España, el Holocausto y la memoria perdida

FÉLIX SANTOS/EL PAÍS

Los aniversarios son como mojones que sirven de referentes para la memoria y la reflexión. Deben ser también ocasión para salir al paso de distorsiones u ocultamientos de acontecimientos del pasado. Hace ahora 70 años Europa se desangraba en una feroz guerra, a la vez que vivía el horror, hasta entonces impensable, de la puesta en marcha de la decisión nazi de exterminar masivamente a los judíos, mediante una minuciosa organización industrial. Estamos en el 70º aniversario de graves acontecimientos a los que España no fue tan ajena como algunos han venido pretendiendo.

A finales de agosto de 1942 se iniciaba la batalla de Stalingrado que se prolongaría hasta finales de enero de 1943 en que el general Von Paulus se rindió ante el Ejército Rojo. Esta derrota de los alemanes en la batalla en la que se luchó con una ferocidad sin precedentes en la historia de las guerras, marcaría el comienzo del declive bélico de la Alemania hitleriana. Mientras la Wehrmacht y el Ejército Rojo se disputaban la ciudad luchando encarnizadamente calle a calle, casa a casa, durante cinco meses decisivos, un contingente militar español, la célebre División Azul, integrada en el Ejército alemán, vistiendo su uniforme y entrenada por oficiales alemanes, combatía a los rusos desde octubre de 1941 cerca de Novgorod.

Otro acontecimiento, de especial gravedad, que comenzó a desarrollarse en 1942, es merecedor de ser recordado. Me refiero a la conocida como “solución final”, la decisión nazi de exterminar físicamente a los judíos de Europa en campos industrialmente diseñados para realizarlo de manera masiva. Esa criminal decisión fue adoptada, como es bien sabido, en la reunión secreta de 14 oficiales de las SS, que tuvo lugar el 20 de enero de 1942 en el palacio de Wansee, a las afueras de Berlín.

A esa estrategia asesina planificada e impulsada por los nazis se sumaron dirigentes políticos de otros países europeos. El pasado 22 de julio, la República Francesa conmemoraba lo ocurrido hace 70 años en el Vel d’Hiv (velódromo de invierno) de París los días 16 y 17 de julio de 1942. La policía francesa, siguiendo las órdenes de las autoridades de Vichy, se sumaba activamente a la política nazi de exterminio de los judíos. Hizo una redada masiva en la que detuvieron a 13.152 personas, incluidos miles de mujeres y niños, que fueron encerrados en esa instalación deportiva y seguidamente trasladados en trenes a campos de exterminio, principalmente a Auschwitz (Polonia) donde la mayoría fueron asesinados en las cámaras de gas. En toda esa operación no intervinieron los nazis. Fue planificada y ejecutada por la policía y la gendarmería francesas.

El discurso de François Hollande sobre “la verdad de lo ocurrido” ha seguido la misma línea del que pronunció Jacques Chirac en el mismo lugar el 16 de julio de 1995, con el que por primera vez reconoció oficialmente que “Francia había cometido lo irreparable”. Hollande reafirmó en su discurso, frente a los que siguen sosteniendo que ese crimen no se puede atribuir a Francia, la necesidad de luchar sin descanso contra toda forma de falsificación de la Historia y expresó la necesidad de que la Shoah se enseñe en todos los centros escolares.

Bélgica también ha pedido perdón oficialmente, por primera vez, por su complicidad en las deportaciones de judíos. A finales del pasado mes de agosto, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Bruselas, el alcalde, Freddy Thielemans, pidió disculpas por la creación en 1940 de un censo que permitió fichar a más de 5.600 judíos y sirvió de gran ayuda a las autoridades alemanas para identificarlos y enviarlos desde Malinas a Auschwitz.

España no llegó a incurrir en aquellos sombríos años cuarenta en un comportamiento criminal que pueda asemejarse a la redada del Vel d’Hiv de París. Pero hizo preparativos que hubieran podido conducir a resultados parecidos a los de Bélgica. El régimen de Franco elaboró también un archivo encaminado a colaborar en el Holocausto. El 13 de mayo de 1941, todos los gobernadores civiles españoles recibieron una circular remitida por la Dirección General de Seguridad, en la que les ordenaban que enviaran a la central informes individuales de “los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia”. La circular estaba firmada por José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, quien poco después sería enviado a Berlín como embajador de España (y posteriormente llegaría a ser nombrado por Franco alcalde de Madrid). Allí entregó a Himmler su lista de 6.000 judíos españoles fichados.

El objetivo de aquella pesquisa policial no era controlar a los judíos que pasaban por España hacia Portugal para allí embarcarse hacia América huyendo de la persecución nazi, sino a los judíos españoles de origen sefardí. “Las personas objeto de la medida que le recomiendo”, decía la circular, “han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefardíes, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidos sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores”.

En la reunión secreta que tuvo lugar en el palacio de Wansee, a las afueras de Berlín, en enero de 1942, que he citado más arriba, se hizo referencia a los 6.000 judíos españoles censados por el Gobierno español, archivo entregado a las autoridades alemanas.

Elaborado ese censo de judíos españoles en fechas en que se debatía la inminente participación oficial de España en la Guerra Mundial junto a la Alemania nazi, esta opción, impulsada por los falangistas, se vio truncada por las complejas circunstancias conocidas, y la iniciada colaboración española con lo que llegaría a conocerse como Holocausto resultó fallida.

Pasado el tiempo, ese censo de los judíos españoles, como toda la documentación comprometedora para el régimen franquista sobre la persecución antisemita de los años cuarenta, fue ocultada y sistemáticamente destruida. Al terminar la II Guerra Mundial, la propaganda franquista intentó, con cierto éxito, hacer creer que la España de Franco había contribuido a la salvación de miles de judíos perseguidos por los nazis. Ha sido la paciente labor investigadora del periodista Jacobo Israel Garzón, la que ha conseguido aflorar el único rastro documental conocido sobre el asunto, casualmente conservado en el Archivo Histórico Nacional, y proveniente del Gobierno Civil de Zaragoza. Lo publicó en la revista Raíces. El periodista Jorge Martínez Reverte prosiguió la indagación y describió la frustrada colaboración del Gobierno de Franco con el Holocausto en un reportaje publicado en EL PAÍS el 20 de junio de 2010, bajo el título La lista de Franco para el Holocausto.

A esta diligente colaboración del régimen de Franco encaminada a propósitos criminales, hay que añadir la pasividad, los silencios y las ocultaciones a la opinión pública española, por parte de las autoridades franquistas, del desarrollo del Holocausto a lo largo de 1942, 1943, 1944 y 1945. Franco tuvo noticia del Holocausto, desde luego a partir de la declaración oficial de los Gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 10 países aliados, del 17 de diciembre de 1942, condenando públicamente la política nazi de exterminio. La prensa española, sometida a estricta censura, no dijo ni media palabra sobre el asunto. Y en agosto de 1944 el diplomático español Ángel Sanz Briz, destinado como embajador en Budapest, envió un informe a las autoridades españolas dando cuenta del exterminio de judíos en Auschwitz. No consta que recibiera respuesta.

Con razón se ha dicho que los crímenes masivos de los nazis no hubieran sido posibles sin la complicidad y los clamorosos silencios y ocultamientos de ciertas autoridades militares, civiles y eclesiásticas de los demás países europeos.