Calladamente, Hamás ha vuelto a poner a prueba el límite de los residentes de la franja de Gaza. Un grupo de parlamentarios afiliados a ese movimiento propuso a principios de mes en el Consejo Legislativo un nuevo código penal, conforme a la sharia o ley islámica. Las partes cruciales: se propone instaurar el castigo islámico, con la amputación de la mano derecha por robo y la flagelación por ofensas sexuales, y se exime de represalias a aquellos que cometan un crimen si este sirve para defender la imposición de la propia sharia. Sería un paso decisivo en la islamización de la Franja, que no le ha pasado desapercibido a aquellos gazatíes seculares y moderados que aun tienen fe en que una reconciliación con la clase política que gobierna Cisjordania ponga fin a esas incursiones en los extremos.
En los descascarillados edificios de la ciudad de Gaza se observan estos días numerosas banderas amarillas de Al Fatah, el partido secular de Mahmud Abbas, que fue expulsado de la Franja en una guerra civil hace seis años. Él gobierna ahora Cisjordania, mientras Gaza queda bajo control de Hamás. Las recientes encuestas efectuadas en la Franja mantienen que Abbas y Al Fatah ganarían terreno en las elecciones, en detrimento del grupo islamista. Semanalmente, un grupo de gazatíes se manifiesta ante el parlamento a favor de la reunificación palestina. “Hamás está tratando a Gaza como si fuera su feudo, y propone leyes que afectan de forma negativa a las mujeres y aquellos que no creen en su forma de ver la vida”, decía en una de esas concentraciones, el martes, Tahrir Al Haj, de 45 años.
A Al Haj, miembro del Consejo Revolucionario de Al Fatah, Hamás le prohibe viajar, ya sea a Cisjordania o a Egipto. Cubría su cabello con el velo, pero cree que eso es algo que debe dictar la propia conciencia, no el Gobierno. Junto a ella, el periodista Fathi Tobail, de 59 años, se veía privado de cubrir la manifestación. Trabajaba para Wafa, la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, prohibida en Gaza. En noviembre le arrestaron. “Hamás vino y me detuvo. Me acusaron de conspirar con las autoridades de Ramala. Ocuparon mi oficina, la destrozaron. Ahora no puedo trabajar, por simpatizar con Al Fatah. A aquellos que piensan como yo nos arrestan y nos interrogan, pero nunca nos envían a juicio. ¿De qué nos iban a juzgar?”, dice.
Aquellos que, como Al Haj y Tobaiul, no simpatizan con Hamás, detectan estos días un patrón en el comportamiento político de ese grupo islámico: cuando quiere un cambio, presenta una reforma, por vía legislativa o ejecutiva, o en las calles, a través de la policía. Si no hay quejas, la medida se deja en pie. Si hay indignación, se pone entre paréntesis, hasta que sea hora de retomarla. Así sucedió con las patrullas de policía que en abril detuvieron y raparon a una docena de jóvenes a los que acusaban de lucir peinados inmodestos. O cuando se intentó prohibir que las mujeres fumaran pipa de agua, algo que siguen haciendo. Y así ha ocurrido ahora con el Código Penal.
“Nos hemos reunido recientemente con representantes de Hamás para hablar del asunto”, asegura Khalil Abu Shammala, director de la organización de derechos humanos Al Dameer. “Les dijimos muy claro que lo que Hamás está haciendo con las leyes no es correcto, que no tienen facultad para emitir leyes, porque debería haber habido elecciones legislativas hace tiempo y no las ha habido. Operando en un vacío legal, no sólo tratan de islamizar la sociedad. La están hamasizando, quieren convertir Gaza en Hamastán”. En el proyecto de ley en cuestión, del que este diario ha obtenido una copia, Hamás penaría por ejemplo la sodomía con “100 latigazos y la posibilidad de encarcelamiento de hasta cinco años”. Para los que reincidan en dos ocasiones, contempla “pena de muerte o cadena perpetua”.
“El Consejo Legislativo de Palestina no tiene intención de hacer avanzar esa ley. Fue en realidad uno de los miembros del parlamento quien la sugirió, hubo un debate al respecto y la mayoría la rechazó”, replica Taher Al Nounou, portavoz del Gobierno palestino de Gaza, afiliado a Hamás. “En el Gobierno creemos que la sociedad está bien como está. No necesitamos más islamización. El islam es algo que se mantiene con la ética y los hábitos, y la gente aquí ya lo cumple. No necesitamos nada más, no buscamos el fundamentalismo”, añade.
No todos los problemas que separan a Hamás del secular Al Fatah son de índole moral o atañen al islamismo. Seis años de divisiones son muchos. En las cárceles de Gaza hay 12 personas afiliadas a Al Fatah, condenadas por crímenes durante la guerra civil que enfrentó a ambas facciones entre 2006 y 2007. Hamás acusa a Al Fatah de haber cerrado en Cisjordania hasta 300 organizaciones caritativas, de corte islámico, relacionadas con Hamás. En un acuerdo marco, suscrito en El Cairo en 2011, ambas partes se comprometieron a crear en 12 meses un gobierno interino de unidad, previo a la convocatoria de elecciones. Han pasado 25.
En abril dimitió el primer ministro de la Autoridad Palestina, el tecnócrata Salam Fayad, a quien Hamás nunca reconoció, y a quien sus oficiales detestan. (Al Nounou, el portavoz del Gobierno de Hamás, le tachó en varias ocasiones durante la entrevista con este diario de corrupto.) Ambas partes mantienen que este puede ser, dadas las circunstancias, el momento de avanzar hacia ese Gobierno de unidad nacional, que dicen desear. Hace una semana se reunieron de nuevo en El Cairo, y acordaron tener listo un nuevo Ejecutivo interino en tres meses. Ese era, sin embargo, un plazo aceptado en Egipto, y los tiempos políticos, en los relojes de Gaza, avanzan con un ritmo muy diferente, impermeable a decisiones en el extranjero.
Fuente: El País
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