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“Perseguido por un ejército feroz, un hombre loco de pánico corre hacia un castillo, cruza el foso sobre el puente que se eleva tras de él y pasa la puerta cerrada a su espalda, a salvo del peligro. Ese es el amparo”, clamaba con emoción el maestro Vicente Peniche López al iniciar el curso de Garantías y Amparo en la Vieja Facultad de San Ildefonso y Argentina.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el miércoles un amparo “liso y llano” a la ciudadana francesa Florence Cassez, que cumplía una sentencia de 60 años de cárcel por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Figura decisiva en la polémica para llegar a ese fallo fue la ministra Olga Sánchez Cordero, con quien hablé cuando tranquila y segura salía de la sala donde surgió la noticia que estremeció a México y a Francia.
“Cuando llegué a la sesión era una votación muy incierta”, me dijo la ministra. “Yo no sabía realmente cómo iban a votar algunos ministros; si iban a cambiar de posición, si Arturo Zaldívar se iba adherir a mi proyecto o si José Ramón iba acercar su postura, o si el ministro Gutiérrez Ortiz Mena iba a votar en favor de mi proyecto, en favor de la postura del ministro Cossío o en favor de la postura del Ministro Zaldívar; entonces, para mi fue una situación en materia de votación bastante incierta, pero cuando empezaron las intervenciones de los señores ministros, el ministro Zaldívar sostuvo su proyecto con el que yo estuve de acuerdo desde marzo del año pasado, el ministro Cossío también sostenía su posición que había manifestado en marzo pasado y desde luego el que se acercó más fue el ministro Pardo Rebolledo, el ministro presidente, pero cuando el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se decide por el proyecto del ministro Zaldívar en términos muy generales, entonces yo retomo mi posición original de marzo pasado y por supuesto estaba de acuerdo con el ministro Zaldívar y por supuesto propuse retomar las consideraciones de ministro Zaldívar y proponer como hacia en aquella ocasión, la inmediata libertad de Florence Cassez”.
“No es un cambio de opinión mío. Yo lo manifesté desde marzo pasado, esto fue para tratar de sumar votos y acercar posiciones. Yo creo que es obligación del Estado el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo por supuesto los extranjeros que se encuentran en nuestro país y sujetos a un proceso penal. A Florence Cassez se le habían violado gravemente sus derechos a la presunción de inocencia, a la puesta a disposición inmediata al Ministerio Público y su derecho a la defensa, así como el derecho que tiene a la asistencia consular, por lo tanto, en esta violación grave de sus derechos, aunada y agravada también por la recreación del acto televisado, no había más que respetar esos derechos, es obligación de un Estado democrático y constitucional”.
Le pregunté si el montaje televisivo pesó en el dictamen de la Suprema Corte: “Definitivamente, así es, porque influyó en primer lugar en la violación a su derecho de puesta a disposición inmediata, a su derecho de presunción y de asistencia consular”.
¿Hubo presión por parte del gobierno de Francia sobre los ministros de la Suprema Corte? “Ninguna, absolutamente ninguna y lo puedo decir categóricamente”. Hubo en cambio una fuerte corriente de opinión en contra de tu postura: “Mira, nosotros los jueces constitucionales no decidimos por la corriente de opiniones”. ¿Estás satisfecha? “Hice lo correcto”.
Así se cierra un capítulo vergonzoso de la investigación criminal manipulada y el proceso jurídico torcido, conductas practicadas con impunidad y cinismo en el sexenio pasado, como prueban varios Bucarelis, entre ellos, el titulado “Hora de irse, don Genaro” (26 de marzo 2012) referido a García Luna, autor y encubridor de la telepantomima causante del estrepitoso enredo y el desprestigio internacional, por lo que deben responder él y los miembros de su staff. Los denuncié cuando los abusivos eran poderosos, no en esta hora de traidores. La soberbia es madre de constantes delitos y la falta de castigo alienta la reincidencia y la emulación.
Olga Sánchez Cordero y sus colegas cumplieron porque el amparo nos protege a usted y a mí de la violación de nuestros derechos cometida por una autoridad. Si por eso una presunta delincuente quedó libre, la culpa no es de los jueces sino de los imaginativos y vanidosos investigadores, más preocupados del espectáculo que de los intereses nacionales puestos a su cuidado.
Es comprensible el descontento de una sociedad agraviada por la delincuencia y su deseo legítimo de justicia.
Nomás, no nos equivoquemos de culpables.
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