LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
El Pacto por México es un instrumento de índole política creado por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) que busca superar la parálisis legislativa en el Congreso a fin de promover diferentes reformas estructurales, diferidas en los últimos tres sexenios, que son vitales, no sólo para promover el crecimiento económico del país, sino para establecer bases para un avance permanente y creciente en el largo plazo.
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La firma del Pacto por las dirigencias del PRI, PAN y PRD al inicio de diciembre pasado, creó una imagen de conciliación de EPN. En la práctica, en el Congreso ya se aprobaron varias reformas trascendentales, entre otras, la educativa y la de telecomunicaciones, aunque faltan crear los reglamentos y otras leyes secundarias para hacerlas operativas. Se estima que no habrá oposición para que este año se aprueben las reformas financiera, energética, fiscal, de transparencia, de acceso a la información y contra la corrupción, principalmente; sin embargo, se advierten grietas en el entorno de conciliación que se ha registrado respecto al Pacto en virtud de que diferentes grupos dentro del Pan y el PRD han acusado a sus dirigencias respectivas de entreguismo al gobierno de EPN; la disolución del Pacto representaría una forma de fortalecer liderazgos en la lucha de poder que se manifiesta internamente en los partidos.
En este contexto, ante el evidente manejo electoral que la Sedesol y el gobierno de Veracruz han dado a varios programas sociales, ante la proximidad de los comicios en esa entidad, el PAN amenazó desligarse del Pacto. El uso electoral de programas sociales ha sido una práctica tradicional del PRI y también ya forma parte de la cultura política del PAN y el PRD; ante las acusaciones del PAN, secundadas por el PRD, la Secretaría de Gobernación y los partidos acordaron “blindar” el gasto social para evitar se empleé con propósitos electorales. No obstante los partidos insisten en que se precisa se sancione, de acuerdo a la denuncia que hizo al respecto el PAN, a las personas que violaron las leyes electorales en Veracruz, además ha demandado que los delegados de la Sedesol en los estados – la mayoría militantes Priistas – sean evaluados por un consejo ciudadano para determinar si son o no aptos para desempeñar el cargo sin fines partidistas. Finalmente, el Pacto tendrá una vigencia limitada en el tiempo: mientras se aprueban las reformas estructurales; posteriormente, es previsible que se reanuden los debates improductivos en el Congreso, en los que como el pasado, predominarán los intereses partidistas sobre los de México.
El Pacto por México ha creado un ambiente de concertación entre los legisladores de los diferentes partidos, sin embargo, es claro que queda un largo trecho para que las reformas puedan dar frutos; el paso del discurso de las reformas a la realidad significa superar un sinnúmero de obstáculos económicos, políticos y sociales de gran magnitud. Así por ejemplo, la aprobación de la reforma educativa, ha originado una reacción extremadamente violenta de disidentes del magisterio en varios estados de la República, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, principalmente, en donde los supuestos maestros desde hace varios años han suspendido clases y realizado plantones y manifestaciones que se han extendido a la capital del país.
Los actos vandálicos de los disidentes en Guerrero han causado enormes daños materiales y han emplazado a la disolución de los poderes en el Estado. La toma de la Rectoría de la UNAM en la Ciudad de México por estudiantes, parece estar asociada a las acciones de la disidencia magisterial. Las autoridades en los Estados y las Federales han buscado el diálogo con los líderes de los alborotadores sin resultados; es obvio que llegó el momento de que el Estado utilice la facultad legal que tiene para utilizar la fuerza pública.
Los revoltosos, alentados por obscuros intereses políticos y financiados por estos, están cobrando fuerza, favoreciendo una imagen de debilidad de EPN, que no es conveniente para el desarrollo del país. El diálogo está agotado, hay que actuar con contundencia, sin violar los derechos humanos de la gente, para restablecer el orden y el Estado de Derecho.
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