MARÍA VERZA
La importancia de estas votaciones, las primeras desde que el PRI regresó a la presidencia de México de mano de Enrique Peña Nieto, va más allá de la elección de más de 1.300 alcaldes, diputados locales y un gobernador (el de Baja California) en 14 estados del país.
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Para los ciudadanos es un nuevo pulso ante el crimen organizado, que intentó influir en todo el proceso para controlar a las autoridades locales y garantizar así su operatividad (lo reconocieron incluso miembros del Instituto Federal Electoral). Para los partidos políticos es la prueba de fuego de si el Pacto por México, el acuerdo de estado liderado por el presidente Enrique Peña Nieto para llevar a cabo reformas estructurales, puede sobrevivir a una contienda electoral marcada por la violencia, los asesinatos, las intimidaciones y la guerra sucia.
El futuro del PAN
El derechista Partido de Acción Nacional, que estuvo en el poder dos sexenios (de 2000 a 2012) y sufrió una tremenda derrota el año pasado en las elecciones presidenciales al quedar en tercer lugar, se juega mucho en Baja California, un estado que gobierna desde hace 24 años y que ahora pretende conservar con el apoyo del izquierdista PRD.
Un eventual regreso del PRI a este estado emblemático (fue ahí donde en 1989 perdió por primera vez una gubernatura tras 60 años de hegemonía) supondría la recuperación total del poder priísta tras la victoria de Peña Nieto el año pasado y, por tanto, un descalabro para el PAN, que lleva años perdiendo terreno político y hoy sufre muchas divisiones internas. El principal afectado sería su líder, Gustavo Madero.
El pacto de Estado
Al día siguiente de su toma de posesión, el presidente Peña Nieto firmó el Pacto por México, un acuerdo con los partidos de oposición para llevar a cabo las reformas estructurales pendientes en el país. En estos siete meses de gobierno, ya se logró sacar adelante la reforma educativa y de las telecomunicaciones pero quedan pendientes dos de las más importantes la energética (Pemex) y la fiscal.
La guerra sucia, las irregularidades y la violencia de esta campaña electoral han tensado el clima de diálogo (la mayoría de las denuncias proceden del PAN y el PRD pero el PRI también ha sufrido ataques y el asesinato de un alcalde). Si los priístas arrasan y el gobierno federal no hace caso de las exigencias de la oposición de investigar las denuncias por los asesinatos, los ataques y las intimidaciones ocurridos en las últimas semanas, el consenso para seguir trabajando en las reformas puede romperse.
Además, tanto el líder panista, Gustavo Madero, como el perredista, Jesús Zambrano, ya muy criticados por sus concesiones al PRI en el seno del Pacto, quedarían muy debilitados dentro de sus partidos, cada vez más divididos.
Así las cosas, paradójicamente, una victoria del PRI en Baja California podría perjudicar los intereses del principal priísta de la República, el presidente Peña Nieto.
El control del narco
El actor no invitado y presente en estas votaciones es el ‘narco’, como ha reconocido hasta el miembro del Instituto Federal Electoral Benito Nacif. “Hay más interés del crimen organizado en controlar los gobiernos municipales. Un presidente municipal tiene seguridad pública, están involucrados en el mantenimiento del orden interno ”.
Por eso el obispo de Saltillo (Coahuila), Raúl Vera, al emitir su voto, instó por votar a los que «no roben y no estén involucrados con la delincuencia organizada». Otros actores, como el movimiento juvenil ‘#yosoy132’ abogan por una abstención masiva.
Según el investigador de la universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, poniendo a las autoridades locales de su conveniencia en áreas como la seguridad local o los transportes, los cárteles se garantizan poder operar con libertad en sus territorios. Y si cuentan con el aval del alcalde pueden acceder, además, a licitaciones y lavar dinero criminal a través de empresas legales. Los últimos datos de este experto arrojan una preocupante cifra: que el 80% de los municipios del país están infiltrados por el narco.
Miles de policías y, en algunos estados también el ejército, intentaron garantizar la tranquilidad pero, como recordaba el columnista René Delgado en el diario ‘Reforma’, el mayor problema es antes de las votaciones porque la delincuencia organizada seleccionó “a quienes pueden concursar” a través de las intimidaciones y el crimen. Un ejemplo es que el PAN, como reconoció su líder, no pudiera presentar candidatos en todas partes o que el presidente del PRI, César Camacho, reconociera que es imposible “tener una certeza del 100%” de que sus candidatos no estén infiltrados por el narco.
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