EZRA SHABOT
El concepto de lo privado frente a lo público ha tenido una connotación negativa en el contexto de las responsabilidades del Estado frente a la nación en su conjunto. Lo público es aquello que atañe a todos, y no hace diferenciación alguna entre los miembros de la sociedad en el momento de establecer normas, beneficios y obligaciones que se imponen desde la esfera del Estado. Por el contrario, lo privado es aquello que sólo privilegia a un determinado sector, y cuyo interés se ubica en satisfacer necesidades de todo tipo para segmentos específicos de la sociedad. En este sentido el interés público y el privado chocan constantemente por su contradictoria estructura de necesidades y demandas.
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La predominancia absoluta de lo público sobre lo privado llevó a la creación de Estados totalitarios de distinto signo, pero todos unidos bajo el denominador común de la negación de la legitimidad de lo privado en todo momento y espacio. En el régimen de la Revolución Mexicana, con características claramente corporativas, la tolerancia a lo privado estuvo ligada directamente a la subordinación de éste a los intereses de una clase política dueña del derecho a decidir qué representaba lo público, y qué dentro de lo privado no era compatible con el concepto de Estado revolucionario.
De esta forma, los intereses privados fueron excluidos de los negocios del gobierno incluido el del monopolio petrolero, al igual que de toda propuesta ciudadana o política ajena a las decisiones del monarca sexenal en turno. La democratización del país le proporcionó elementos de legitimidad al discurso de lo privado, desde lo estrictamente ciudadano, hasta lo representativo de sectores empresariales, obreros y de clase media que estaban excluidos en la definición de lo público como aquello que beneficia a todos.
Por supuesto que los intereses de ciudadanos y empresas de distinto tipo chocan entre sí y se requiere la presencia del Estado para conciliar y definir lo público como un conjunto de medidas en donde nadie gana todo, ni nadie pierde todo, en el marco de un régimen democrático que garantiza la estabilidad y la seguridad para el conjunto de los ciudadanos. El problema se genera cuando un espacio eminentemente público como la explotación del petróleo y otros energéticos, requiere indispensablemente de recursos provenientes del mundo de lo privado para poder ser eficiente y crecer sin estar atado a la expoliación de un gobierno que no posee ingresos suficientes para funcionar.
Y es aquí donde el concepto de privatizar entra en debate por ser considerado por algunos sectores de la izquierda como incompatible con el del interés público. Sin embargo, la gran contradicción de este planteamiento es que el petróleo como bien público no ha servido como palanca del crecimiento, sino más bien como un apoyo indispensable para cubrir el déficit fiscal en un país en el que no se cobran impuestos en estándares adecuados a los de países con economías similares a la nuestra. El derroche en este sentido no puede continuar y por ello la urgencia de una reforma fiscal previa a cualquier modificación que abra las puertas al capital privado en la industria energética del país.
Al tratar de hacer compatible la presencia de capitales privados en Pemex, junto con el mantenimiento del control gerencial de la empresa por parte del gobierno, se pretende romper con la dicotomía público-privado, para reconstruirla a partir de un modelo productivo, en donde el negocio de los privados no sea contrario al negocio público, sino complementario en una estrategia de ganar-ganar. La idea de que el interés privado no sea un enemigo mortal de las políticas públicas del gobierno, permitirá romper con mitos y prejuicios del pasado que sólo dañaron y obstaculizaron el desarrollo integral del país durante décadas. Seguir satanizando el mundo de lo privado, sólo impide incorporar a sectores de la sociedad a los beneficios del crecimiento económico.
Twitter:@ezshabot
Analista político
Fuente:eluniversalmas.com.mx
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