FRANCISCO JAVIER GUERRERO A.*
El porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en el país aún no es proporcional al que representan de la población total.
El reconocimiento de los derechos del género femenino es un trabajo constante y conjunto de ambos géneros. Cuando se otorgó la calidad de ciudadanos a hombres y mujeres, hace 60 años, se cumplía una promesa e iniciaba otra, la lucha por el ejercicio pleno de los derechos de participación de las mujeres en el país. Éste es el reto de los próximos seis años, por ello considero que debe incluirse dentro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El universo femenino nacional no demanda menos, si consideramos que el padrón electoral está constituido por 51.77% de mujeres, el porcentaje de éstas en cargos de elección popular en el país aún no es proporcional al que representan de la población total.
Hoy, en la Cámara de Diputados hay 185 mujeres (37%) y en la de Senadores 42 (32.81%).
A partir de las recomendaciones específicas del comité de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a finales del año 2012 tenemos, desde mi punto de vista, una ruta clara para poder plasmar los objetivos específicos en el Plan Nacional de Desarrollo. Al Comité le preocupan las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, y el hecho de que ese sistema de cuotas (60-40) no se haya incorporado aún en la legislación electoral de todos los estados.
La meta es clara en este sentido, lograr que para 2018 por lo menos la representación 60-40 en los congresos locales sea una realidad nacional.
En nuestro país sólo algunos estados han alcanzado la meta mínima de 30% en la integración de sus congresos: Oaxaca con 35.7% de mujeres en su Congreso; Chiapas, 40% en 2012; Zacatecas, 30%, y Baja California Sur, 33.3%, dos que estaban en este grupo después de las elecciones de 2012 dejaron de estar, Campeche y Morelos, ahora tienen 25.7 y 23.3%, respectivamente, es decir, la tendencia no es alentadora.
En este aspecto considero que las acciones específicas del Estado a realizar en el marco del PND en estos seis años deben promover la homologación de las disposiciones normativas relacionadas con cuotas en las legislaturas locales, las sanciones correspondientes al incumplimiento de los partidos políticos, con el no registro de candidaturas y abrogar las disposiciones que generan margen de interpretación negativa para las cuotas. Tomar como referencia nacional la sentencia de la Sala Superior SUP-JDC/12624/2011.
La inclusión de las mujeres en la política no sólo debe ser entendida como un requisito de la democracia en términos numéricos, sino que la participación plena de las mujeres es indispensable para atender sus necesidades específicas, hacer visibles las diferencias entre mujeres y hombres, y que esto permita tomar políticas permanentes de mejora de las condiciones de las mismas.
Tenemos en este aspecto los retos muy claros y estoy seguro de que tenemos también la voluntad y capacidad, hombres y mujeres, para lograrlo juntos.
*Consejero electoral del IFE
Fuente:excelsior.com.mx
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