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Agentes de la Policía Nacional han descubierto 28 millones de euros en productos financieros y propiedades inmobiliarias que el expresidente de Egipto Hosni Mubarak, su familia, exministros, funcionarios públicos de alto rango y empresarios afines tenían repartidos por España. Así, hasta treinta individuos. La investigación policial es consecuencia de una comisión rogatoria internacional solicitada por las autoridades de El Cairo, que pedían la localización de muebles e inmuebles, cuentas bancarias, sociedades o cualquier otro bien para proceder a su bloqueo como medida cautelar.
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La citada comisión internacional de auxilio judicial consideraba que estas personas habrían perpetrado varios presuntos delitos, como malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito, que han causado un grave daño al erario de la maltrecha República Árabe de Egipto. Tras la localización de las cuentas bancarias, así como de los bienes muebles e inmuebles, la autoridad judicial solicitó el inmediato bloqueo preventivo de los saldos, la prohibición de disponer de los vehículos registrados y la prohibición y enajenación, también, de cualquier bien inmueble.
De esta manera, las pesquisas correspondientes permitieron bloquear 18,4 millones de euros en productos financieros de tres entidades bancarias españolas; dos inmuebles en la lujosa urbanización La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas, valorados en más de 7.000.000 euros; siete propiedades en Marbella, tasadas en más de 3.000.000, y cinco vehículos de alta gama registrados en Madrid.
Cadena perpetua
El Tribunal Penal de El Cairo condenó a Mubarak en junio a cadena perpetua por su complicidad en el asesinato de 850 manifestantes durante los 18 días de revueltas que forzaron su salida del poder. Tras ingresar en prisión sufrió una crisis cardiaca.
Precisamente ayer, el Tribunal Constitucional anuló la extradición a Egipto de Hussein Salem Fawzi, empresario amigo de Mubarak, reclamado por la Justicia egipcia. Salem tiene nacionalidad española, y, como España y Egipto no tienen firmado un tratado de extradición, la norma que rige es la que prohíbe la entrega de nacionales a terceros países.
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