El Beneficio de la Duda

Artículo de diciembre de 2012

LEÓN OPALIN PARA ENLACE JUDÍO

En el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) sorprendió la rapidez con que este envió varias iniciativas al Congreso vinculadas con reformas estructurales diferidas durante décadas. La actitud del Ejecutivo es encomiable, y a diferencia de su predecesor, restableció el diálogo con el Poder Legislativo. A su vez, ha sido alentadora la respuesta de las diferentes fuerzas políticas que han mostrado voluntad para aprobar las propuestas del Ejecutivo y hayan firmado el Pacto por México que promovió EPN; en este sentido, habrá que tener presente que el Pacto es un mecanismo político para unificar criterios, empero, no representa un programa económico.

En este contexto, es importante destacar que existe un largo camino por recorrer para concretar las reformas, en virtud de que se requieren cuantiosos recursos económicos para este propósito, no disponibles en el corto plazo. Asimismo, se precisa de el largo plazo para que los cambios aprobados maduren y de que en el proceso de su implementación no se presenten resistencias de orden político por parte de los actores por una insuficiente cultura democrática y vicios difíciles de extirpar, como el de la corrupción. En este sentido, preocupa que en el Congreso existan legisladores con poca o nula experiencia política, y que algunos de ellos tengan antecedentes de actividades ilícitas.

EPN integró su gabinete con tecnócratas experimentados en diferentes áreas de la administración pública, con políticos del viejo Pri, así como con diferentes personas que como resultado de una negociación política para su campaña presidencial, le fueron impuestas por el propio Pri o por intereses de los poderes fácticos; en términos generales, los analistas evalúan al equipo de EPN con mayor capacidad en relación al que formó Felipe Calderón, en el que predominaron sus improvisados amigos. Dada la sinergia que muestra la economía al comienzo del mandato de EPN, no se vislumbra una modificación sustancial en la política económica, empero, si en la forma de gobernar; de aquí la trascendencia de las acciones que ya emprendió en materia de la reestructura administrativa del gobierno para fortalecer su poder y tener mayor margen para enfrentar la amenaza de la inseguridad y la violencia que se vive en el país.

A diferencia de Vicente Fox, que tuvo favorables condiciones políticas, económicas y sociales para hacer de la alternancia un instrumento para promover un crecimiento económico sostenido, el desempeño de EPN estará condicionado, en buena medida, por los acontecimientos del exterior, particularmente por la trayectoria de las cotizaciones internacionales del petróleo y la de la economía de EUA, que no ha logrado consolidar su recuperación.

El amplio margen de votos que EPN tuvo en las pasadas elecciones sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evita que busque legitimizarse en el poder a través del Ejército como lo hizo Felipe Calderón; sin embargo, es previsible que los militares permanezcan en las calles por largo tiempo, en tanto, se logren frutos de la unificación de las policías en el combate contra la delincuencia organizada, sobre todo contra los carteles del narcotráfico, quienes ante el cambio del flujo de drogas de Sudamérica a EUA en las últimas dos décadas, por las políticas de EUA que han obligado a cerrar muchas rutas en el Caribe, han desviado el tráfico a través de México, que adicionalmente se ha convertido en un importante centro de consumo de narcóticos. El cambio de rutas ha intensificado la lucha de las bandas por el control de las mismas, no sólo en las ciudades fronterizas, sino en las del interior de la República.

Uno de los principales retos de EPN es encausar a la economía por la senda del crecimiento sostenido a fin de modernizarla y hacerla más eficiente, lo que será factor primordial para integrar el elevado porcentaje de la fuerza de trabajo que se encuentra en la informalidad, y que de acuerdo a una revaluación de este segmento de la economía por parte del Inegi abarca al 60.0% de la Población Económicamente Activa, más de 29 millones de personas; porcentaje superior a la media de 47.7% de América Latina (133.5 millones). La incorporación de la economía informal a la actividad productiva formal no sólo significará mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos, también proveerá de recursos al fisco para apuntalar las finanzas del sector público; en este ámbito, aunque el déficit primario del gobierno se evalúa como bajo, al sustraer los volátiles ingresos del petróleo y sin considerar la inversión de Pemex, se pone en entredicho la estabilidad económica de México. Igualmente, las finanzas públicas se ven presionadas por los cuantiosos recursos que el gobierno destina para el régimen de pensiones y jubilaciones, que tan sólo en el 2013 representarán una erogación de casi 300,000 millones de pesos para el IMSS y el ISSSTE, (45.2% y 61.7% en cada caso de su presupuesto total) comparado con 135,000 millones en el 2007, además de los fondos que se orientan a los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas y otras entidades federales como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, y Banobras. Los tres principales sistemas federales de pensionados y jubilados significan 3.6 millones de personas. La Reforma Fiscal planeada para el 2013 o el 2014, podría ser un atenuante temporal para evitar una crisis en el sistema, la solución para este problema requiere de una gran creatividad del gobierno para intentar superarlo.

En este marco, es fundamental que la administración de EPN profundice la reforma política para crear un vigoroso Estado de Derecho que elimine la impunidad y fomente una cultura de legalidad.