunal recontó los votos de mil 125 casillas impugnadas desde el 2 de agosto; y desechó la excitativa de justicia y la petición de un procedimiento excepcional de fiscalización presentados por los partidos PRD-PT y MC para tratar de que las quejas en contra de Peña Nieto y sus gastos de campaña fueran revisados antes de los plazos previstos para la calificación de la elección, para ser incluidos antes del dictamen.
Sentencias controvertidas
Entre julio y agosto, los líderes de los partidos del Movimiento Progresista visitaron en cinco ocasiones a los magistrados para realizar “audiencias de oídas” y exponer sus argumentos y pruebas sobre el presunto “fraude electoral”, mientras que la Coalición Compromiso por México una sola vez.
En estas visitas, el PRD limó asperezas con el magistrado Alejandro Luna Ramos, quien el 29 de noviembre aseguró que “nadie venga a hacer política al Tribunal, pues nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”, idea que repitió el 3 de julio y que originó que el PRD pidiera que no calificara la elección presidencial.
Entre las sentencias controvertidas, está la del 23 de mayo, cuando, por mayoría, los magistrados libraron a López Obrador de ser sancionado por haber revelado su plataforma electoral en el patio del IFE justo el día que pidió su registro como candidato a la Presidencia, lo cual está prohibido.
Durante la discusión de esa sentencia, el magistrado Flavio Galván resumió el asunto al decir que “si el Instituto proporciona todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si propicia esta conducta, pero sobre todo la autoriza, ¿cómo puede sancionar lo autorizado?”
Asimismo, se ordenó sacar del aire el spot en el cual Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, promovía al tabasqueño, y multó a los partidos de izquierda por el repetido anuncio del actor Héctor Bonilla, transmitido en entidades con elecciones locales.
También se consideró legal el acto del presidente Felipe Calderón, quien ante funcionarios bancarios reveló una encuesta presuntamente favorable a la candidata panista Josefina Vázquez Mota, al considerar como libertad de expresión del primer mandatario sus declaraciones a una televisora y a The New York Times.
En pro de la cuota de género
Al inicio de precampañas y campañas, las sentencias más memorables fueron la aprobación de la jurisprudencia para garantizar la cuota de género, el 7 de junio, con lo cual concluyó el esfuerzo de ese órgano para impedir más juanitas. El 2 de febrero se emitió la primera sentencia al respecto.
En tanto, el 6 de junio confirmó la realización de un conteo rápido para el 1 de julio por parte del IFE, luego que lo había revocado en principio el 5 de mayo.
El 24 de abril el Tribunal Electoral validó la negativa para registrar candidaturas independientes y el 23 de marzo aprobó los procesos internos para candidaturas que realizaron los partidos.
El pasado 29 de febrero los magistrados ordenaron al IFE emitir lineamientos para la organización de los debates y el 14 de ese mismo mes validó la elección en Michoacán.
En tanto, sobre las precampañas, el 20 de enero el Tribunal confirmó que los precandidatos únicos no tenían derecho a acceder a los medios electrónicos, pero salvaguardó su libertad de expresión.
Importantísimo para el proceso electoral de este año fue la decisión del TEPJF de requerir a la Cámara de Diputados para que nombrara ya a los consejeros del Instituto Federal Electoral faltantes. El requerimiento se realizó el 30 de noviembre de 2011, cuando ya había iniciado el calendario comicial.
En total, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto más de 23 mil recursos desde octubre pasado, cuando comenzó oficialmente el año electoral, hasta ayer.
De nueve, ninguno
La sentencia del TEPJF desvirtuó cada uno de los alegatos del Movimiento Progresista con los siguientes argumentos:
1.- Compra encubierta de espacio en medios de comunicación. Los partidos de izquierda presentaron “afirmaciones dogmáticas”.
2.- Uso político de las encuestas. Movimiento Progresista no acreditó de qué manera esas empresas manipularon sus cuestionarios.
