EZRA SHABOT/ EL UNIVERSAL
Las primeras dos semanas del gobierno de Enrique Peña Nieto se han caracterizado por la intensidad de sus acciones, en un intento por aprovechar el capital político obtenido en la elección, y la disposición inicial de la oposición a colaborar con un nuevo gobierno interesado en escuchar y aceptar propuestas y reservas sobre distintos asuntos. Los temas económicos, educativos, y de inclusión política, han sido el eje de estas dos primeras semanas del retorno del PRI a Los Pinos. Sin descalificaciones a la administración anterior, al menos por parte de los funcionarios del nuevo gobierno, el trabajo político ha derivado no sólo en el llamado Pacto por México, sino en las acciones concretas derivadas del mismo.
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La reformulación de la ley orgánica de la administración pública para que el Congreso tenga mayores facultades en la supervisión de los funcionarios encargados de la seguridad, se interpreta como una concesión del gobierno priísta para con la oposición, con la intención de demostrar que no se trata de imponer posiciones incluso cuando se tiene la mayoría parlamentaria para ello. La aprobación del proyecto de transformación educativa, que implica necesariamente una reforma constitucional, requería de una mayoría calificada y por lo tanto del concurso de la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles.
La incorporación del PRD representa un logro importante para Peña, pero también para un Jesús Zambrano dispuesto a reconstruir el proyecto de la izquierda sin la presencia del extremismo lópezobradorista, y ofreciendo a sus militantes y electores una visión diferente de la capacidad del partido para construir acuerdos y participar en el ejercicio del poder. Es este otro paso más en la ruta hacia la ruptura con el grupo afín a Morena y a Andrés Manuel. El alejamiento de esas posiciones en el asunto educativo, pone al PRD de los Chuchos en una coyuntura de confrontación con los sectores radicales ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en algo que eventualmente generará un conflicto mayor.
Para Gustavo Madero en el PAN el escenario es similar. Ante las presiones de los calderonistas y el propio ex presidente, Madero busca su legitimación personal a través de la demostración de su capacidad negociadora con Peña Nieto y el PRI. Lo que no pudo hacer Calderón en seis años, o sea sacar acuerdos profundos, el hoy presidente de Acción Nacional quiere conseguirlo y así prolongar su liderazgo partidario más allá del mes de noviembre cuando concluye su periodo. El PAN requiere de redefiniciones y Madero intenta dirigirlas.
El clima de unidad nacional en lo político y educativo, se pondrá a prueba en el momento en que se instrumente la reforma hacendaria que necesariamente implique un aumento en la recaudación por la vía de la eliminación de privilegios fiscales, pero también a través de gravámenes al consumo que afectarán a grandes sectores de la población del país. La desmitificación de la intocabilidad del IVA tendrá un costo político para el gobierno y su partido, pero también para aquellos que necesariamente lo acompañen en este difícil camino hacia un México con capacidad de gozar de autonomía presupuestal más allá de los ingresos que proporciona la renta petrolera.
Este momento ideal en donde los astros políticos se alinean para que Peña consiga echar a andar sus principales acciones de gobierno, no se prolongará por mucho tiempo. Una vez que la época de elecciones estatales comience durante el 2013, los intereses partidarios y las negociaciones parlamentarias entrarán en contradicción, y la posibilidad de llegar a acuerdos disminuirá sensiblemente. Por ello la urgencia de sacar los temas más complicados en estos primeros días de gestión, y seguramente durante las primeras semanas del 2013, cuando el asunto de la reforma fiscal se vuelva apremiante. Hay que hacerlo bien y con la menor cantidad de heridos posibles durante su proceso de instrumentación.
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