JACOBO ZABLUDOVSKY
Se cumple un año de la iniciativa de decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que el presidente Enrique Peña Nieto, al cumplir 100 y una noches en la Presidencia de México, envió a la Cámara de Diputados.
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Las 52 páginas del documento de letra apretada a renglón seguido se registra más como un testimonio asombroso por lo que tiene de denuncia que como una simple colección de modificaciones legales. No hay página, desde la primera, donde no se mencione la palabra monopolio: “Se dotará a la Comisión Federal de Competencia la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia, …haciendo más eficaces los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica”.
Un año después cobran actualidad dos frases de Peña Nieto: “En México no hay intereses intocables” y “No venimos solo a administrar, sino a transformar México”, dichas al presentar el estudio jurídico que es, en esencia, un proyecto de gobierno elaborado por constitucionalistas, expertos en derecho penal y administrativo, economistas y estudiosos de la herramienta moderna de la comunicación quienes, durante meses, tal vez mucho antes del inicio del sexenio, sustituyeron un mecanismo obsoleto por una estructura adecuada a un México del siglo XXI. Sin duda fueron innumerables las reuniones de centenares de especialistas respetuosos del secreto que no fue violado aunque sí rodeado de una rumorología que no alcanzó la magnitud de la realidad.
Se abre a la competencia un mundo amurallado durante más de medio siglo en radio, televisión, telefonía y servicio de datos. Los servicios actuales, dice la denuncia, están por debajo de lo que se requiere; numerosos mexicanos viven incomunicados en poblaciones remotas y de menores ingresos porque la inversión prefiere regiones más lucrativas. La telefonía fija y los servicios de banda ancha están entre los más atrasados del mundo, según la OCDE, que atribuye a la falta de competencia una pérdida de casi 2% anual del PIB, impone precios altos a un servicio deficiente y abate la telefonía fija.
Un año y 101 días después, ocho reformas a la Constitución son garantía de no retorno. Se crearon la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los dueños de los medios siguen siendo dueños aunque un poco menos absolutos. Se evitan ya “prácticas desleales o monopólicas… se limita (no tanto como en Gran Bretaña o los Estados Unidos, pero mucho en comparación a lo anterior) la concentración de frecuencias en un mismo mercado y se obliga a la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para cumplir los límites. Son causa de revocación de la concesión… las conductas vinculadas a prácticas monopólicas”.
La iniciativa critica reducir a “las personas a una simple operación mercadológica, como puntos de rating y deben asegurarse los derechos de las audiencias”. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas a través de cualquier medio” y se cancela un negocio antiguo, descarado y perverso, disfrazado tras de falsas agencias “de relaciones” que practicaban algunos concesionarios en complicidad con sus “conductores de noticias”: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Se acabó una mina de oro de corruptos. “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa”; esta prohibición debería extenderse a concesionarios y castigarlos si pretenden imponer censura a conductores o periodistas independientes, porque el pecado empieza en casa. Lo mejor, según lo propuse alguna vez, sería la autonomía de todos los programas de noticias, información y comentarios, poniéndolos al abrigo de intereses ajenos a su función en la sociedad.
Hoy, marzo de 2014, ha pasado un año de la aprobación de la ley transformadora, se han “”disuelto los núcleos monopólicos” y falta otro para la digitalización completa, mientras se licitan las dos cadenas de televisión abierta. Estamos a la mitad del río revuelto de las componendas, claudicaciones y corrupción, cuando la opinión pública ha sido distraída con otros asuntos mientras los enemigos del cambio echan arena al tanque para neutralizar el impulso original. El tiempo opera a favor de los vicios antiguos y contra los cambios. Cuidado con aplazamientos y propuestas dilatorias. Tomemos las lecciones históricas: la ley anterior se aprobó cuando los poderes fácticos beneficiados por ella, ordenaron no se le cambiara ni una coma. La misma orden, emanada ahora de un poder constitucional ejecutivo, debe obedecerse.
Ni una coma. Punto.
Fuente:alianzatex.com
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