EL MUNDO.ES
15 de diciembre 2012.-Con las magulladuras de tres semanas de protestas, el país más poblado del mundo árabe ha inaugurado hoy el primero de los dos sábados que decidirán su futuro constitucional. 26 de los 51 millones de egipcios con derecho a voto están llamados a pronunciarse sobre una Carta Magna aprobada precipitadamente por la mayoría islamista y rechazada por la oposición laica.
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“Votaré, sí. Egipto es un país recién nacido a la democracia y queremos democracia pero dentro de los límites de la sharia (legislación islámica)”, explica a ELMUNDO.es Ibrahim Saber, de 37 años, mientras espera cargado de paciencia a las puertas de un centro de votación del humilde barrio cairota de Rod el Farag. “Me he leído la Constitución y me gustan especialmente los artículos relacionados con la libertad. A partir de ahora la policía no podrá arrestarnos sin permiso del fiscal”, confiesa.
“La Constitución nos dará la estabilidad. No la he leído pero no quiero volver al punto cero. Tenemos que progresar”, agrega Mohamed Imbali, un empleado del ferrocarril en este distrito popular olvidado por el desarrollo económico de los últimos años de la dictadura y bastión de la amplia red de caridad de los islamistas. Y si el ‘sí’ y la esperanza de una vida mejor triunfa entre los sectores más modestos, el ‘no’ tiene su caladero entre los vecinos del acomodado Heliópolis, cerca del palacio presidencial.
“No me gusta la Constitución. Limita la independencia judicial, la libertad de expresión y permite el matrimonio infantil”, grita la coqueta Randa Yusef, directora de guardería de 46 años en la cola de mujeres que ocupa una acera junto a joyerías y tiendas de comestibles.
Los colegios electorales abrieron a las 08.00 hora local (07.00 hora española) y se desarrolla con normalidad. El presidente egipcio, Mohamed Mursi, ejerció su derecho al voto a primera hora de la mañana en una escuela del acomodado barrio de Masr Guedida.
Por su parte, la oposición ha acusado a los Hermanos Musulmanes de querer trucar el resultado de la votación y han hecho alusión a numerosas “violaciones”, según un comunicado del Frente de Salvación Nacional.
Un plebiscito en tiempo récord
La celebración de este referéndum es la culminación de un trepidante sprint. El 22 de noviembre el presidente blindó judicialmente la Asamblea Constituyente y la salvó de la amenaza de un fallo del Tribunal Constitucional. Una semana más tarde, los islamistas aprobaron el texto fundamental ante la desbandada de laicos y cristianos. Y ni las manifestaciones opositoras ni los choques entre partidarios y detractores de Mursi que dejaron 11 muertos y más de 700 heridos ni el boicot de los jueces han logrado detener la consulta.
Para sortear el plantón de una parte de los magistrados, el referéndum se divide en dos fases: En la primera, que tiene lugar este sábado, votan 10 provincias, entre ellas El Cairo y Alejandría; y la próxima semana el turno será para las restantes 17 provincias, entre ellas Giza, Luxor, Suez, Port Said o Ismailiya.
La primera fase será supervisada por 7.000 jueces y protegida por 380.000 agentes de la policía y las Fuerzas Armadas. Por decreto presidencial, los militares participarán junto a la policía para mantener el orden con potestad para arrestar civiles hasta el anuncio de los resultados del referéndum.
Compuesta de 236 artículos, el proyecto de Constitución ha suscitado una clara división: Los Hermanos Musulmanes, sus aliados salafistas (rigoristas) y el resto de partidos islamistas defienden las bondades del texto para sepultar 22 meses de transición democrática mientras que el opositor Frente de Salvación Nacional que lidera el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei pide el ‘no’ a una Carta Magna que –a su juicio- no representa a todos los egipcios y ha sido aprobada sin consenso social.
La ‘sharia’
En relación con la Constitución de 1971, el nuevo texto conserva intacto el artículo número 2 que establece que “los principios de la ‘sharia’ (legislación islámica) son la principal fuente de legislación”. Pero, como concesión a los ultraconservadores salafistas, introduce el artículo 219, que precisa que los principios de la ‘sharia’ incluyen las normas fundamentales, las reglas de jurisprudencia y las fuentes fiables y aceptadas por la doctrina suní y la comunidad en general.
El texto también señala que la Universidad de Al Azhar –la institución más prestigiosa del islam suní- supervisará toda ley que afecte a la ‘sharia’. Y señala la obligación del Estado de velar por “la ética, moral y orden públicos” en lo que algunos activistas han calificado como la puerta hacia la creación de una policía moral.
Libertad de credo
Se reduce la libertad de credo a las tres religiones monoteístas: islam, cristianismo y judaísmo. La Constitución también señala que cristianos y judíos se guiarán por su propia legislación en las leyes de estatus personal, asuntos religiosos y elección de sus líderes espirituales.
Libertad de expresión
La Constitución sostiene que la libertad de expresión debe ser protegida. Sin embargo, prohíbe el insulto contra personas físicas y “los profetas”. Unas objeciones que algunas organizaciones consideran carta blanca para la censura.
Mujer
“Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes sin discriminación”, dice el artículo 33 sin aportar más precisiones como los motivos de discriminación –religión, origen y sexo-. Además de no reconocer la igualdad de género, mantiene parte del articulado de la Carta Magna de 1971 al convertir al Estado en garante del “equilibrio entre los deberes familiares y laborales de la mujer” y defensor de “la verdadera naturaleza de la familia egipcia”.
No obstante, desaparece la vieja cláusula de que las autoridades deben asegurar además “la igualdad con el hombre en los ámbitos político, social, cultural y económico sin vulnerar las reglas de la jurisprudencia islámica”. El texto no incluye una prohibición expresa del tráfico de mujeres ni del matrimonio infantil.
Fuerzas Armadas
El Ejército, cuyo emporio económico representa hasta el 40 por ciento del PIB local, queda fuera de la auditoría del parlamento. El Consejo de Defensa Nacional será el encargado de supervisar el presupuesto y las leyes de las Fuerzas Armadas. Está formado por representantes del Gobierno y mayoría de militares.
El titular de Defensa, quien es a su vez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, seguirá siendo elegido por los propios generales. Y los criticados tribunales castrenses, que procesaron a más de 12.000 civiles durante la transición, podrán juzgar a aquellos ciudadanos que “dañen a las Fuerzas Armadas”.
Presidente
La Constitución fija dos mandatos consecutivos de cuatro años como el máximo que puede permanecer en el cargo un jefe de Estado. El sistema de Gobierno es semi presidencialista.
El presidente es el encargado de designar al primer ministro pero para ello necesita el plácet del parlamento. Además es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y solo podrá declarar la guerra o enviar tropas al extranjero tras consultarlo con el Consejo de Defensa Nacional y tener la aprobación del parlamento. El presidente, con la aprobación del sistema bicameral, podrá firmar tratados y convenios internacional siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución.
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