ANDRÉS OPPENHEIMER
El contrato de Nicaragua con una empresa china para construir una vía acuática transoceánica de 40 mil millones de dólares que competirá con el Canal de Panamá puede ser, o bien el proyecto económico más importante de América Latina en mucho tiempo, o el mayor fraude gubernamental de la historia reciente de la región.
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Hay varias razones para pensar que podría ser esto último. La gran pregunta, sin embargo, es por qué varias respetables empresas consultoras de Estados Unidos —entre ellas McKinsey, McLarty Associates y el ex directivo del grupo contra la corrupción Transparencia Internacional, Ronald MacLean Abaroa— se han prestado a trabajar para este proyecto si resulta tan turbio como parece a primera vista.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó el contrato con el empresario chino de 41 años Wang Jing a principios de este mes sin ninguna licitación pública, y pese al hecho de que la empresa de Wang no tiene experiencia en la construcción de canales.
Lo que es más, Wang ha llegado a Nicaragua de la mano del hijo de Ortega, Laureano, de 27 años, suscitando sospechas de que la familia Ortega podría tener alguna participación secreta en el acuerdo. Laureano Ortega trabaja para la agencia de promoción de inversiones del gobierno nicaragüense, Pro-Nicaragua.
El acuerdo, que fue aprobado por el congreso nicaragüense —controlado por Ortega— en menos de 48 horas, otorga a la compañía de Wang, Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKND), una concesión de 50 años para construir el canal, con la opción de manejarlo durante otros 50 años.
Los críticos dicen que se trata de una monumental cesión de soberanía nicaragüense, y que Wang prácticamente será dueño del país.
“Este es el mayor escándalo de la historia reciente”, dice Carlos Fernando Chamorro, editor de la revista nicaragüense Confidencial. “Mientras que en Panamá se llamó a una licitación pública para la ampliación del Canal de Panamá, y sometió el tema a un referéndum nacional, aquí se eligió el ganador a dedo, y aprobó la ley en un día y medio”.
El gobierno de China dice no tener nada que ver con el proyecto, y los funcionarios estadounidenses dicen no saber mucho del mismo. “Hasta ahora, no ha sido transparente”, me dijo Roberta Jacobson, la encargada de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado.
Pero los consultores estadounidenses que trabajan para HKND aseguran que han investigado los antecedentes de Wang y que no hubieran puesto en juego su reputación si el empresario y el proyecto no fueran legítimos, ni siquiera por los $45 millones que, según fuentes de la industria, Wang deberá pagar a las empresas consultoras por los estudios de factibilidad del canal.
Los asesores de HKND alegan que no hubo licitación pública porque la ley de recursos naturales de Nicaragua no lo requiere.
Stephen C. Donehoo, socio de McLarty Associates —la firma consultora de Washington D.C. encabezada por el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Bill Clinton, Mack McLarty—, me dijo que “antes de aceptar este contrato de asesoría, hicimos nuestros estudios para asegurarnos de que podíamos estar convencidos de que Wang no es un testaferro del gobierno chino, y determinamos que no lo es”.
Fuente: El Nuevo Herald
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