Televisión Pública

EZRA SHABOT/EXPRESIONLIBRE.ORG

La discusión sobre el papel de los medios de comunicación en esta era de rápido desarrollo tecnológico, obliga a definir claramente la estrategia a seguir en lo concerniente a la televisión como instrumento de transmisión de contendidos de todo tipo en función del poder económico y político que este medio posee, independientemente de la aparición de otras formas de comunicación entre la propia sociedad. La televisión como negocio y como aparato de influencia política capaz de modificar posiciones en uno u otro sentido en la ciudadanía, no puede ser un área en donde no exista una política de Estado en cuanto al crecimiento y desarrollo de este medio, así como en lo relacionado a la difusión de ciertas temáticas que pueden dañar directamente a determinados sectores de la población.

No se trata de censura o limitaciones a la libertad de expresión como sucedía en el pasado. Sin embargo, es claro que actitudes irresponsables o de venganza personal o política por parte de conductores o concesionarios, son capaces de destruir irreparablemente la vida de personas que pueden o no ser responsables de esos actos. La televisión no puede sustituir a la ley, ni limitar el derecho mismo de los afectados a defenderse de determinadas imputaciones en condiciones de equidad. Es por ello que al estar por legislarse una nueva Ley General de Telecomunicaciones con implicaciones de otro tipo, no debe olvidarse el poder real de este medio para apoyar o dañar a las personas e instituciones.

En este contexto, la necesidad de una tercera o cuarta cadena de televisión en el marco del proceso de digitalización se vuelve indispensable. Más competencia y disputa por espacios publicitarios, así como más opciones para los televidentes, pero también para quienes trabajan en ese medio y que ven sus posibilidades laborales restringidas y con la amenaza siempre de perder la chamba sin tener otras alternativas para recuperarla. Y es aquí donde la transformación de la estructura televisiva abre la puerta a la opción pública, que ha venido construyéndose en últimos años.

Durante el México del autoritarismo, lo estatal y lo público era asumido como unidad. La televisión estatal, que todavía existe en las entidades del país, se dedicaba a reproducir el mensaje gubernamental de manera acrítica y haciendo una apología del presidente, sus actos de gobierno y, por tanto, cancelando toda posibilidad de pluralidad política e ideológica, dentro de un discurso único e infalible. La transformación de la televisión estatal en pública, como parte del proceso de democratización del país, fue alejándose cada vez más del discurso oficial para permitir voces disidentes, generando programas con contenidos de calidad capaces de superar aquellos que creaba la televisión privada.

Hablar de una tercera cadena nacional teniendo como eje la cobertura de Once TV México del IPN, y a partir de ahí el resto de la televisión pública mexicana, demanda un cambio fundamental en la legislación para que se permita un determinado nivel de comercialización que le dé viabilidad económica más allá del financiamiento público. Estos cambios en la operación de la televisión pública se han dado a nivel internacional, lo que ha permitido su crecimiento y consolidación.

De la misma forma, es indispensable la creación de un “ente autónomo de medios públicos”, que cancele los últimos instrumentos de control por parte del gobierno sobre los medios todavía considerados estatales, para darles vida propia ajena a los vaivenes de la vida política nacional, y construir así el carácter ciudadano que hoy tienen el IFE y el IFAI, entre otras instituciones. Una televisión pública rentable, de calidad, pero ajena al concepto del negocio privado y separada de los intereses de cada gobierno en turno, es viable en el México de hoy. Para ello se requiere decisión, y la voluntad política para lograrlo.