EL PAÍS/
Un informe independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y publicado ayer, acusa a Israel de emplear la construcción de asentamientos de colonos para anexionarse de forma lenta e inexorable las zonas ocupadas en Cisjordania y el este de Jerusalén, lo que supone una violación de múltiples leyes internacionales y podría considerarse un crimen de guerra, por el cual la Autoridad Palestina tendría la potestad de acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya. Por ello, ese organismo de la ONU le exige al Gobierno israelí que detenga urgentemente la expansión de todos los asentamientos y retire al más de medio millón de colonos judíos que habitan en la zona ocupada palestina.
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“El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el este de Jerusalén, ha creado un red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión, que impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable y daña el derecho de la ciudadanía palestina a la autodeterminación”, asegura el informe, encargado en 2012 por la Comisión a tres expertas independientes. “Israel, en cumplimiento del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, debe acabar con todos los asentamientos sin precondiciones. Además debe iniciar de forma inmediata el proceso de retirada de todos los asentamientos de los territorios ocupados palestinos”, añade.
El Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, describe las protecciones debidas a la población civil en tiempo de guerra. En su artículo 49 asegura: “La potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. Desde que en la guerra de 1967 se anexionara, entre otras zonas, la franja de Gaza y la margen occidental del río Jordan, Israel ha construido en este último territorio 250 asentamientos, incluidas varias colonias en Jerusalén este. En ellas habitan más de 520.000 judíos. Israel desmanteló todos sus asentamientos en Gaza en 2005, después de que su parlamento votara a favor de acabar con la ocupación de esa franja.
Cuando la Comisión encargó el informe, Israel anunció que no cooperaría con sus autores. “El único modo de resolver todos los asuntos pendientes entre Israel y los palestinos, incluido el de los asentamientos, es a través de negociaciones directas sin precondiciones”, asegura Yigal Palmor, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. “Medidas contraproducentes, como este informe que tenemos ante nosotros, sólo entorpecerán los esfuerzos por encontrar una solución sostenible al conflicto árabe-israelí. Tristemente, el Consejo de Derechos Humanos se distingue por sus visiones parciales y tendenciosas sobre Israel. Este último informe es sólo un desafortunado recordatorio de ello”. En el mismo día en el que el Consejo de la ONU hizo público su informe, el ministerio de Defensa israelí aprobó la construcción de 346 nuevas viviendas dentro de Cisjordania.
La retirada de Cisjordania implicaría el desmantelamiento de un muro divisorio, que se comenzó a construir a principios de la década pasada, cuya extensión prevista es de 700 kilómetros y que discurre de forma sinuosa dentro de territorio palestino. El Consejo, además, insta a Israel a compensar a los palestinos que se hayan visto afectados por la ocupación y le exige a la empresa privada que deje de suministrar bienes y servicios a los asentamientos dentro de Cisjordania, “para asegurarse de que no está teniendo un impacto adverso sobre los derechos de la ciudadanía palestina, en conformidad con el derecho internacional”.
“El informe no sólo diagnostica un comportamiento ilegal, también ofrece conclusiones y hallazgos adicionales al contexto legal; además, describe las prácticas ilegales de Israel sin ambigüedades”, opina Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. “Todos los asentamientos de Israel son ilegales y se consideran crímenes de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Peal Internacional y con el Cuarto Convenio de Ginebra. Eso significa que Israel es susceptible de ser procesado. El informe reafirma que Israel debe acabar con sus prácticas ilegales, incluida la retirada inmediata y sin condiciones de sus asentamientos del Estado de Palestina”.
Israel debe acabar con todos los asentamientos sin precondiciones
Informe de la Misión Internacional al Consejo de DD HH de la ONU
En noviembre la Asamblea General de la ONU aceptó el ingreso de Palestina como “estado observador no miembro”, lo que reconoció implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel en 1967. La Autoridad Palestina ha entendido, desde entonces, que su nueva situación en la ONU le permite acudir eventualmente al Tribunal Penal Internacional, en el que podría demandar a Israel por la ocupación y la progresiva expansión de los asentamientos. Días después de aquella decisión en la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, autorizó la construcción de más de 3.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén este.
Las autoras del informe —Christine Chanet, Asma Jahangir y Unity Dow— entrevistaron en los pasados meses en Jordania a más de 50 personas, entre las que se hallaban numerosos palestinos a los que la expansión de los asentamientos les ha perjudicado directamente, con la confiscación de tierras, la privación de recursos como el agua y, sobre todo, la violencia a la que recurren numerosos colonos para defender los terrenos que según la ONU usurpan.
Según explicó ayer en conferencia de prensa Chanet, directora del estudio: “Para mantener ese sistema de segregación se necesita un sistema policial estricto y control militar. Se necesitan puestos de control, violación de la libertad de movimiento, privación del acceso a los recursos naturales, demolición de casas y a veces incluso la destrucción de árboles”.
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