EZRA SHABOT/ EL UNIVERSAL
Es cierto que un árbitro en cualquier situación termina por ser cuestionado por quienes se ven afectados por una decisión que los afecta negativamente. Por otra parte, es imposible suponer que un juez puede manejarse con absoluta neutralidad, puesto que esta característica no existe en las relaciones sociales, en donde seres humanos cargados de valores y experiencias no pueden actuar como máquinas a las que se les suministra información y después de procesarla emiten un juicio puro y neutro.
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La dificultad para conformar un órgano electoral como el IFE tuvo su punto más álgido en el momento de elegir a los consejeros que lo integran, y conformar un grupo profesional, conocedor del derecho electoral y que generara los equilibrios necesarios para obtener el reconocimiento por parte de los partidos políticos nacionales. La falta de este último elemento sirvió a López Obrador para intentar deslegitimar la elección del 2006, mientras que, en 2012, con un IFE consensuado entre los partidos, la misma estrategia no le funcionó al político tabasqueño.
La imposición de multas por rebase del tope de gastos de campaña a partir del análisis hecho por la Unidad de Fiscalización del IFE creó una situación en donde la percepción original en el sentido de que la campaña priísta había derrochado recursos y que la distribución de los mismos a través de tarjetas de débito y mecanismos de triangulación era totalmente ilegal fue minimizada. Por el contrario, el desorden contable con el que la coalición PRD-PT- Movimiento Ciudadano presentó sus informes abrió la puerta para la acumulación de gastos que, según el informe, sobrepasaron los máximos según la ley.
Mientras el PRI operó sus gastos con mecanismos que supieron ajustarse al filo de la ley, sin que esto implique que no haya rebasado los topes de la campaña presidencial, la izquierda entregó papeles que fueron considerados insuficientes para justificar el prorrateo de los recursos entre las campañas de presidente, diputados y senadores. En el caso del PRI la decisión del Consejo General del IFE fue muy cerrada, porque para la minoría de consejeros el origen de dichos recursos resulta inexplicable hasta el momento.
La sobrerregulación impuesta por la última reforma electoral al proceso en su conjunto empujó a los partidos a buscar en los mercados paralelos la obtención de dinero, publicidad y espacios de todo tipo. Pretender hoy que el IFE pueda detectar y sancionar todo un entramado financiero sin contar ni con los instrumentos jurídicos, ni mucho menos con los de investigación para llegar al fondo del problema es absurdo. Si lo que hace falta a la coalición de izquierda es presentar correctamente los documentos, pues tan sencillo como que lo haga ya para evitar la multa. Pero pretender dinamitar al IFE cada vez que hay un diferendo profundo es jugar con fuego en una democracia todavía no consolidada.
La interminable descalificación de los jueces electorales por parte de los partidos políticos desde 1997 y hasta la fecha no hace más que demostrar la falta de una cultura democrática en la clase política mexicana. Consejeros elegidos por los partidos políticos en la Cámara de Diputados, bajo el principio de confiabilidad profesional y política, son impugnados a las primeras de cambio cuando una decisión les parece inaceptable. Ni la existencia misma del Tribunal Electoral federal como última instancia para dirimir diferencias es suficiente como para detener la voracidad descalificadora de una clase política, donde una vez unos y otra otros se encargan de querer dinamitar la institución electoral.
Ya en 2007 descabezaron al IFE e impusieron reglamentaciones inoperantes y generadoras de ilegalidad, hoy es momento de reforzar un ente sin el cual la democracia electoral mexicana simplemente no existe.
Analista político
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