3.- Financiamiento encubierto con tarjetas de Monex. Se acepta la existencia de miles de tarjetas, pero no el ilícito de compra y coacción de voto.
4.- Tarjetas Soriana. No se comprobó que se vulneró el voto libre. Los contratos evidencian convenios de la empresa con militantes priistas, pero no a la ciudadanía a cambio de su voto.
5.-Gastos excesivos en campaña. Hasta enero próximo el IFE no tendrá listos los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos.
6- Eventos deportivos a favor de Peña Nieto. No se comprobó el nexo de esa tarjeta con la campaña del priista.
7.- Gobiernos estatales intervinieron con recursos. Los medios probatorios no fueron “aptos ni suficientes para acreditar las hipótesis”.
8.- Irregularidades durante la jornada electoral. Los partidos no comprobaron la existencia de los llamados “halconcitos” y los mensajes en teléfonos celulares el día de la elección se consideran “leves indicios.”
9.- Cómputos distritales. Los magistrados desecharon la versión de que hubo anomalías porque se hizo un recuento exhaustivo de casillas.
El IFE, con 5 meses para fiscalización
Una vez que el Tribunal Electoral entregue la constancia de Presidente Electo al candidato ganador, lo cual ocurrirá a más tardar el 6 de septiembre, el IFE inicia otra fase electoral.
Tiene cinco meses para revisar los ingresos y gastos de las campañas para sancionar, en su caso, a quienes hayan cometido irregularidades.
A partir del 8 de octubre, un año después de iniciado el año electoral, los partidos tendrán que entregar sus informes de ingresos y gastos. El Consejo General del IFE puso como fecha límite para dictaminar sobre éstos el 30 de enero de 2013.
Adicionalmente, y una vez concluido el año electoral, el IFE construirá el Libro Blanco de las elecciones, donde plasmará la experiencia sobre el proceso y sus sugerencias a legisladores para mejorar las leyes sobre la materia.
También se prevé que emprenda un estudio sobre la las elecciones, con estadísticas y opiniones sobre cómo mejorar los procedimientos y diseños, así como para entender fenómenos como el voto de jóvenes y mujeres, el voto nulo y en blanco, entre otros.
El año electoral
El 8 de octubre de 2011 inició el año electoral con la actividad de los partidos para definir su método interno de selección de candidatos, lo cual fue informado al IFE el siguiente 22 de octubre.
El 18 de noviembre, la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) solicitó su registro; Compromiso por México inicialmente incluyó al PVEM-PRI y Panal.
El 28 de ese mes, el IFE aprobó las coaliciones y del 5 al 18 de noviembre los partidos registraron a sus precandidatos a senadores, diputados y Presidente.
Las precampañas iniciaron el 18 de diciembre, con la duda sobre precandidaturas únicas y la posibilidad de realizar debates entre precandidatos de un mismo partido.
Las plataformas se entregaron al IFE del 1 al 15 de febrero, cuando inició la llamada “intercampaña”, etapa que también causó controversia, por las dudas sobre lo que se podía y no hacer.
En marzo, previo a que se venciera el plazo, Nueva Alianza informó que salía de Compromiso con México y postularía a sus candidatos a Presidente y legisladores.
El 29 de marzo fue la sesión especial para registrar candidatos. El 30 iniciaron las campañas, que duraron tres meses.
En junio, PAN y PRD denunciaron que el PRI entregó tarjetas para comprar el voto, de Monex y Soriana.
Las campañas concluyeron el 27 de junio y el 1 de julio se realizó la jornada electoral.
Los conteos se realizaron del 4 al 8 de julio. El conteo presidencial duró dos días, es decir, 24 horas más de lo previsto. Se recontó 54.5% de las casillas, histórico para elección presidencial.
De octubre a la conclusión de la jornada, el IFE recibió 255 procedimientos sancionadores, 231 por queja de partidos.
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