JORGE G. CASTAÑEDA
Este viernes tendrá lugar una reunión extraordinaria de cancilleres en la sede de la OEA en Washington para aprobar una serie de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque en apariencia se podría tratar de un esfuerzo loable, lo que hay detrás de todo el proceso que desembocó en esta reunión es un intento de los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia) para destruir dicho sistema, como parte de su intento por salirse de la OEA.
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Como lo dijo ayer César Gaviria, ex presidente colombiano y ex secretario general de la OEA, en un artículo publicado en The Washington Post, “un grupo de países encabezados por Ecuador busca ‘reformar’ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. El supuesto propósito de estos cambios consiste en ‘fortalecer’ la protección a los derechos humanos. De consumarse, sin embargo, estas reformas debilitarán seriamente a la Comisión y facilitarán la tarea a aquellos gobiernos que violan los derechos fundamentales y limitan la libertad de expresión”.
Como alguien vinculado al Sistema Interamericano, desde que mi padre logró la firma de México de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José a principios de los ochenta, o cuando como secretario de Relaciones coadyuvé a la liberación de tres presos en México (el general Francisco Gallardo y los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel), utilizando la amenaza de una condena al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como fallido candidato independiente a la Presidencia, cuando logré en 2008 la primera condena en la historia al Estado mexicano por violar la convención, creo que lo que está en juego el viernes es de enorme importancia para México y América Latina. La Comisión, la Corte y la Relatoría Especial son obviamente instituciones deficientes, mal financiadas y que en ocasiones cometen errores. Pero son nuestros mejores instrumentos al día de hoy para defendernos de los excesos de gobiernos de izquierda o de derecha que a lo largo de varios decenios han violado los derechos humanos en Latinoamérica.
El problema encierra varias aristas. El ALBA cuenta con cierto apoyo de Argentina y de El Salvador, y por razones muy distintas, de Brasil: todos consideran a la CIDH y a la Relatoría antagónicas a sus causas. Venezuela ya denunció el Pacto de San José y se ha retirado de la Comisión, y no acepta los fallos de la Corte. Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo en una entrevista a la agencia EFE que considera la CIDH es “otra base militar” para “tratar de juzgar a los países” y que “la derecha procapitalista y proimperialista usa a la CIDH […] para defender y no condenar a presidentes y gobiernos que están masacrando al pueblo boliviano […] Después de conocer y seguir conociendo esas instituciones [es] mejor retirarnos…”. Brasil le ha hecho el caldo gordo a los del ALBA por un diferendo con la CIDH a propósito del megaproyecto hidroeléctrico de Belo Monte en el Amazonas. Países como México, Chile, Perú y Colombia han tratado de frenar a los del ALBA, pero no siempre con la firmeza deseable. Sólo Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay defienden al sistema tal y como está.
La propia CIDH, encabezada por un mexicano, Jesús Orozco, y cuyo secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, también es mexicano, ha hecho una muy buena labor de autosalvación al elaborar un informe sobre una serie de reformas al reglamento de la CIDH, tomando en cuenta algunas de las objeciones de países como Brasil, por ejemplo. Este informe será presentado ante los cancilleres el viernes. Reviste una enorme importancia para las democracias de la región que países como el nuestro no se doblen, dobleguen, o si quiera duden del informe y cedan ante el ALBA. Lo único que procede en Washington el viernes es aprobar dicho informe, cerrar el proceso de reformas del Sistema Interamericano y mandar al diablo al ALBA.
www.jorgecastaneda.org; [email protected]
Fuente:reforma.com
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