Pacto o reforma

EZRA SHABOT

La propuesta planteada por el PAN, en el sentido de llevar a cabo una reforma política que, entre otras cosas, convierta al IFE en una instancia aglutinadora de los institutos estatales electorales, es una medida hecha con la intención de reducir sustancialmente el poder de los gobernadores sobre las elecciones locales, donde en la mayoría de los casos, éstos actúan con toda impunidad, sin que los árbitros tengan la posibilidad de actuar con independencia e imparcialidad. De igual manera, la iniciativa expuesta por senadores panistas y perredistas, aunque no habla de un solo instituto nacional electoral, también pretende otorgarle un poder enorme al IFE para sancionar a los propios árbitros, a partidos y a los políticos en general.

Se trata de dos visiones que no son excluyentes en su contenido, aunque sí reflejan las divisiones internas dentro de la oposición en relación al funcionamiento del Pacto por México, y a la forma de conectar a éste con el trabajo legislativo. En el PAN, las denuncias de su líder en el senado Ernesto Cordero, en el sentido de que el Pacto es una “negociación en lo oscurito”, responde a la desconexión existente entre él y Gustavo Madero, en una demostración fehaciente de que calderonistas y no calderonistas actúan separadamente sin obedecer a una misma lógica partidaria.

Algo similar, pero menos grave ocurre en el PRD, en donde ante la falta de comunicación entre Zambrano y el senador Barbosa, este último se la jugó por la libre, lo que provocó la inmediata reacción del presidente perredista quien inmediatamente se reunió con el senador para establecer mecanismos de transparencia y así conocer de primera mano lo que sucede al interior del consejo rector del Pacto por México. De hecho estos dos poderes, el del Pacto y el del Congreso, comienzan a sufrir desencuentros producidos por la duplicidad de funciones que ambas instancias realizan, y en donde los intereses de sus participantes chocan constantemente.

De hecho la iniciativa de reforma política presentada por Barbosa, Camacho, Cordero y Gil, es mucho más amplia que la del PAN, y sus ejes abarcan tanto lo electoral como lo estrictamente político, en un intento por mostrar la necesidad de un nuevo acuerdo nacional que le dé institucionalidad a un Pacto por México el cual estaría destinado a desaparecer en unos cuantos meses.

El problema es que mientras los actores del Pacto están convencidos en sacar las reformas energética y hacendaria, para luego proceder con la discusión de lo político —al grado de crear una Comisión Plural para la Competencia Electoral para evitar que los gobernadores les echen a perder lo alcanzado, por sus apetitos electorales— los congresistas insisten en recuperar su papel protagónico como los verdaderos arquitectos del acuerdo político. No sólo es asunto de egos personales; esto se agudiza a partir de la disputa entre un poder institucional llamado Congreso y uno temporal denominado Pacto.

Los argumentos de los congresistas suenan razonables: un acuerdo institucional es superior en eficacia y operatividad a uno temporal como el Pacto. La complicación surge a partir del hecho de que cuando los legisladores han actuado sin contar con un poder central que los unifique, las reformas han quedado truncas o han fracasado. El temor de la oposición es la posibilidad de que una vez aprobada la reforma hacendaria y la energética, la reforma política de gran calado sea bloqueada por un PRI, quien la considera una amenaza para su permanencia en el poder.

El proceso de aprobación de una reforma política podría retardar a las dos restantes, fundamentales para Peña, pero también para el desarrollo integral del país. Pacto o reforma, es la encrucijada que tendrá que resolver la clase política en próximos meses.

Fuente: El Universal