SAMUEL SCHMIDT PARA ENLACE JUDÍO
El crimen organizado intervino activamente en la elección para gobernador en Michoacán al grado que Calderón y su hermana se molestaron por la derrota. ¿Por qué será que muchos criminales no quieren a los panistas? Algunos dirían que les están pasando la cuenta por la guerra y los muertos de Calderón; otros dirán que al llegar al poder perturbaron el orden y aumentaron la corrupción mellando los recursos para los criminales; otros más dirán que están controlados por los priistas. Estas son algunas de las hipótesis, puede ser que algunas sean verdad, que todas lo sean, o que ninguna lo sea.
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De lo que no queda duda, es que con frecuencia encontramos denuncias de que el crimen organizado interviene en las elecciones, la más reciente es la acusación del procurador de Aguascalientes contra el candidato del PAN a la alcaldía. Un testigo protegido –de nuevo un malandro se vuelve acusador legítimo sin necesidad de refrendar las acusaciones- acusa al hermano del candidato a gobernador de Baja California de nexos con un cartel y el testimonio se hace público a unos días de la elección. Puras casualidades mexicanas.
Ya he dicho que, no obstante que estas acusaciones son muy serias, como por ejemplo la denuncia poderosa de Anabel Hernández en Los señores del narco, no hay causa penal alguna porque las acusaciones se hacen en los medios, pero lo más grave es que hasta las autoridades judiciales litigan en los medios. Vale preguntar ¿dónde está la Procuraduría General de Justicia, y dentro de ella la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE)? Si un candidato recibe donativos del crimen organizado se está cometiendo un delito electoral, por parte del que recibe y del que da, pero también hay un delito fiscal. Pero de manera conspicua no mueven un dedo. ¿Será causal de anulación de una elección si fondos de campaña tienen origen criminal y además no se reportan? Serían dos delitos graves.
Por otra parte se está haciendo cada vez más frecuente leer sobre ataques, secuestros y asesinatos a políticos.
Recientemente fue asesinado el candidato suplente de regidor de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Dimas, Durango, en Sinaloa mataron a un candidato de la alianza PAN, PRD, PT, y también al hijo de un coordinador de campaña. En Oaxaca asesinaron al presidente del Consejo Estatal del PRD, y a la candidata a diputada local, Rosalía Palma. En Chihuahua secuestraron y asesinaron al candidato a la alcaldía de Guadalupe y Calvo por el PRI. Hirieron al candidato del PRI a presidente municipal de Tantoyuca, Veracruz. En Coahuila secuestraron al candidato a regidor de Torreón.
La explicación típica lleva a victimizar a la víctima y nos hace pensar que algo habían hecho de malo, si no, porque alguien habría de pensar en matarlos, pero también podemos pensar que alguien trataba de hacer mal, en primer lugar a los agredidos y después a la política, generándose varios efectos: hay políticos que frente a los actos de violencia se retiran de la contienda, lo que le abre el camino a sus contrincantes, pero también a los asesinos, que de tratarse del crimen organizado podemos pensar que podrá subir alguien apoyado por ellos; implica que estaremos perdiendo a buenos políticos y que personajes obscuros se están apoderando de las instancias de representación. De ser cierta esta segunda explicación nos encaminamos directo a un narco estado, del que saldremos con mucha dificultad.
Como no estamos ante hechos aislados, sino que la recurrencia de estos eventos sugiere la existencia de un fenómeno, podemos concluir que la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Cada vez los políticos se verán más expuestos a hechos violentos contra ellos, los podrán secuestrar, asesinar y horror de horrores, los podrán extorsionar y presionar para que actúen a favor de intereses obscuros, cosa que hoy muchos políticos, a los intereses más obscuros que llegan, es a los suyos propios, porque finalmente de eso se trata la corrupción.
Vistas así las cosas, me parece que hicieron bien los senadores panistas en darse un bono de 430,000 pesos, poco importa si con esa cantidad para 34 senadores se pudo haber pagado 231,608 días de salario mínimo, o haberse creado 11,580 empleos por un mes, o haber comprado 1,049,276 kilos de tortillas. 34 senadores pudieron haber apoyado decisivamente la lucha contra el hambre o haber reducido la tasa de desempleo, pero aceptemos que la política es una actividad preponderante para el país y al volverse de alto riesgo más vale que se proteja a los legisladores, son tan buenos, eficientes y sensibles con la sociedad, como lo demuestra el debate de alto nivel de estos panistas tan preocupados por su auto-protección.
